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El periodista Aníbal Gómez Caballero, corresponsal en Pedro Juan Caballero y trabajador de Radio América 94.9 FM, denunció ante la Policía y el Ministerio Público haber recibido mensajes anónimos de texto en los que él y su familia fueron amenazados de muerte. El caso fue comunicado de inmediato a la Fiscalía y se interpreta como un intento directo de silenciar su labor informativa.
En el mensaje recibido, los autores advierten a Gómez que “se calle y no hable más de bandidos y políticos” de la ciudad fronteriza, bajo amenaza de atacar a sus hijos y nietos. El texto, con expresiones homofóbicas y referencias a dirigentes locales, también menciona al empresario Juan Acosta como supuesto protector del comunicador, a quien igualmente advierten que no podrá salvarlo.
El periodista relató que no puede identificar con precisión a los responsables, aunque reconoció que en los últimos meses mantuvo enfrentamientos verbales con el diputado nacional Santiago Benítez, a raíz de críticas difundidas en sus programas radiales. Según dijo, este tipo de episodios se han vuelto frecuentes para quienes ejercen el periodismo en la región fronteriza.
La denuncia ocurre en un contexto en que organismos internacionales han alertado sobre el deterioro de la libertad de prensa en Paraguay. El más reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, correspondiente a 2024, advierte sobre retrocesos en el derecho a la libre expresión. El documento señala que durante el actual gobierno se aplicaron presiones políticas, amenazas y medidas legislativas que restringieron el debate público y la labor de comunicadores.
Otros episodios recientes incluyen las agresiones verbales del diputado Yamil Esgaib contra periodistas, las amenazas de la senadora Yamy Nal a una comunicadora por un video satírico, y las advertencias del abogado Pedro Ovelar contra medios que investigaron al expresidente Horacio Cartes. También se recuerda que el periodista Elías Cabral fue amenazado de muerte presuntamente por miembros del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC).
Un estudio del Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía revela que más del 50% de los periodistas locales recurre a la autocensura y un 35% ha reducido su actividad en redes sociales por temor a represalias. Estas cifras evidencian el nivel de hostigamiento que afecta a la profesión y el impacto directo en la cobertura informativa en varias regiones del país.