El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, considera «absolutamente imposible» la extensión de mandato propuesta por un grupo de concejales municipales para seguir en el poder hasta el 2028.
Según Mauro, esta extensión desvirtuaría el municipalismo al centrar la atención en candidaturas presidenciales, senatoriales, diputados y gobernadores, dejando de lado a los intendentes municipales. Además, señaló que la Justicia Electoral está finalizando un proyecto de ley para presentar en la Cámara de Diputados en julio, con el fin de depurar el padrón de afiliaciones múltiples.
La propuesta de extender el mandato de los concejales municipales hasta el 2028 ha generado controversia en el ámbito nacional. Diversos sectores políticos y ciudadanos han manifestado su rechazo, considerando que esta medida atenta contra los principios democráticos y la alternancia en el poder.
El debate sobre la extensión de mandato de los concejales municipales ha generado tensión en el ambiente político nacional. Se espera que en los próximos días se aclaren los argumentos a favor y en contra de esta propuesta, para determinar su viabilidad desde el punto de vista legal y constitucional.
El asesor del TSJE ha enfatizado la importancia de respetar la voluntad popular y el marco legal en el funcionamiento de los órganos de representación política a nivel municipal. Cualquier intento de modificar los períodos de mandato deben ser analizados con detenimiento para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.
Las autoridades del TSJE han reafirmado su compromiso con la defensa de la democracia y el respeto a la Constitución. Se espera que la institución se pronuncie oficialmente sobre la propuesta de extensión de mandato de los concejales municipales y su viabilidad en el contexto jurídico nacional.
En medio de la incertidumbre y la polémica, la ciudadanía mantiene su postura crítica ante esta propuesta de extensión de mandato de los concejales municipales. Se espera que se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar cualquier intento de vulnerar los principios democráticos y el Estado de Derecho en el país.
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