Secuestro y violencia agravan crisis en Sinaloa minera

Persisten incógnitas sobre el secuestro y posible asesinato de mineros en Sinaloa amid la violencia en la región

La reciente desaparición de al menos 10 mineros en la sierra sur de Sinaloa agrega un capítulo más a la preocupante ola de violencia que azota al noroeste de México, mientras el gobierno federal reporta una disminución general en homicidios dolosos a nivel nacional. Pese a los anuncios oficiales, la información disponible sobre el caso continúa siendo fragmentaria y genera más preguntas que respuestas.

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, atribuyó la desaparición ocurrida el 23 de enero a una confusión cometida por un grupo criminal vinculado con la facción conocida como Los Chapitos, quienes presuntamente confundieron a los trabajadores con integrantes de una banda rival. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por familiares y colegas de las víctimas, que aseguran que hombres armados llegaron directamente al campamento minero Clementinas, en Concordia, para llevárselos, en horarios de la mañana y en presencia de testigos.

Durante los últimos días, la Fiscalía General de la República (FGR) ha encontrado cinco cuerpos en fosas clandestinas cercanas a Concordia, mientras continúa la identificación de otros restos. Esta evidencia alimenta la preocupación de que todos los mineros desaparecidos hayan sido asesinados. La lenta divulgación de información y los indicios de múltiples fosas en la zona reflejan la gravedad y la persistencia del conflicto en la región.

La situación se enmarca dentro de un contexto de creciente violencia generada por la disputa territorial entre facciones del extinto Cártel de Sinaloa. En la sierra sur, los enfrentamientos entre Los Chapitos, liderados por Gabriel Nicolás Martínez y su hermano Óscar, y el grupo conocido como Los Cabrera, vinculados a la familia Zambada, han intensificado la inseguridad, desplazándose más allá de las fronteras tradicionales del cártel.

Esta pugna está ligada a la disputa por rutas de tránsito de drogas, laboratorios clandestinos para la producción de estupefacientes y la influencia en actividades económicas formales, como la minería. Las minas de la comunidad de Pánuco, operadas por la empresa Vizsla Silver, se encuentran en el epicentro de esta violencia, aunque hasta el momento la compañía no ha emitido declaraciones sobre presuntas extorsiones o presiones en la zona.

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un diálogo con el sector minero para abordar las dificultades que enfrentan debido a la inseguridad. No obstante, la historia reciente indica que las condiciones en la sierra de Sinaloa son muy complejas: desde abril de 2025, Vizsla Silver suspendió operaciones de campo ante los riesgos, en un entorno en el que se reportan constantes ataques armados y la presencia de artefactos explosivos, incluyendo minas terrestres y bombas caseras lanzadas desde drones.

Los recientes hechos, junto con otras desapariciones y ataques en municipios como Ahome y Mazatlán, evidencian que la violencia continúa siendo un desafío crítico para la región, donde el tejido social y la actividad económica se ven severamente afectados por el accionar del crimen organizado y las disputas internas entre sus grupos. Las autoridades mantienen la vigilancia en puntos estratégicos, pero la percepción general es que la crisis de seguridad en Sinaloa no muestra señales claras de resolución a corto plazo.