Nacionales
Sentencian a un policía a 23 años de prisión por asesinar a un militar
El Tribunal de Sentencia, bajo la presidencia del juez Fabián Weisensee e integrado por las juezas Laura Ocampo y Cándida Fleitas, condenó este sábado al suboficial de la Policía Nacional, Oliver Daniel Lezcano Galeano, a 18 años de prisión más 5 años de medidas de seguridad, sumando un total de 23 años, por el homicidio del sargento de la Fuerza Aérea, Líder Javier Ríos Cañete.
Además, impusieron una pena de 10 años a la pareja de Lezcano, Ada Arasy Ruiz Díaz de Lezcano, al encontrarla cómplice en el homicidio. Tanto la fiscal Rosa Noguera como el abogado de querella Miguel Ángel Mendieta Fernández, representando a la viuda Carolina Ruíz Díaz Aguilar, solicitaron 25 años de prisión y 5 de medidas de seguridad para Lezcano.
El tribunal declaró culpabilidad en ambos acusados basado en las pruebas, determinando a Lezcano como autor y a Ruiz Díaz como cómplice. El militar Ríos Cañete fue hallado sin vida el 24 de enero de 2023 en un basural en el Banco San Miguel, tras 12 días desaparecido, con una herida de bala en la cabeza.
Durante el juicio, Ruiz Díaz confesó que Lezcano llegó a casa ensangrentado y confesó haber matado al militar, pidiendo ayuda para deshacerse del cuerpo. Ambos arrojaron cal sobre el cadáver para acelerar su descomposición y luego manipularon el auto de Ríos para borrar huellas antes de abandonarlo.
Posteriormente, el suboficial Lezcano se fugó del penal de Tacumbú el 27 de septiembre de 2023, lo que llevó a una orden de captura. Fue recapturado el 8 de marzo de 2024 en Itauguá. Durante su fuga, el exministro Ángel Barchini sugirió que Lezcano había sido asesinado por un grupo criminal en la cárcel, lo que resultó ser falso tras un video del propio Lezcano.
Lezcano también enfrenta un proceso por el hurto de una camioneta, en el cual fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.
Nacionales
Conflicto en la oposición en Asunción: «Nos sentimos emboscados», revela Kattya
La exsenadora Kattya González reconoció las intensas tensiones en el grupo opositor que busca acordar una candidatura única para la Intendencia de Asunción, señalando que hasta ahora no han definido un método de selección y que su grupo se siente «emboscado» por aquellos que quieren imponer una decisión sin transparencia.
Esta mañana, González confirmó que las negociaciones para una candidatura unificada están en peligro. Ella, junto a Johanna Ortega, manifestó que, aunque firmaron un acuerdo de unidad en abril, no se ha establecido un mecanismo participativo para elegir al candidato.
Destacó la importancia de cumplir los pactos, utilizando la frase «pacta sunt servanda», y criticó que en lugar de buscar un método claro para elegir al candidato, algunos han optado por imponer opciones basadas en «membresías políticas» y no en un proceso abierto.
González enfatizó que la discusión debería centrarse en construir un proyecto político para Asunción, y no solo en quién liderará la alianza opositora.
El equipo de Ortega está abierto a cualquier método que garantice legitimidad y participación ciudadana, incluyendo internas participativas o encuestas auditadas. Indicaron que el calendario electoral permite una encuesta en abril y definir la candidatura en mayo, sin problemas legales.
González señaló que las tensiones y la imposición de un grupo han dejado a muchas personas valiosas afuera, advirtiendo que aceptar esta lógica podría tener consecuencias peligrosas para las elecciones nacionales de 2028. Finalmente, enfatizó que esperan respuesta de la oposición sobre su propuesta y aclaró que si se produce una ruptura, no será por decisión de ellos.
El 14 de noviembre de 2025, a las 05:43, se informó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidió, por unanimidad, iniciar por su cuenta una investigación preliminar sobre la actuación de jueces y fiscales relacionados con la denuncia de los incendios forestales de 2024 en Chovoreca. Según el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, el caso está a punto de quedar impune debido a un mal manejo por parte del Ministerio Público.
