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La Corte Suprema de Justicia ha decidido suspender a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, junto a varios funcionarios de las dos secretarías de dicha sede judicial. Esta decisión surge a raíz de una serie de irregularidades detectadas en juicios de cobro de guaraníes, auditados en el contexto de la mafia de los pagarés.

La investigación relacionada con las denuncias de la mafia de los pagarés ahora ha alcanzado a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz. En la sesión ordinaria de hoy, la Corte Suprema de Justicia acordó suspender a la titular de esta sede judicial y a varios de sus funcionarios.

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La suspensión se llevará a cabo con salario básico, puesto que así lo decidieron por mayoría los ministros Eugenio Jiménez, Víctor Ríos, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel. Por otro lado, los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay propusieron la suspensión sin goce de sueldo para todos los implicados en las irregularidades.

Eugenio Jiménez Rolón explicó que, aunque la investigación aún no ha concluido, se han encontrado irregularidades significativas, por lo que propuso que la suspensión sea con goce de salario mínimo.

Esta medida se basa en la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría en mayo pasado, que revisó más de mil expedientes. Los antecedentes del caso han sido enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público para que tomen las medidas pertinentes.

No se mencionó el nombre de los funcionarios suspendidos, pero los casos corresponden a las secretarías a cargo de Elena Noemí Ojeda y Raúl Ernesto Jara Foth. La auditoría reveló serias irregularidades en 1,064 expedientes, violando la defensa en juicio y el Código de Ética Judicial.

Además, hay acusaciones en curso contra 67 personas, incluidos jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados. Este caso expone una red que despojaba de dinero a los demandados sin su conocimiento. Hasta el momento, unas cinco mil personas se han presentado como víctimas de esta mafia en todo el país, lo que ha generado más investigaciones que podrían llevar a nuevas acusaciones.

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Ayer comenzó la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete del ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, tras la ratificación de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a la ausencia y renuncia de los abogados, se pospuso la diligencia para su esposa y las otras dos acusadas.

El fiscal anticorrupción, Luis Piñánez, confirmó las acusaciones contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores y pidió al juez especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, que avance a juicio oral y público. Según la investigación, ni Cáceres ni su pareja, Ruth Jazmín Da Silva, pueden justificar un patrimonio de más de G. 7.700 millones entre 2013 y 2023.

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Debido a esto, Piñánez solicitó el inicio de la incautación de bienes y vehículos, obtenidos presuntamente de manera ilegal en la administración pública. Para las acusadas Ruth Da Silva, Camila Ramírez Gómez y Elvira Gómez Viuda de Ramírez, quienes ahora cuentan con la defensora pública María Fernanda Laino, se programará una nueva fecha de audiencia.

Wilfrido Cáceres declaró que las acusaciones carecen de relevancia penal y las atribuyó a una «vida financiera desorganizada», exonerando a su esposa y a las otras acusadas de cualquier responsabilidad.

La audiencia continuará este jueves, 9 de octubre, a las 8:30, con el análisis de incidentes, y el juez Estigarribia decidirá si el caso va a juicio oral y público.

La investigación, que comenzó en 2020, se centra en presuntos desvíos de recursos municipales destinados a combatir el covid-19. Los fiscales argumentan que no se puede justificar un incremento patrimonial de G. 7.764.350.575. Desde 2017 hasta 2023, la pareja habría adquirido inmuebles en San Lorenzo y Ñemby, y comenzó a pagar terrenos en Piribebuy, ocultando estos bienes del patrimonio conyugal para evitar su detección y confiscación.

Los fiscales destacan que la «bonanza» patrimonial inició en 2017 y se intensificó, incluyendo compras de vehículos y edificaciones ocultadas para eludir la vigilancia de la Contraloría.

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Dentro de la celda de Miguel Ángel Insfrán, conocido como Tío Rico, se encontraron un cargador y una funda de celular tras una revisión efectuada por el sicariato del teniente coronel Guillermo Moral. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró que en ese momento el preso estaba recibiendo atención médica y ahora se investiga al personal de salud de la prisión de máxima seguridad.

Durante la inspección en la celda de Tío Rico en la cárcel de Minga Guazú, se hallaron indicios de uso de celular, como un cargador y una funda. Este operativo se realizó después del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, quien había denunciado un intento de soborno para introducir un celular al recluso.

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Nicora comentó que inicialmente se decía que el cable hallado era para una afeitadora eléctrica, pero se confirmó que es de un iPhone, igual que la funda encontrada en su colchón.

Cuando se llevó a cabo el procedimiento, el recluso no estaba en su celda, sino en el área de sanidad por petición de su defensa debido a un sangrado interno confirmado por un consejo médico del Ministerio de Salud.

Rodrigo Nicora indicó que se entregaron imágenes de los últimos dos meses y medio para la investigación, a fin de esclarecer cómo se pudo dar la filtración.

Se mencionó que, aunque estaba en el área de salud, podría haberse presentado una brecha en el control, ya que en una celda de máxima seguridad no hay manera de enchufar el cargador debido a la estructura.

El personal de salud está siendo investigado para determinar si hubo colaboración o negligencia que permitiera el acceso de Tío Rico a objetos prohibidos en la prisión de máxima seguridad.

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