Venezuela anuncia ley de amnistía general y cierre del Helicoide, generando reacciones variadas
El Ejecutivo venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, anunció una inédita ley de amnistía general destinada a presos políticos, acompañada del cierre del centro de detención conocido como El Helicoide. El anuncio ha sido recibido con esperanza y festejos por familiares de los encarcelados, quienes se habían mantenido en vigilia durante semanas exigiendo la liberación de sus seres queridos.
En distintos puntos del país, especialmente frente a las cárceles, decenas de personas expresaron emociones encontradas, entre lágrimas y abrazos de alegría, mientras se desarrollaban las primeras excarcelaciones tras la entrada en vigor de esta medida. Mayra Morales, hermana de un militar imputado en la llamada Operación Gedeón, subrayó el impacto que tendrá esta ley para promover un ambiente de libertad y disminuir el miedo que ha predominado en el país.
Representantes de la oposición política valoraron positivamente la medida y subrayaron su potencial para contribuir a la convivencia democrática. Stalin González, diputado opositor, calificó la iniciativa como un hecho relevante que podría marcar un nuevo capítulo en la historia venezolana y expresó su deseo de que la ley abarque la libertad plena de todos los detenidos por motivos políticos, además de poner fin a la persecución y represión estatal.
Henrique Capriles, exgobernador y líder opositor, también destacó la importancia del anuncio y el cierre del Helicoide, símbolo de torturas y arbitrariedades, enfatizando que ello supone un alivio para miles de familias afectadas por la injusticia y persecución. Capriles recordó su propia experiencia como preso político en ese centro hace más de dos décadas.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos, como Foro Penal, adoptaron una postura de cautela y optimismo. Si bien apoyan la iniciativa, solicitaron que la formulación y ejecución de la ley involucre a la sociedad civil, víctimas, ONG y organismos internacionales para garantizar su transparencia y eficacia. Estas agrupaciones también recordaron que han presentado propuestas similares en años anteriores sin obtener respuesta favorable.
No obstante, organismos como Foro Penal y Provea hicieron hincapié en que la amnistía debe excluir a personas implicadas en delitos graves, especialmente aquellos en investigación por la Corte Penal Internacional, como crímenes de lesa humanidad. ambas entidades advirtieron que la medida no debe confundirse con un perdón generalizado, sino que debe garantizar justicia, reparación y la no repetición de violaciones a derechos humanos.
En sectores vinculados al oficialismo, se calificó el anuncio como un paso significativo hacia la reconciliación nacional. La figura pública Indira Urbaneja, integrante del programa oficial de convivencia democrática, expresó que se ha dejado atrás un discurso extremista y reconoció la autocrítica y el trabajo del sistema judicial en este proceso.
Este conjunto de medidas se percibe como una coyuntura histórica en Venezuela, aunque la expectación permanece en torno a su alcance real, su implementación efectiva y las garantías que se establecerán para proteger los derechos de las víctimas y evitar nuevas persecuciones políticas.