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El juez Rodrigo Estigarribia convocó a una audiencia preliminar para la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), y otros acusados, programada para mañana y el miércoles a las 08:30.

La diligencia contra la intendenta Mirtha Fernández, quien tiene una orden de captura, se llevará a cabo tras 29 meses de retrasos provocados por los involucrados. Fernández fue acusada el 15 de marzo de 2023 junto a otras once personas por delitos como lesión de confianza y asociación criminal, por un presunto daño a la Comuna de G. 1.199 millones.

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Desde la clandestinidad, ella solicitó permiso para ausentarse de sus funciones el 2 de este mes, debido a que se encuentra prófuga desde el 28 de agosto.

Junto a Fernández, también fueron acusados Elvis Ramón Balbuena López, fiscalizador de Obras; María Liz Fleitas, representante de MLF Constructora y Proyectos; Blásido Albino Candia, representante de BC Constructora; y los funcionarios Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, entre otros.

Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes trabajaban como secretarias, enfrentan cargos por producción de documentos falsos, complicidad en lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal. Espínola logró extinguir la causa penal tras cumplir con ciertas condiciones y realizar una donación.

La acusación señala que las rendiciones de cuentas de la administración municipal indicaban la ejecución y pago total de 10 obras en 2019, pero en una fiscalización no fueron encontradas, lo que sugiere que eran obras fantasmas. Esto llevó a los ediles a presentar una denuncia.

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La Cámara de Diputados, liderada por Raúl Latorre (ANR, HC), donde los cartistas dominan, protegen a sus propios intendentes mientras presionan a los opositores. El martes 9 abordarán seis solicitudes de intervenciones. Entre ellos, Hernán Ysidro Rivas, alcalde de Tomás Romero Pereira e investigado por presunto daño de G. 2.000 millones, aunque no hay progresos en su caso.

Tomás Olmedo, alcalde de Ñemby, enfrentó acusaciones por un daño de G. 700 millones. Fue imputado, pero sobreseído en abril. La fiscal Tamara Ávalos dijo que tiene un año más para acusarlo. César Machuca, alcalde de Ybyrarobaná, está bajo la lupa por supuestas obras «fantasma», pero no ha habido avances.

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Los tres alcaldes colorados acumulan presuntos desvíos por G. 2.700 millones. Para proteger a los de ANR, el cartismo incluyó la intervención de Juan M. Ávalos, alcalde de Lima, quien no tiene causas legales abiertas. También está Silvio Andrés Peña, alcalde de Emboscada, acusado, pero sin investigación fiscal. Vidal Argüello, de Yby Yaú, enfrenta acusaciones por falta de transparencia, pero denunció a los concejales por falsificación de votos.

El cartismo ha creado condiciones para promover la impunidad, bloqueando intervenciones y alegando falta de tiempo para finalizar los procesos. A diferencia del caso del exalcalde opositor Miguel Prieto, estos casos llevan congelados desde el año pasado. Si se procede con las intervenciones, se formarían comisiones para determinar si son necesarias. El Ejecutivo tendría 15 días para designar interventores, quienes tendrían al menos 60 días para investigar.

Los informes finales podrían estar listos hacia finales de noviembre o principios de diciembre. Si los alcaldes son removidos, se tendrían que convocar elecciones en 90 días, posiblemente en marzo del próximo año, significando un gasto para apenas unos meses de mandato.

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El Tribunal de Cuentas ha exigido a los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal que devuelvan G. 1.132 millones que recibieron de forma indebida durante 13 meses. Esta decisión fue tomada mediante la resolución Nº 282/2025 firmada por los magistrados Stella Maris Zárate, Gonzalo Sosa Nicoli y Martín Ávalos. Los miembros involucrados recibieron estas bonificaciones por responsabilidad en el cargo y gestión administrativa.

El abogado y jubilado Pedro Benítez Aldana presentó la demanda. Los pagos fueron declarados ilegales tras la anulación de la Resolución Nº 49/2024. Los afectados, entre ellos los expresidentes Bernabé Peralta Antúnez y Venancio Díaz Escobar, deben reintegrar diferentes sumas, con Peralta debiendo devolver G. 16.181.520, mientras Díaz enfrenta la devolución de G. 210.359.760. Otros miembros como Luis Caballero Candia, Viviana Brioschi Capurro, Juan Amarilla y René Medina deben reintegrar G. 184.232.880 cada uno, y Justo Gamarra G. 170.061.120.

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Además, los involucrados enfrentan imputaciones por supuestos delitos relacionados con el manejo indebido de fondos, lo que habría causado un perjuicio al patrimonio de la Caja de G. 2.088.967.680. Bernabé Peralta renunció en enero de 2024, y Venancio Díaz lo reemplazó, enfrentando críticas por la venta de activos de la institución con el fin de alcanzar estabilidad financiera, mientras lidian con una deuda municipal de más de G. 20.220 millones.

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