Publicidad

La distribución del tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado sigue reflejando las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Paraguay ofrece un ejemplo particular que permite evaluar tanto los avances como los desafíos en la región.

En la última medición de 2016 en Paraguay, las mujeres urbanas dedican 21,7 horas semanales a trabajos remunerados y 25,6 horas a no remunerados, sumando 47,4 horas en total. En contraste, los hombres destinan 39,6 horas a trabajos remunerados y solo 9,1 horas a no remunerados, totalizando 48,6 horas semanales.

Aunque las horas totales de trabajo de hombres y mujeres son similares, las mujeres tienen una mayor carga en el trabajo no remunerado, mientras que los hombres se enfocan más en el mercado laboral.

Comparado con otros países de la región, Paraguay se encuentra en un punto intermedio. En Argentina en 2021, las mujeres trabajan 52,5 horas en total, con más de la mitad en labores no remuneradas. En Chile en 2023, las mujeres alcanzan 54 horas y en Perú en 2024, hasta 59,8 horas. Uruguay también registra 54,5 horas para las mujeres.

Respecto al trabajo no remunerado entre los hombres, Paraguay muestra una de las participaciones más bajas. En Chile, los hombres dedican 20,1 horas semanales a estas tareas, y en Argentina, 17,6 horas, mientras que en Paraguay apenas 9,1 horas, evidenciando una división de roles más tradicional.

La comparación con Brasil en 2019 y Colombia en 2021 es ilustrativa. En Brasil, las mujeres trabajan un total de 39,2 horas semanales, el menor nivel en la región, debido a una menor carga de trabajo no remunerado. En Colombia, alcanza 51 horas, evidenciando brechas menos pronunciadas que en Paraguay.

La Cepal resalta que la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de cuidado limita la plena inserción de las mujeres en el mercado laboral formal. Tanto en Paraguay como en otros países de la región, es fundamental reconocer y redistribuir el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, ya que afecta la equidad de género y el desarrollo económico.

Aunque hombres y mujeres paraguayos trabajan un número similar de horas semanales, el trabajo está profundamente segmentado: los hombres se enfocan en el empleo remunerado y las mujeres asumen la doble carga de trabajar en el mercado laboral y en el hogar.

Advertisement

En este contexto, la Cepal enfatiza la necesidad de políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad en el cuidado, el aumento de servicios de apoyo y la incorporación de una perspectiva de género en la planificación económica. El reto es no solo reducir las brechas en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, sino también generar condiciones que permitan a las mujeres mejorar su participación en el trabajo formal de manera equitativa.

Publicidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo ayer una larga audiencia para el caso Zuccolillo Moscarda contra Paraguay. Los expertos Hernán Víctor Gulcco y Paulina Gutiérrez defendieron las publicaciones de ABC, afirmando que no hubo malicia y resaltando la importancia de la libertad de expresión en temas de interés público.

En San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte IDH, la audiencia fue presidida por la jueza Nancy Hernández López y se extendió por casi nueve horas con tres pausas. Se trató el caso de Aldo Zuccolillo Moscarda, exdirector de ABC Color, quien enfrentó un proceso penal de acción privada desde 1998 hasta 2005. La querella fue iniciada por Juan Carlos Galaverna, exsenador de la ANR, quien se sintió ofendido por publicaciones sobre el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT). Zuccolillo fue condenado por calumnia, difamación e injuria, y recibió una multa.

Publicidad

El perito argentino Hernán Víctor Gulcco destacó que el caso estaba relacionado con temas de interés público que involucraban a Galaverna. Criticó al Código Penal paraguayo por mantener una tradición autoritaria y señaló que la doctrina de la Real Malicia de la Corte Suprema de EE.UU. es un mejor defensor de la libertad de expresión. No obstante, señaló que su aplicación en el ámbito penal es errónea.

Paulina Gutiérrez Ramírez, perito mexicana, indicó que en Paraguay se observa un «patrón de litigio», mencionando la judicialización de publicaciones de interés público relacionadas con el vaciamiento del BNT. Comentó que este abuso judicial afecta al periodismo de investigación y recomendó despenalizar delitos de difamación y calumnia en estos casos.

El relator de la CIDH, Pedro Vacca, sostuvo que no se demostró falsedad o malicia en las publicaciones y que el Estado violó la libertad de expresión del exdirector de ABC. Representantes del Cejil expresaron preocupación por el peligro al periodismo de investigación.

Por otro lado, el procurador del Estado, Marco Aurelio González, acusó a ABC de «mentiras temerarias». Los jueces Verónica Gómez y Rodrigo Mudrovitsch instaron al procurador a ampliar su postura en los alegatos finales, con plazo hasta el 18 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Una persona afectada por la filtración de sus datos privados ha presentado una denuncia ante Sedeco, solicitando que el banco ueno refuerce la seguridad de sus clientes y aplique las sanciones de la ley de protección de datos personales crediticios.

Johanna Ortega Ghiringhelli, como consumidora perjudicada, interpuso un reclamo ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco). En el documento, exige que se investigue la magnitud de la brecha de seguridad y la filtración de datos del ueno bank.

Publicidad

También solicitó que se emitan oficios a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos (Cert-Py) y el Banco Central del Paraguay (BCP) para verificar si existen denuncias sobre extorsiones o incidentes de seguridad por parte del banco.

Ortega insta a Sedeco, dirigida por Sara Irún, a exigir al banco la adopción de medidas de seguridad y la aplicación de sanciones por incumplir ciertos incisos de la Ley 6534/2000 “De Protección de Datos Personales Crediticios”. Estos incluyen no usar mecanismos seguros para manejar datos personales y notificar de manera completa y oportuna a la autoridad correspondiente sobre las violaciones de seguridad.

La diputada Ortega relató cómo sus datos y los de otros clientes fueron expuestos en la dark web, mostrando 250,000 registros de transferencias bancarias y otros datos personales bajo custodia del banco.

A pesar de la filtración, Ortega afirma no haber recibido comunicación del banco para evaluar el alcance de la brecha. Holger Aníbal Insfrán, del BCP, señaló que el caso requiere atención especial y confirmó que se está intercambiando información con la entidad financiera. Juan Gustale, presidente del banco, afirmó que los datos no fueron extraídos de sus sistemas.

Publicidad