Nacionales
Tribunal condena a 10 años de cárcel a Hugo Javier por corrupción en su gestión como gobernador
Un tribunal de Sentencia condenó este sábado a 10 años de cárcel al ex gobernador de Central Hugo Javier González (ANR) por presuntos desvíos de dinero de fondos de emergencia de la pandemia del Covid-19 durante su administración. También fue condenado el ex director general de Gabinete por el mismo “esquema delictivo” de obras fantasmas.
La sentencia fue leída este sábado por la jueza Karina Cáceres, presidenta del Tribunal de Sentencia, que juzgó a Hugo Javier González por los delitos de lesión de confianza y producción de documento no auténtico. La expectativa de pena era de hasta 15 años, pero finalmente se estableció 10 años de prisión.
La acusación de la Fiscalía apuntó a un desvío de G. 5.105 millones de los fondos Covid de la Gobernación centralina durante la gestión de Hugo Javier González. Además, fue condenado también a 10 años de cárcel su “número 2″ dentro de la Gobernación, Miguel Ángel Robles Ibarra, ex asesor y director de Gabinete y otras cuatro personas.
Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción resolvió declarar la punibilidad de Hugo Javier González por lesión de confianza y por producción de documentos no auténticos en calidad de autor.
Asimismo, dispuso 10 años de pena privativa de libertad, que la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Para el efecto, se ordenó su inmediata reclusión.
Los otros procesados
El ex director de Gabinete de la Gobernación Miguel Ángel Robles fue también condenado a 10 años de cárcel, tras ser considerado el principal instigador del hecho.
El ex director de Administración y Finanzas de la Gobernación Javier Marcelo Rojas fue a una pena privativa de libertad de dos años y se mantienen las medidas impuestas.
Luis Allende Araujo, en calidad de tesorero, fue condenado a dos años de cárcel, con posibilidad de suspensión de la condena.
Lourdes Lezcano, secretaria general de la Gobernación, fue condenada a dos años de pena privativa de libertad, con posibilidad de suspensión de la pena.
Finalmente, Modesta Valiente Escobar, directora de Asesoría Jurídica, fue condenada a dos años de cárcel, con posibilidad de suspensión de la pena.
El tribunal, también integrado por las juezas Yolanda Morel y Ana Rodríguez, concluyó que la causa no prescribió y, por lo tanto, la acción del Ministerio Público era procedente.
“Miguel Ángel Robles Ibarra ideó y lideró un esquema formado por funcionarios de la Gobernación y representantes de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y así también con constructores para la realización de obras. Esto para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Estado entonces así coordinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el uso del dinero público”, comenzó señalando la jueza Cáceres.
El tribunal sostuvo que el dinero desviado de la Gobernación por el autor debió ser destinado a obras durante la pandemia, donde miles de personas quedaron sin trabajo por el cierre de empresas y miles de compatriotas fallecieron, muchos de ellos a la espera de medicamentos y un balón de oxígeno.
“A cuantas familias se hubiera beneficiado con esta utilización de dinero de fuente de trabajo o camas de terapia intensiva o medicamentos para los hospitales”, cuestionó el tribunal juzgador sobre el actuar de Hugo Javier González.
La acusación fue representada por los fiscales Rodrigo Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel, quienes pidieron una condena de ocho años para el ex gobernador.
Por su parte, el abogado de Hugo Javier González pidió la absolución, alegando que el Ministerio Público no probó el hecho punible y el nexo causal respecto a su defendido.
Incluso, dijo que su cliente no se quedó con ninguna plata de la Gobernación y, muy por el contrario, se encuentra viviendo en la absoluta indigencia, sin dinero para pagar ni siquiera a sus abogados.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Sinadi muestra inquietud por el retraso en pagos a proveedores del programa “Hambre Cero”
El 14 de noviembre de 2025, ante las quejas de proveedores y funcionarios sobre los pagos atrasados del Programa «Hambre Cero», el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) anunció que enviará una carta al Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, demandando la regularización de los pagos antes de fin de año.
El 4 de noviembre, la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEP) ya había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que se cumplieran los compromisos con las empresas, indicando que la sostenibilidad del programa estaba en peligro. Miguel Cardona, de Comepar S.A., presentó una lista de las deudas pendientes del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hasta el 27 de octubre, aunque registros oficiales muestran pagos a Comepar el 28 y 30 de octubre por más de G. 16.030 millones.
