Nacionales
Asunción se detiene mientras concejales acuerdan continuar
Cinco días después de que Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-cartista) dejara su puesto como intendente de Asunción, la municipalidad permanece inactiva y la ciudad sigue en el mismo estado de deterioro en que la dejó el exalcalde. Los concejales, principalmente colorados cartistas y disidentes, están centrados casi exclusivamente en elegir a un sucesor que continúe el «modelo» de Nenecho.
Desde el lunes, varias oficinas municipales, como la Dirección General de Gabinete, han comunicado su «cierre por corte administrativo». El viernes, el interventor Carlos Pereira entregó 45 tomos de un informe final de la fiscalización al Ministerio del Interior; el domingo se cumplieron los 60 días de intervención decretados por el Poder Ejecutivo, y el lunes las dependencias cesaron de recibir documentos para trámites internos hasta que se nombre un intendente interino. Sin embargo, los servicios a los contribuyentes siguen asegurados.
Óscar «Nenecho» Rodríguez asumió como intendente en 2019 en reemplazo de Mario Ferreiro y fue reelecto en 2021 para el período hasta 2026. Ante una destitución inminente por irregularidades confirmadas en la intervención, renunció el pasado viernes. La nota de su renuncia se incluirá oficialmente en la junta municipal en la sesión ordinaria del miércoles, y se espera que Luis Bello (ANR-cartista) asuma como intendente interino.
Entretanto, la ciudad muestra una situación crítica con enormes baches y un deficiente sistema de recolección de basura, lo que genera vertederos irregulares por todas partes. La Junta Municipal, donde los ediles colorados, cartistas y disidentes tienen mayoría, se ha enfocado en reuniones para alcanzar una «unidad». Según ellos, ya cuentan con los votos necesarios para que Luis Bello complete el mandato de Rodríguez hasta diciembre de 2026. La oposición, con el Partido Liberal y Patria Querida, apoya al candidato Álvaro Grau (PPQ).
Carlos Pereira terminó el sábado su proceso de fiscalización sobre la gestión de Nenecho Rodríguez, iniciado en junio. Reveló que pudo seguir el destino de 512.000 millones de guaraníes en bonos destinados a obras, que se desviaron en un 93% a gastos corrientes, incluidos salarios. Esta intervención se llevó a cabo por solicitud de la Contraloría General de la República, que había detectado el desvío de los bonos sin poder determinar su uso exacto.
Dicho desvío privó a los contribuyentes de mejoras en infraestructura, reflejándose en la condición de deterioro de la ciudad. Por ejemplo, con los bonos G8 de 2022, por 360.000 millones de guaraníes, se debían construir ocho cuencas de desagüe pluvial, de las cuales solo iniciaron cuatro y aún están inconclusas.
Pereira declaró que Nenecho dejó la municipalidad «moral y financieramente destruida», con deudas vencidas con bancos, bonistas, y proveedores, sumando 135.000 millones de guaraníes, además de deudas con asociaciones y la Caja de Jubilados. Confirmó una plantilla de 9.119 funcionarios, cuando, según él, la institución podría funcionar con 5.000 menos.
Además del informe final ante el Ministerio del Interior, el interventor presentó cinco denuncias penales en la Fiscalía, donde hay procesos por el desvío de bonos y compras durante la pandemia. Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal. A cinco días de la presentación del informe, la Presidencia aún no lo ha remitido a la Cámara de Diputados.
Un individuo identificado como Oscar Aquino, de origen indígena, es señalado como posible autor del asesinato de la uruguaya Karina Ximena Arismendi, quien se encontraba en situación de calle.
Los restos de Karina Arismendi fueron hallados el pasado sábado en un edificio abandonado en el centro de Asunción, en la intersección de Piribebuy y Montevideo. La autopsia realizada en la Morgue Judicial reveló que la causa de su muerte fue una puñalada debajo del mentón, que comprometió las arterias principales del cuello. Además, se evidenció que la víctima recibió golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, y que hubo un intento de estrangulación. Los forenses concluyeron que probablemente falleció el jueves anterior, basándose en el estado de rigor mortis y la descomposición del cadáver.
