Queda firme puenteo a Contraloría: eliminado texto posterior

Queda firme puenteo a Contraloría: eliminado texto posterior
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La Cámara de Senadores terminó por dar el “golpe de gracia” a la ley que modificaba el artículo 30 de la Ley Nº 879/1981 Código de Organización Judicial, evitando el puenteo a la Contraloría General de la República al aceptar el veto total del presidente Santiago Peña (ANR). En abril pasado la Cámara de Diputados también aceptó el veto presidencial y de esta forma la ley fue enviada al archivo.

Desde 2008 a 2019, la Corte Suprema de Justicia otorgó 28 acciones de inconstitucionalidad favorables a cuestionadas administraciones y según el argumento de Santiago Peña esta ley no solucionaba el inconveniente de los pedidos de inconstitucionalidad. Al respecto, el senador Rafael Filizzola (PDP) lamentó el veto presidencial y que los diputados hayan aceptado, pues la iniciativa legislativa se originó en la Cámara Baja en el 2022.“Es escandalosa. Este negocio de las inconstitucionalidades, por que fue un negocio siempre para que la CGR pierda sus funciones de control. La Corte se prestó en algunos casos para apañar el blanqueo a los corruptos. Lamento que el Ejecutivo se preste para esta situación”, dijo Filizzola.

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La ley en cuestión pretendía modificar y ampliar el artículo 30 de la Ley Nº 879/1981, sobre el Tribunal de Cuentas, con el objetivo de evitar el puenteo a la Contraloría General de la República al aceptar el veto total del presidente Santiago Peña (ANR). Sin embargo, tras la aceptación del veto presidencial por parte de ambas cámaras, la ley fue enviada al archivo.

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La decisión de aceptar el veto presidencial generó controversia en el senado, con opiniones divididas entre los senadores. Mientras que algunos consideraron que la ley no solucionaba el problema de los pedidos de inconstitucionalidad, otros lamentaron la oportunidad perdida de fortalecer el control y la transparencia en el país. El senador Rafael Filizzola (PDP) expresó su descontento con la situación, calificándola de escandalosa y señalando que la Corte Suprema se ha prestado en algunos casos para apañar el blanqueo a los corruptos.

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La discusión en torno a esta ley se remonta al año 2022, cuando la iniciativa legislativa se originó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, tras la aceptación del veto presidencial y su posterior envío al archivo, se puso fin a las posibilidades de su promulgación. La ley buscaba modificar aspectos clave relacionados con el Tribunal de Cuentas, con el objetivo de reforzar el control y la rendición de cuentas en el ámbito judicial.

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La polémica ley que buscaba modificar el artículo 30 de la Ley Nº 879/1981, sobre el Tribunal de Cuentas, ha sido finalmente archivada tras la aceptación del veto presidencial por parte de la Cámara de Senadores. Esta decisión ha generado opiniones encontradas entre los legisladores, destacando la preocupación por la falta de soluciones concretas a los pedidos de inconstitucionalidad. A pesar de los esfuerzos por impulsar reformas en materia de control y transparencia, la controversia en torno a este proyecto legislativo marca un nuevo capítulo en el debate sobre la gobernabilidad en el país.


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