Además, hay inquietud entre los trabajadores de las cocinas escolares en el interior, quienes han expresado su preocupación, según Miguel Marecos de Sinadi. A pesar de las deudas, los encargados del programa aseguran que se harán los pagos antes de fin de año.
Existen dos modalidades de distribución de alimentos del programa: una centralizada a través del MDS y otra manejada por las gobernaciones que reciben fondos del MEF. Marecos comentó que si los pagos no se regularizan, el sindicato se reunirá para considerar otras acciones. La deuda actual es de G. 475 mil millones, y esto afecta especialmente a pequeñas empresas del interior que no cuentan con un fuerte respaldo financiero.
Comepar S.A., liderada por Cardona, es uno de los principales contratistas y ha solicitado la liquidación de una deuda de G. 298.441 millones hasta el 27 de octubre, aunque había recibido pagos los días 28 y 30 de octubre. A diferencia de otras empresas, Comepar ha recibido pagos de manera continua desde octubre de 2024, mientras que para otros proveedores los pagos han sido inconsistentes.
El 14 de noviembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentó sobre el incremento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre. La Cámara Baja dio su aprobación inicial al proyecto del PGN 2026, incluyendo las sugerencias de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y otras modificaciones propuestas durante la plenaria.
El proyecto original del Ejecutivo, presentado el 25 de agosto por el MEF, ascendía a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un 12% más que el presupuesto 2025. Sin embargo, la Comisión Bicameral elevó la cifra a G. 149,3 billones (US$ 18.952 millones), lo que representa un aumento adicional de G. 186.431 millones (US$ 23,6 millones) respecto a la propuesta original.
Estas modificaciones fueron aprobadas en una sesión extraordinaria el 11 de noviembre, y se debatieron otras reasignaciones propuestas por varios legisladores, lo que podría ampliar la diferencia respecto al plan original del Ejecutivo.
El MEF presentó su informe de “Situación Financiera” para octubre, a cargo de Nathalia Rodríguez y Rolando Sapriza. Durante una conferencia, se les preguntó sobre el aumento de gastos aprobado, a lo que Nathalia Rodríguez respondió que los montos aún son manejables y se encuentran dentro del escenario previsto para el próximo año.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Senadores, que tiene 15 días para decidir sobre las modificaciones introducidas por Diputados. Si se aprueban, se enviará al Ejecutivo para su promulgación; de lo contrario, volverá a la Cámara Baja para un nuevo estudio.
Un representante de la empresa “Epro SA”, Óscar Daniel Ruíz Fernández, enfrentará un juicio oral y público, según confirmó el Tribunal de Apelaciones en lo Penal mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 408. Ruíz, subarrendatario del complejo deportivo “Arrayanes”, es imputado por la muerte de Rodolfo de Jesús Núñez Scolari, conocido como «Rolo», el 16 de septiembre de 2023.
En marzo, el juez penal de garantías, Mirko Valinotti, aceptó la acusación del Ministerio Público y envió el caso a juicio. La fiscal Silvia González y la abogada de la querella, Teresa Servín, ratificaron la solicitud de juicio. El abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos apeló ciertos puntos de la resolución, argumentando que el juez de garantías violó normas formales al rechazar incidentes sobre testimonios y la nulidad de la acusación.
La defensa de Ruíz también señaló que la acusación fiscal carece de fundamentos, lo cual comunicaron al magistrado en la audiencia preliminar. Duarte solicitó la nulidad de la resolución alegando irregularidades.
La camarista Bibiana Benítez Faria afirmó que no todos los errores conllevan nulidad, ya que deben estar expresamente previstos por ley. En relación a la defensa de Ruíz, la magistrada indicó que no se violaron garantías procesales ni derechos constitucionales. Las actuaciones del Ministerio Público no pueden ser objeto de nulidad, agregó.
El camarista Arnaldo Fleitas mencionó que no hay bases para anular la acusación, los medios probatorios, ni proceder al sobreseimiento definitivo. Respecto al testimonio de Carlos Miguel Gómez Olazar, inicialmente imputado, se señaló que puede declarar como testigo con la obligación de decir verdad.
La magistrada Adriana Giagni indicó que no hay prohibición legal para que alguien inicialmente investigado declare en juicio. La camarista Benítez Faria afirmó que la acusación está bien fundamentada desde la imputación del Ministerio Público, y que la defensa tuvo suficientes oportunidades para ejercer su derecho.
Finalmente, se constató que el Ministerio Público había convocado al acusado Ruíz para declarar en varias ocasiones, pero la defensa solicitó suspensiones, por lo que no se realizaron las indagatorias.
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