Nacionales
“Ya están mejor”: Santi y ministra de MOPC defienden suba de peaje pero se pasean en avión

Apenas ayer, el presidente de la República, Santiago Peña defendía el aumento del peaje que afecta a varias poblaciones, diciendo que es “justo” que el que más usa la ruta sea el que más pague y, casi como burla, hoy compartieron una fotos sonrientes junto a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, viajando en avión a Caazapá.
Durante su breve “visita” a nuestro país, atendiendo a que tras el papelón de su viaje a los Estados Unidos de América, donde fue relegado de los actos oficiales de asunción del presidente Donald Trump y mientras ya prepara maletas para ir a Panamá y Suiza, el presidente Santiago Peña en la víspera había defendido la suba del precio del peaje con el que dieron la “bienvenida” de este año 2025 a los ciudadanos.
El presidente de la República fue consultado respecto a la suba, y dio floreadas “explicaciones” para no decir directamente que no tienen pensado revertir la suba de precios del peaje, mientras que esta mañana, sonrientes fueron en avión hasta Caazapá para “saludar” a aspirantes a becas.
En las imágenes, se ven risueños al presidente Peña, a la ministra del MOPC, Claudia Centurión y a los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, respectivamente, los cartistas Basilio “Bachi” Núñez y Raúl Latorre (quién compartió la foto).
Ayer, cuando se le preguntó sobre qué piensan hacer con la suba de peajes que afectan a decenas de pobladores humildes del interior, que como mínimo deben pagar G. 15.000 cada vez que pasan por los puestos del MOPC (ya sea de ida o de vuelta), Peña terminó con evasivas.
“Esa es la lógica del peaje, que el que más usa más paga, entonces estamos trabajando para mejorar, y al final de día lo que más necesitamos es que haya más empleo”, dijo Peña sin dar solución a la consulta directa de un periodista cordillerano, zona que se ve afectada por la suba del peaje en el puesto de la Ecovía (Ruta Luque-San Bernardino).
Peña, pese a estar ya más de un año y medio en gestión, una vez más intentó culpar al gobierno anterior, alegando que fue su culpa hacer muchas rutas asfaltadas, y que por ello ahora requieren recursos para mantenerlas.
“Efectivamente, el gobierno pasado hizo una inversión sin precedentes en materia de infraestructura vial, hicieron muchos asfaltados… creo que en el lago Ypacaraí no pudieron poner asfalto encima -dijo queriendo ironizar-. Se hizo muchos asfalto y eso hay que mantener”, alegó Peña.
Sin embargo, lo que no mencionó es que apenas el 7% de lo recaudado en peajes va para mantenimiento de la rutas, el resto iría para mantener personal (entre ellos varios operadores políticos).
La disociación de la realidad local del presidente no se da solo en este caso, ya que ayer participó de visitas a hospitales y puestos de salud en Cordillera, los cuales previamente fueron acondicionados e incluso se tuvo que mover a los pacientes para mostrar una mejor “panorama” que el cotidiano.
Fuente: ABC Color



