Nacionales
Contraloría comienza a inspeccionar al Congreso por el uso de fondos provenientes de Taiwán
La Contraloría ha comenzado a revisar el proyecto de Modernización y Reacondicionamiento de Infraestructura del Congreso, financiado con un acuerdo de cooperación con Taiwán por un monto de 11 millones de dólares. La revisión se centra en por qué las adjudicaciones se realizaron sin la supervisión de Contrataciones Públicas.
Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, aseguró que esta acción responde a una solicitud del presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez. El objetivo es aclarar por qué algunas adjudicaciones se hicieron fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Se busca transparencia en el uso de los fondos taiwaneses.
La Contraloría ha solicitado al Congreso documentación que justifique estas excepciones, incluyendo informes sobre precios referenciales y estudios de mercado. También piden detalles sobre mecanismos alternativos de control y transparencia, la identificación de responsables, y cómo se rinde cuentas a la ciudadanía.
Se ha pedido además información sobre el desglose de los 11 millones de dólares, con 3 millones destinados a la modernización de redes y 8 millones a otras obras, junto con ítems y cronogramas de ejecución.
La revisión incluye los criterios de selección de ofertas y el historial de las empresas adjudicadas. También busca verificar la calidad de los proyectos y prevenir conflictos de interés, sugiriendo auditorías externas independientes.
El contexto político está marcado por audios filtrados que sugieren un mal uso de los fondos, lo que ha resaltado la importancia de esta investigación.
Un presunto ladrón de motos falleció tras ser apuñalado en Isla Bogado, Luque, durante un supuesto intento de robo a un conductor de motobolt. El conductor se entregó a la Policía y afirmó haber actuado en defensa propia.
Un incidente violento resultó en la muerte de un joven de 21 años este domingo en Isla Bogado, Luque, después de un presunto intento de robo contra un conductor de motobolt.
Según el reporte de la Comisaría 46° Central, el suceso ocurrió alrededor de las 07:50 en las calles Fotógrafo del Chaco y Campo Vía. La persona fallecida fue Bruno Alfredo Acosta Alvarenga, residente en la misma localidad.
Se informó que Acosta habría robado el teléfono celular del conductor, identificado como Diego Daniel Junior Delgado Florenciañez, de 28 años. Este lo persiguió y, en medio de una pelea, utilizó un cuchillo para herir al joven dos veces, una de ellas en el tórax.
La situación fue capturada en imágenes de cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para la investigación.
El herido fue atendido por la Policía y llevado al Hospital General de San Lorenzo, donde falleció poco después.
El conductor se presentó voluntariamente en la Comisaría 46° de Isla Bogado y alegó defensa propia. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para las diligencias pertinentes.
Nacionales
Personas mayores de Ñeembucú exigen comprensión y ayuda genuina de las autoridades
En el contexto del Día Internacional de las Personas de Edad, representantes de asociaciones de adultos mayores de Alberdi y Pilar se reunieron para celebrar y expresar su descontento por la falta de apoyo institucional hacia este grupo.
En Ñeembucú, durante un encuentro en Alberdi para conmemorar este día, se destacaron las quejas sobre la falta de empatía de las autoridades hacia los adultos mayores.
La actividad tuvo lugar en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Alberdi, con participantes de asociaciones de Alberdi y Pilar. Según la ONU, cada 1 de octubre se celebra este día para reconocer la contribución de las personas mayores y promover su inclusión y respeto.
Aurora Bernal, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Alberdi, señaló la falta de interés de las autoridades hacia este grupo y la necesidad de asistencia básica en medicamentos y alimentos, un apoyo que brindan sin fines de lucro.
Bernal lamentó la falta de respuesta de las autoridades y la necesidad de un espacio para el esparcimiento de los mayores en Alberdi. Desde la creación de su Asociación en 2008, han buscado apoyo sin éxito.
Cristina Ozuna, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Pilar, también expresó preocupación por la falta de empatía y el respeto que merecen los mayores en instituciones y en la vida diaria.
El evento incluyó presentaciones artísticas de jóvenes de Alberdi y Pilar, terminando con un almuerzo de confraternidad y el compromiso de formar un Consejo Departamental de Adultos Mayores para defender sus derechos en Ñeembucú.
Nacionales
Investigación sobre la mafia de pagarés: nuevas acusaciones contra jueces de paz por manipular la ley
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ha ordenado iniciar nuevas acciones penales contra tres jueces de paz relacionados con el caso «mafia de los pagarés». Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, coordinados por la fiscala adjunta Soledad Machuca, están a cargo de estas investigaciones.
Los jueces involucrados son Carmen Analía Cibils Miñarro de La Encarnación, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino de La Catedral 2° Turno (ambas actualmente suspendidas por la Corte Suprema de Justicia), y el exjuez Víctor Nilo Rodríguez Acosta de La Recoleta.
Rolón tomó estas medidas debido a nuevas pruebas, como denuncias recientes de víctimas, que no pueden añadirse a los casos actuales por estar ya avanzados. Según la Fiscalía, los jueces habrían emitido resoluciones favoreciendo a demandantes a pesar de saber que la información era falsa.
Se destacan dos casos separados relacionados con el Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de Analía Cibils, acusada de prevaricato y uso de documentos falsos. En uno de ellos, la ujier Audrey Galeano informó incorrectamente sobre una notificación en Argentina realizada fuera de los procedimientos legales adecuados.
En cuanto a la jueza Garcete, se menciona su participación junto a abogados de la firma CARSA en juicios ejecutivos basados en notificaciones falsas. Asimismo, se investiga la posible manipulación en el sistema judicial para adjudicar casos al Juzgado de Paz de La Recoleta, supervisado anteriormente por Rodríguez Acosta.
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