Nacionales
Viuda de Pecci manifiesta sufrimiento, frustración y miedo por mensajes del hijo de “Lalo”

Claudia Aguilera, la esposa del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en su luna de miel en Barú, Colombia en 2022 por sicarios, habló sobre los mensajes de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado Eulalio “Lalo” Gomes. En estos mensajes de 2020, Gomes, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, mencionaba el plan de matar al fiscal 19 meses antes de que sucediera.
Claudia expresó su dolor, impotencia y terror en un emotivo discurso durante la inauguración del “Museo Biblioteca Convair 240”, proyecto de Pecci. Se refirió a los chats revelados de Alexandre Gomes, hijo del abatido diputado Eulalio Gomes. Descubrieron que el plan para asesinar a Pecci estaba en marcha desde mucho antes, lo que le resultó doloroso e injusto.
Según un reporte de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos de la Policía Nacional, las conversaciones de la plataforma SKY ECC muestran diálogos entre Alexandre Rodrigues y personas vinculadas al crimen organizado, como Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, relacionado con Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão. Estos mensajes entre septiembre y noviembre de 2020 incluían amenazas de muerte contra Pecci y un juez, coincidiendo con el intento de Gomes de aliarse con otros grupos criminales.
Claudia Aguilera manifestó que el mejor homenaje a Marcelo Pecci es esclarecer el caso. Pidió a los investigadores nacionales e internacionales que no olviden el caso y trabajen juntos para rendir homenaje a Marcelo y proteger a la ciudadanía de la criminalidad organizada.
Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, Cartagena de Indias, Colombia, por un grupo de criminales organizados. El Estado colombiano condenó a los sicarios involucrados, Wendre Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, así como a los estructuradores y financieros del crimen, incluyendo a Margareth Chacón Zúñiga. Fernando Luis Correa, coordinador del asesinato, mencionó al expresidente Horacio Cartes y a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tio Rico”, como presuntos autores intelectuales. Correa fue asesinado en la cárcel.




El 12 de octubre de 2025, a las 14:50, una comitiva de fiscales y policías regresó al edificio Castillo de Diamante, en el centro de Ciudad del Este, para seguir recolectando pruebas sobre un crimen que dejó cinco ciudadanos chinos muertos y dos heridos.
El fiscal Alcides Giménez, junto con agentes de criminalística de la Policía Nacional, volvió al departamento en el piso 15, lugar del violento suceso. El comisario Francisco Rolón, de la Comisaría 1ª, explicó que no pudieron completar su labor la noche anterior debido al calor del incendio en una de las habitaciones.
Durante la nueva intervención, hallaron botellas de agua y otros objetos en la sala, sugiriendo que hubo una reunión antes del ataque, encontrando también rastros de sangre.
Según las investigaciones preliminares, el conflicto surgió por una discusión en la empresa «Prince Mobile», dedicada a la venta de teléfonos, donde Jack Cheng Luo, responsable del depósito, fue informado de su despido debido a la pérdida de celulares. Esto provocó su violenta reacción.
Cheng Luo atacó con un arma blanca a varios compañeros, encerró a las víctimas y prendió fuego al lugar utilizando combustible. Luego, abrió las garrafas de gas y se lanzó por una ventana, cayendo sobre el techo de un restaurante, donde fue trasladado al hospital sin vida.
Las víctimas mortales fueron Wei Biao, Chen Jia Xin, Lin Zewei, Zhenbo Zhon y el propio Cheng Luo. Los sobrevivientes incluyen a Jingfang Lan, su esposo Chunmin Chen y su hija de cuatro años.


La senadora Lilian Samaniego, líder del movimiento Causa Republicana, expresó su preocupación por la situación económica de numerosas familias en Paraguay. «Paraguay crece, pero los paraguayos no», señaló, criticando la política económica del gobierno de Santiago Peña.
Estas declaraciones se hicieron durante el lanzamiento de la precandidatura de la ingeniera agrónoma Belén Galeano para la concejalía de Valenzuela, en el departamento de Cordillera, con vistas a las elecciones internas municipales del 7 de junio de 2026.
Samaniego destacó que su movimiento busca revivir los valores históricos de la ANR y fomentar la participación juvenil. También mencionó que en sus recorridos por el país, la gente suele expresar preocupaciones sobre la falta de oportunidades, el bajo poder adquisitivo y las deficiencias en el sistema de salud.
La senadora felicitó a Belén Galeano por su compromiso de representar a su comunidad y agradeció a su familia por su apoyo. Además, valoró la participación de Gustavo Torales, un joven dirigente local, instando a ambos a continuar su labor dentro de la estructura partidaria y a aspirar a integrar la Junta Municipal.


La Comipar ha sugerido que el 9 de octubre de 2025 se declare como el Día del Migrante Paraguayo, una propuesta que aún se analiza en el Congreso Nacional. La coordinadora busca conmemorar este día para reconocer y respaldar las luchas de los paraguayos en el extranjero, especialmente en defensa del derecho al voto, amenazado por la Ley 7.433.
Esta fecha se eligió para recordar un referéndum crucial que aseguró el derecho al voto en el exterior. Sin embargo, en lugar de celebrar, hoy se denuncia un retroceso institucional que pone en peligro esos logros. A pesar de que las remesas de los paraguayos en el extranjero alcanzan los 600 millones de dólares anuales, el Estado pretende eliminar la Sederrec, la única institución especializada en repatriación, y fusionarla con la Cancillería, lo que se percibe como un atropello a la diáspora.
Este cambio se considera un golpe a décadas de lucha colectiva, especialmente después de que la Ley 6.951/22 permitiera incluir a más de 18,500 paraguayos en el padrón electoral emigrante. Sin embargo, esta ley fue derogada por la «Ley Mordaza Migrante» (Ley 7.433/24), que restableció un sistema de inscripción lento y excluyente. La crítica remarca que el nuevo sistema es ineficaz y costoso, perjudicando las conquistas ciudadanas.
El artículo denuncia al gobierno por argumentar que la ley busca proteger la pureza del padrón y enfrentar problemas de cruce de datos, aunque se logró inscribir a casi 20 mil personas entre 2023 y 2024 con un sistema automatizado. La derogación de la ley 6.951 se considera un retroceso y una estrategia deliberada para limitar la participación de la diáspora.
La Comipar acusa al Estado paraguayo de ignorar a sus ciudadanos en el exterior, eliminando los escasos métodos de protección disponibles. Denuncia que el país está dominado por el narcotráfico y la corrupción, lo que ha convertido la emigración en una dolorosa necesidad. También rechazan el modelo antisocial y xenófobo del gobierno de Javier Milei en Argentina, solidarizándose con las víctimas del neoliberalismo.
Los migrantes paraguayos exigen una audiencia pública sobre el futuro de la Sederrec, su independencia, un Congreso de la Migración Paraguaya, y un compromiso estatal real con los migrantes. Llaman a la organización y participación de las comunidades paraguayas en una audiencia pública y a prepararse para un voto castigo contra las políticas antiemigrantes. Concluyen afirmando que continuarán luchando por el reconocimiento de sus derechos y contribuciones.

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