Federico Ezequiel Santoro Vasallo, quien recientemente se declaró culpable en EE.UU. de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, gozaba en nuestro país de impunidad y llamativos privilegios. Sugestivamente, días antes de que la Justicia del país norteamericano presente la acusación formal contra Santoro, la fiscalía paraguaya también decidió abrirle un proceso penal. Se dejó pasar 18 meses, desde el inicio de la megaoperación “A Ultranza”, para molestarlo.
Santoro Vasallo gozaba de una llamativa impunidad que le permitió moverse sin problemas, tanto que podía seguir haciendo “negocios”.
Esta aeronave arribó a nuestro país entre el 13 y 16 de mayo de 2022 para llevar cigarrillos producidos por Tabacalera del Este SA (Tabesa), siendo el principal accionista de esa firma, en ese entonces, el expresidente y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
La tardía reacción al caso Santoro Vasallo
Lo cierto es que, pese a los antecedentes, recién el 23 agosto de 2023 la fiscalía decidió abrir un proceso a Santoro Vasallo. Curiosamente, se hizo 15 días antes de que se reciba la acusación de EE.UU. contra Federico Ezequiel Santoro Vasallo por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Esposa, acusada y en espera de su juicio
María Virginia Araki, esposa de Federico Ezequiel Santoro Vasallo, también está acusada por los hechos punibles de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal, dentro de la causa A Ultranza Py.
La misma se encuentra a la espera de su juicio oral y público en nuestro país.
De acuerdo con los datos, luego de que Santoro y Araki fueran detenidos en agosto de 2023 se habrían realizado transferencias de bienes a nombre de personas de confianza, con el fin de evitar que pudieran ser incautados.