Inicialmente, la policía detuvo a la expareja de la víctima, Matías Borche Alessandrini, por un robo no relacionado. Aunque su relación había terminado tiempo atrás, ambos seguían en contacto ya que compartían la vida en la calle. Otro hombre, Demián Martínez Noguera, conocido como «Titie» y padre del hijo reciente de Karina, también fue interrogado, pero las autoridades no encontraron pruebas que los implicaran en el asesinato.
Las cámaras de seguridad grabaron a un indígena entrando y saliendo del edificio donde ocurrió el crimen, permaneciendo allí unos 30 minutos. Este hombre fue retenido y, según declaró ante la Fiscalía, ya encontró el cuerpo sin vida cuando llegó. Sin embargo, la fiscala Daysi Sánchez ordenó su detención al considerarlo el principal sospechoso.
Oscar Aquino, quien se identifica como nativo, es considerado sospechoso del asesinato de Karina Ximena Arismendi, una ciudadana uruguaya en situación de calle.
Los restos de Karina fueron hallados el pasado sábado en un edificio abandonado en la calle Piribebuy y Montevideo, en el centro de Asunción. La autopsia reveló que murió debido a una puñalada bajo el mentón que dañó las arterias principales del cuello. Además, había sufrido golpes en el rostro y cuerpo, y hubo un intento de estrangulamiento. Se estima que falleció el jueves anterior, según indican el rigor mortis y el estado de descomposición.
Ese mismo día, la policía detuvo por robo a Matías Borche Alessandrini, expareja de Karina y primer sospechoso. Aunque habían terminado su relación, seguían en contacto al vivir ambos en la calle. Karina también tenía un hijo con Demián Martínez Noguera, alias Titie, quien fue interrogado pero no vinculado al crimen.
Las cámaras de seguridad captaron a un nativo entrando y saliendo del edificio. Este hombre fue detenido y declaró haber encontrado ya fallecida a Karina al ingresar. Sin embargo, la fiscal del caso, Daysi Sánchez, ordenó su detención al considerarlo el principal sospechoso del asesinato.
La medida cautelar firmada por el juez penal Osmar Legal se emitió en respuesta a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal por parte de la Procuración General de Argentina. Esta solicitud fue realizada por el fiscal Sebastián L. Basso en relación con la investigación del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que causó 85 muertes.
La solicitud busca congelar los bienes de Hussein Mounir Mouzannar y Abdallah Salman. Esto se aplicó por primera vez en 2023 por el juez Gustavo Amarilla, ahora en el Tribunal de Apelación. Mouzannar, con cédula paraguaya y residente en Ciudad del Este, negó su implicación en el ataque y pidió levantar las restricciones.
Mediante el Auto Interlocutorio N° 183 del 19 de mayo de 2024, a solicitud de los fiscales Federico Delfino y Francisco Cabrera, el juzgado reafirmó la prohibición de vender y gravar bienes de los mencionados ciudadanos libaneses. Esta medida afecta a las empresas Agrogado S.A., Polo Modas S.A., Agroganadera Santa Felicidad S.A., y Flor de Lis S.A., donde tienen acciones.
Recientemente, empresarios vinculados a estas firmas solicitaron levantar parcialmente las medidas, argumentando que no están relacionados con el caso y que las restricciones afectan sus operaciones.
Ellos afirman que no son dueños de todas las acciones y no fueron informados de las medidas hasta que se vieron impedidos de completar una transacción de inmuebles pertenecientes a Agrogado S.A. en 2021.
El juez Osmar Legal decidió mantener restricciones sobre Mouzannar, afectando un porcentaje específico de acciones en cada empresa. Además, ordenó que la Senabico administre dichos bienes en representación de Mouzannar y Salman junto con otros socios. Las empresas Agrogado S.A., Polo Modas y Flor de Lis están ubicadas en Paraguay y se dedican principalmente a la ganadería e inmobiliaria.
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