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Mientras senadores como la cartista Norma Aquino, conocida como “Yami Nal”, sostienen que ciertos audios comprometedores fueron creados con Inteligencia Artificial (IA), el diputado cartista Rodrigo Gamarra presume de usar IA para sus publicaciones en redes. Esto genera debate, ya que las opiniones propias son esenciales para los legisladores y están protegidas por fueros.

La función parlamentaria se basa en hablar y defender ideas en el Congreso. No obstante, Gamarra admite usar IA para sus publicaciones en redes.

Gamarra publicó en X, defendiendo su uso de IA: “Hoy leí a alguien que se ofende porque usamos IA para dar u obtener información. ¡¿Qué pensaba?!”

Se sabía que el legislador usaba IA, y aunque su uso general no es criticable, es diferente para los legisladores, que deberían expresar pensamientos propios. La Constitución protege la independencia de injerencias externas, destacando la importancia de las opiniones personales, protegidas por los fueros.

El artículo 191 dice que ningún congresista puede ser judicialmente acusado por sus opiniones en funciones. A pesar de sus beneficios, la IA puede tener sesgos y errores.

Gamarra ha modificado posturas hechas en sus redes, como su idea de un peaje para entrar a Asunción para rescatar económicamente a la ciudad por la gestión de su correligionario Óscar “Nenecho” Rodríguez.

También se plantea el riesgo de que legisladores puedan eludir responsabilidades con el pretexto de que las opiniones fueron generadas artificialmente.

El uso de IA por Gamarra, como ChatGPT, dificulta distinguir entre opiniones propias y escritas por IA, considerando que, en principio, no deberían leer discursos en sesiones sin aprobación.

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Gamarra no se destaca por un debate profundo y tiene una producción legislativa baja. Fue miembro de la Comisión “Garrote”, pero tuvo poca participación y el informe final no fue aprobado por Diputados. Esta comisión fue criticada por perseguir a medios y organizaciones críticas.

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Las senadoras opositoras Esperanza Martínez y Yolanda Paredes afirmaron haber recibido denuncias de que algunos senadores estarían cobrando una especie de “peaje” a sus empleados, deduciendo entre 1 y 3 millones de guaraníes de sus sueldos por haberles conseguido el puesto en el Congreso.

En una conversación con ABC Color, las senadoras mencionaron que no identificaron a los colegas involucrados, pero destacaron que estos obligan a los funcionarios a entregar parte de sus salarios. Esta práctica fue calificada como una “conducta mafiosa”.

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Martínez consideró que exigir parte de los salarios o bonificaciones constituye un abuso de autoridad, y señaló que la información provino de “funcionarios y otros colegas”. La cuestión fue presentada al presidente del Congreso, Basilio Núñez, solicitando una investigación formal.

Las senadoras afirmaron la necesidad de investigar y sancionar estas prácticas incorrectas. Aunque admitieron que sería complicado comprobar las denuncias, creen que es posible lograrlo con una investigación adecuada.

Por otra parte, Paredes señaló que estos «peajes» son un “secreto a voces”, siendo una práctica habitual en el Congreso. Según comentó, algunas personas sienten la presión de «colaborar» con un porcentaje de su salario, y algunas han renunciado ya que no les quedaba nada del sueldo.

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