Durante la sesión del jueves, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) acordó indagar sobre el desempeño de los jueces y fiscales involucrados en la investigación de los incendios que devastaron más de 200.000 hectáreas en Chovoreca, Alto Paraguay. Se han solicitado informes detallados de todos los antecedentes del caso, y estos se enviaron a la Secretaría Jurídica para continuar con los trámites necesarios.
El ministro César Garay Zucolillo, presidente del JEM, lidera la investigación, comprometido a recopilar información y pruebas para que el jurado actúe conforme a la ley.
El incendio, que afectó no solo a la región directamente sino a todo el Chaco Boreal, destruyó 200.000 hectáreas de reservas forestales. Según Garay Zucolillo, no fue accidental y no se ha responsabilizado a nadie penalmente, lo que refleja un gran ecocidio en el país.
Tras la denuncia del Instituto Nacional Forestal (Infona), el fiscal Nelson Colmán imputó al ganadero Hugo Miguel Zelada, pero el juez Manuel Lezcano lo sobreseyó definitivamente. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta decisión y el caso ahora está en la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal Gabriel Rolón solicitó una casación, pero el ministro Víctor Ríos indicó que la negligencia del Ministerio Público podría llevar a la impunidad en este caso.
Petróleos Paraguayos (Petropar), liderada por Eddie Jara, sigue usando el mismo dictamen técnico para justificar las múltiples extensiones de contrato con la empresa catarí Doha Holding Group LLC, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol.
La novena prórroga del contrato, que Petropar extendió hasta el 28 de febrero del próximo año, no fue una excepción. Ramón Benítez, gerente de Comercio Exterior, reutilizó el texto anterior, solo cambiando la fecha al 25 de octubre reciente.
El documento reitera los mismos argumentos que Petropar ha utilizado durante más de un año para prolongar el contrato con la empresa incumplidora, que aún no ha entregado las 100.000 toneladas métricas de gasoil acordadas por un monto mayor a US$ 61 millones.
Compra crítica, según Petropar, pero con espera prolongada
Petropar defiende que se trata de una "compra crítica y estratégica" para asegurar el abastecimiento y acceder a un buen precio. Sin embargo, después de más de un año, aún no se ha logrado la compra.
El contrato con Doha Holding fue aprobado mediante un procedimiento "urgente" con un contrato inicial de dos meses, hasta el 30 de noviembre de 2024. La empresa no ha cumplido, pero Jara sigue otorgándole prórrogas.
En el dictamen, Petropar explica que el contrato —firmado el 30 de septiembre de 2024— tenía fechas de entrega "tentativas" basadas en cuatro pilares: disponibilidad de tanques, existencia del producto, acuerdo con el transportista y verificación de calidad. Sin embargo, el producto sigue sin estar disponible.
El dictamen menciona que no se han cumplido los cuatro pilares, aunque asegura que la entrega puede ocurrir en cualquier momento dentro del contrato vigente. Este razonamiento se repite en todos los dictámenes, con solo la fecha modificada, en contraste con contratos urgentes similares que se cumplen en dos meses.
A pesar de la falta de cumplimiento, Petropar sigue extendiendo el contrato, aparentemente para evitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, que asciende a US$ 3.050.000 y cuya vigencia fue extendida a mayo con esta novena adenda.
Silencio de los directivos
La situación en Petropar es de hermetismo. Ningún directivo ha explicado el motivo de la nueva prórroga y la directora de Comunicaciones, Norma Caballero, tampoco ha respondido a solicitudes de entrevistas.
Recientemente, la estatal admitió que la empresa ofreció un precio que no podía cumplir, pero defendió su propuesta de US$ 610 por tonelada métrica, muy por debajo de los precios actuales.
Amílcar Ferreira, analista, comentó que es una "ilusión" pensar que alguien en Catar vendería combustible más barato que el mercado internacional. Insinuó que Petropar evita concluir el contrato para no ejecutar la garantía de cumplimiento.
A pesar de todo, Petropar sigue usando el mismo argumento en sus dictámenes, solo cambiando la fecha, indicando que, por ser un contrato abierto con cantidades variables, es imposible fijar una fecha exacta de entrega.
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