Natalia Martínez sigue hospitalizada tras accidente
Natalia Martínez, una joven internada en el Hospital de Trauma, sufrió un accidente en abril en Minga Guazú. El conductor culpable escapó y no ha sido identificado. Su familia enfrenta serias dificultades económicas y pide apoyo.
Fecha: 10 de octubre de 2025 – 02:04
Fuente: ABC Color
Han transcurrido casi seis meses desde el accidente de tránsito de Natalia en Minga Guazú, Alto Paraná. Ella sigue en el Hospital de Trauma de Asunción, habiendo pasado por 16 cirugías y luchando por su recuperación.
El accidente ocurrió el 20 de abril cuando Natalia y un amigo volvieron a casa en motocicleta. Un vehículo los embistió a tres cuadras de su hogar, y el conductor huyó. Testigos dicen que posiblemente estaba bajo los efectos del alcohol.
La familia de Natalia enfrenta grandes desafíos económicos y emocionales. Bernardina Morínigo, su madre, afirmó entre lágrimas que seguirá firme en la recuperación de su hija, a pesar de las adversidades: “Hemos vendido casi todo, pero no nos rendiremos. Queremos que mi hija se recupere completamente”.
Exigen justicia y solidaridad
Santiago Vera, el novio de Natalia, la acompaña constantemente en el hospital. Duerme en sillas y pasillos, solicitando el apoyo solidario de la gente: “Han sido casi seis meses aquí. Natalia ha tenido 16 cirugías y necesita más. Los gastos son inmensos, desde medicamentos hasta alimentos, porque vivimos prácticamente en el hospital. Recibimos algo de ayuda, pero necesitamos mucho más”.
Las lesiones más graves de Natalia son en la cabeza y el fémur, que se infectaron tras varias operaciones, junto a otras complicaciones serias. “Queremos una solución y que se identifique al responsable que nunca asumió su culpa”, expresó.
La familia insta a la ciudadanía a brindar apoyo solidario y pide que la investigación avance para identificar al conductor responsable.

La Contraloría General de la República (CGR) evaluó la capacidad en términos de riesgo tecnológico de los tres gabinetes de la Presidencia. El Gabinete Militar se destacó como el mejor preparado para implementar controles, mientras que los gabinetes Civil y Social solo lograron una calificación media.
Según el informe del ente contralor, hay una moderada posibilidad de eventos con impactos negativos por la falta de aplicación de controles básicos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en estos gabinetes. Por ello, el Gabinete Civil y el Gabinete Social necesitan adaptarse para proteger su información de accesos no autorizados, daños e interferencias durante su procesamiento, almacenamiento o transmisión.
Un punto crítico señalado fue la falta de un sitio alternativo para resguardar copias de información. Además, se identificó un riesgo potencialmente alto debido a la ausencia de un plan de continuidad y contingencia en caso de eventos adversos.
La CGR recomendó a los tres gabinetes realizar monitoreos constantes de sus servicios para identificar deficiencias y establecer planes de acción. En mayo, el gobierno sufrió 27 ciberataques a sitios web estatales, revelando la vulnerabilidad del sistema.
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La elección para el cargo de intendente de Ciudad del Este está programada para el 9 de noviembre, luego de que Miguel Prieto fuera destituido por la Cámara de Diputados tras una intervención en su administración.
Cuatro candidatos competirán por la intendencia: Roberto González de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la lista 1; Daniel Romero del Partido Ecologista (PE) en la lista 43; Daniel Mujica del Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña CDE 25 (MPICDE25) en la lista 123, vinculado al equipo de Prieto; y Celso “Kelembu” Miranda del Partido Patria Soñada (PS) en la lista 300.
Hay aproximadamente 273,000 votantes habilitados, y se espera una participación entre el 50% y 60%. Se usará papeletas de votación, según Carlos María Ljubetich, director de procesos electorales del TSJE.
Ljubetich indicó que el control con papeletas depende de los partidos, ya que la justicia electoral no participa directamente en las mesas, delegando el control a los partidos políticos involucrados.
El derecho a participar en las mesas se decide según las elecciones anteriores. Actualmente, correspondería integrar un representante colorado, uno liberal y uno del movimiento de Prieto. Sin embargo, si Cruzada Nacional no participa, habrá un sorteo entre los demás partidos.
A lo largo de tres elecciones pasadas, el partido con mayoría en las mesas frecuentemente perdió. La votación comenzará a las 7:00 y las mesas cerrarán a las 16:00. La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se proyecta para unas dos horas después.
En cuanto al traslado de electores, no se han registrado muchos casos, y se critica la ley vigente por no ser eficaz para tachas y reclamos.
Ljubetich mencionó que antes, al ser director del Registro Electoral, implementó reformas para asegurar la veracidad de los domicilios declarados por los electores. Sin embargo, la propuesta de verificación de domicilios sigue sin concretarse.
Para las elecciones del 9 de noviembre, se aplicarán restricciones similares a las generales, como la prohibición de ingresar al cuarto de votación con un celular.
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