Nacionales
Intendente de San Pedro busca hipotecar la comuna al estilo de Nenecho
El intendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Carlos Quiñónez (ANR-HC), ha iniciado su campaña para la reelección y está buscando comprometer los recursos de la municipalidad. Solicita a la Junta Municipal que autorice un préstamo de G. 48.000 millones, supuestamente destinado a obras, mediante la emisión de bonos, poco después de anunciar su intención de reelegirse.
Carlos Quiñónez, quien ha sido criticado por su inacción, busca un préstamo millonario que comprometa los fondos municipales por tres años. Este procedimiento es similar al utilizado por el intervenido intendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-HC).
El 13 de agosto, presentó a la Junta Municipal, dirigida por Pascual Ocampos (ANR), una solicitud para estudiar y aprobar la emisión de títulos de deuda conforme a la ley “Orgánica Municipal” y la “De administración financiera del Estado”. El documento fue remitido a varias comisiones para su revisión y, dado que el cartismo tiene mayoría, podría ser aprobado en la próxima sesión ordinaria.
Se argumenta que el préstamo financiaría proyectos municipales, como un complejo social y deportivo en el que ya se han invertido más de G. 900 millones, pero solo se ha realizado la remoción de tierra. Se planea destinar G. 24 mil millones al complejo. Quiñónez también quiere trabajar en la plaza Mcal. Francisco Solano López, en una nueva sede para la Junta Municipal, y mejorar los caminos rurales, aunque no detalla las ubicaciones exactas de estas obras.
Hasta ahora, Quiñónez ha recibido supuestamente USD 4 millones del Tesoro y esperaba USD 3 millones adicionales del gobierno para las obras, pero debido a denuncias de irregularidades, esos fondos no han llegado. Ahora busca el préstamo como un «respiro económico» para su campaña.
El pedido es por G. 48.000 millones, a cubrir con bonos municipales en un plazo de tres años, mientras que San Pedro del Ycuamandyyú recibe anualmente G. 15.000 millones de recursos genuinos, royalties y otras compensaciones.
Carlos Quiñónez asumió en 2023 reemplazando al cartista Gustavo Rodríguez, quien renunció y está acusado de gestión deficiente. El 13 de agosto, Quiñónez presentó el documento a la Junta y lanzó su campaña en Hugua Guasu el 15 de agosto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ha convocado a una sesión extraordinaria para mañana, martes, con un único punto en la agenda: el informe final sobre la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este. La comisión especial ha recomendado en su mayoría la destitución del intendente Miguel Prieto. Se han filtrado audios que sugieren un plan para «eliminar» políticamente a Prieto.
La comisión especial que revisó el dictamen final del interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, mayoritariamente aconsejó la destitución de Miguel Prieto. Tras esta recomendación, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, anunció una sesión extraordinaria.
La reunión está programada para mañana, martes 19 de agosto, a las 10:00. También se ha mencionado que Ramón Ramírez admitió presiones «de todos los colores» y sugirió que los audios podrían haber sido manipulados. La noticia sigue en desarrollo.
La abogada Estela Velázquez Méreles, madre de Evagrio Guillermo Velázquez, un estudiante universitario de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) con discapacidad visual y autismo, denuncia que en dicha universidad existe un «proceso de exclusión obstaculizada» que afecta a su hijo, quien cursa el tercer año de Ingeniería Ambiental.
Según Velázquez Méreles, la Facultad de Ciencias Aplicadas de la UNP exige diagnósticos costosos e inadecuados para permitirle a su hijo continuar con sus estudios. Estos diagnósticos, como el ADOS-2 y el CELF-5, no solo son caros y difíciles de conseguir en Paraguay, sino que tampoco están diseñados para personas no videntes, lo que ella considera una forma de discriminación.
La abogada acusa a la universidad de tener un doble discurso, manifestando un compromiso con la Ley de Educación Inclusiva y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, mientras impone procedimientos que contradicen sus principios al crear más barreras en lugar de eliminarlas. Asimismo, ella presentó una queja formal, insistiendo en que ya tienen toda la documentación necesaria, como el certificado de discapacidad de la SENADIS y los informes médicos, para realizar los ajustes necesarios.
Velázquez también informó al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), además de llevar el caso a la Comisión del Senado sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Ella espera que intervengan ante lo que considera una violación del derecho a la educación inclusiva.
Por su parte, el decano Jorge Fornerón explicó que Evagrio, quien se encontraba cursando su tercer año en Ingeniería Ambiental, enfrenta nuevas dificultades debido al autismo. La facultad ha conformado un equipo para entender mejor la situación y mejorar las condiciones de estudio mientras buscan obtener los diagnósticos necesarios.
El senador Rafael Filizzola comentó que la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario debería intervenir tras la filtración de datos de clientes de ueno bank, ya que esto podría derivar en fraudes. Filizzola resaltó que, bajo las competencias de la Secretaría, se debe proteger al consumidor de prácticas abusivas y destacó que hay excesos, como embargos indebidos y maltratos a las personas.
El senador señaló que muchas personas están siendo acosadas por empresas de cobranza con llamadas constantes y amenazas, práctica que en otros países está regulada. También mencionó la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y la necesidad de que la Secretaría establezca reglas claras, ya que las empresas realizan llamadas múltiples y cobran por cada una.
En otro momento, al ser consultado sobre la intervención de la Secretaría tras la filtración de datos, Filizzola destacó la grave brecha de seguridad en el sistema, advirtiendo sobre la vulnerabilidad existente. Subrayó que esta situación puede facilitar fraudes como transferencias no autorizadas o robo de identidad.
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