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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, fue el principal defensor del proyecto de ley que regula el transporte terrestre y modifica la Ley N° 1590/2000 sobre el servicio de transporte público metropolitano. Este proyecto recibió críticas de pasajeros, empresarios, conductores y otros involucrados.

A pesar de que el tema podría haber generado un debate amplio, la discusión duró menos de hora y media porque la mayoría de los miembros de las comisiones pertinentes debían asistir a la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Desde el inicio, Mauricio Maluff de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) cuestionó que, aunque es una ley marco, no define claramente un plan operativo para su implementación tras la promulgación.

El presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana, César Ruiz Díaz, opinó que la reforma sería un fracaso porque repite viejos errores y culpó al gobierno del sistema actual. Criticó que, aunque se habla de adquirir nuevos buses, la tarifa actual solo permite comprar usados, lo que implicaría subir los precios.

Lorena Segovia, asesora legal de Cetrapam, se opuso a que se les quite la opción de huelga. Cetrapam también solicitó que el Consejo Asesor de Transporte tenga poder vinculante, que se definan los componentes de las tarifas y que se den ventajas competitivas superiores al 5% a empresas ya establecidas. Además, pidieron un plazo mínimo en las concesiones, actualmente hasta 15 años.

Segovia propuso incluir un fondo específico en un fideicomiso para garantizar pagos a los trabajadores ante posibles cierres empresariales.

Ramón Ávalos, secretario de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), criticó las promesas del gobierno calificándolas de «canto de sirenas», señalando que solo benefician la compra de buses y se olvidan de pasajeros y trabajadores.

Emiliano Fernández respondió a Maluff diciendo que el artículo 111 ya menciona un «Plan de implementación de la ley» y prometió presentar un plan formal más adelante. Sobre la financiación, dijo que se establecerá un «fondo fiduciario».

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No se especificaron tarifas, pero Fernández mencionó que se priorizará una «tarifa técnica» para atraer a inversores, lo que preocupa porque no se centra en el usuario.

Fernández rechazó que el Consejo Asesor de Transporte tenga poder vinculante, argumentando la importancia de mantener su independencia para evitar conflictos de interés en licitaciones. También defendió que, pese a no prohibir huelgas, el transporte debe considerarse un servicio esencial, garantizando un servicio mínimo. Por último, el diputado Raúl Benítez propuso que la Dirección Nacional de Transporte sea absorbida por el Viceministerio para evitar divisiones.

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El proyecto de ley de «protección de datos personales» es el tema más significativo de los 21 puntos que los Diputados abordarían en su sesión ordinaria de hoy. La mayoría cartista podría ratificar su versión (considerada la más perjudicial), lo que pondría en riesgo la transparencia pública.

Después de varias postergaciones desde el 19 de agosto por falta de quórum, este proyecto vuelve al debate hoy a las 09:00. El riesgo es la posible «sentencia de muerte» para las leyes de transparencia de la información pública.

El artículo 24 del proyecto, modificado por los cartistas, va en contra de las leyes de transparencia, permitiendo que cualquier funcionario se niegue a proporcionar datos públicos sobre sí mismo. Esto afecta directamente la Ley Nº 5189/14 sobre el uso de recursos públicos y la Ley Nº 5282 de acceso ciudadano a la información. En consecuencia, un funcionario podría bloquear el acceso a datos públicos, y sólo cabría apelación judicial.

Aunque el Senado también permite a los funcionarios negar el acceso a datos, su versión mantiene la Ley Nº 5189/14, que obliga a las instituciones a publicar mensualmente información básica como nóminas y detalles de viajes.

Dos leyes se cruzan aquí: la Ley Nº 5189/14 y la Ley Nº 5282. Hay un riesgo de limitar el acceso a información sobre gastos públicos, nóminas y viajes financiados por el Estado. La Ley Nº 5189/14 proporciona acceso a datos clave sobre funcionarios y el uso de recursos públicos. La Ley Nº 5282 permite a cualquier persona acceder a información pública gratuitamente, con consecuencias para quien la oculte o altere.

Las similitudes entre ambas versiones incluyen el poder de un funcionario de oponerse a la divulgación de información. Sin embargo, la versión del Senado admite excepciones a favor del ciudadano si el daño superaría el beneficio público, y no se puede negar acceso a datos ya públicos.

Por otro lado, un presidente o legislador podría negarse a divulgar información sensible como participación en casos controvertidos, lo que afecta el derecho constitucional de acceso a la información pública.

En esta etapa del proceso legislativo, los Diputados deberán decidir entre su versión y la del Senado. La ratificación requerirá una mayoría absoluta de 41 votos. Si no logran esta mayoría, se aprobaría la versión del Senado.

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Finalmente, el presidente Santiago Peña podría vetar parcialmente el proyecto, idealmente eliminando el artículo 24, aunque su postura hacia la transparencia no ha sido favorable.

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La presidenta de la Asociación de Padres y Tutores de Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Diana Villalba, solicitó que las políticas de salud se basen en investigaciones científicas fiables. Afirmó que no hay evidencia que relacione el paracetamol con el autismo, y destacó que las causas son diversas, tanto genéticas como ambientales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas restricciones sobre el uso de paracetamol —conocido como Tylenol— en mujeres embarazadas y recién nacidos, citando una posible conexión con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta medida provocó controversia, ya que expertos médicos resaltan la falta de evidencia científica concluyente.

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Diana Villalba manifestó sorpresa y preocupación ante el anuncio, calificándolo de apresurado y sin base científica sólida. Resaltó que los diagnósticos actuales señalan causas multifactoriales, influenciadas por factores genéticos y ambientales.

Villalba advirtió que asociar el paracetamol con el autismo sin pruebas firmes puede revivir antiguos mitos y estigmas sobre las madres. Criticó la perpetuación de teorías erróneas que injustamente responsabilizan a las mujeres durante el embarazo.

La dirigente recordó el incremento en diagnósticos de autismo en Paraguay, aunque precisó que esto se debe a una mayor información y formación profesional, y no a una única causa definida.

El gobierno de EE.UU. justificó su decisión citando un aumento significativo en los casos de TEA en los últimos 20 años, pero los expertos apuntan a que este incremento también puede atribuirse a mejores métodos de detección y mayor conciencia social.

Villalba afirmó que las familias paraguayas continuarán confiando en investigaciones científicas serias y estudios internacionales completos, enfatizando la necesidad de evidencia, no especulaciones.

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