Protestas frente al MUVH: ley de viviendas sociales permite direccionar subsidios.
La Asociación Pro Vivienda del Fonavis exige al gobierno el 33% de los subsidios, desatando disputa en el sector de la construcción de viviendas sociales. Se suman reclamos por falta de transparencia en la distribución de recursos y control ciudadano.
El debate se centra en la entrega directa de subsidios a organizaciones en lugar de beneficiarios individuales, generando dudas sobre posibles direccionamientos y falta de supervisión en el proceso de adjudicación. Los manifestantes denuncian falta de publicidad en convocatorias y piden cese de persecución, sin dar detalles al respecto.
El ministro Baruja no se pronunció sobre las acusaciones de la multisectorial, alegando que el reclamo apunta a garantizar mayor calidad en las construcciones. Sin embargo, se cuestiona la eficacia de los mecanismos de control existentes en el Ministerio de Vivienda y Hábitat para asegurar la transparencia en la gestión de los recursos.
En medio de la polémica, el Parlamento analiza incrementar el presupuesto del Fonavis en US$200 millones, mientras se mantienen investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en el programa de viviendas sociales. La fiscalía no ha esclarecido denuncias de falsificación de firmas en proyectos y supuestos daños al patrimonio público por sobrefacturación en obras.
Las tensiones en el sector de la construcción de viviendas sociales reflejan la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de los recursos del Fonavis y una regulación más estricta para evitar posibles casos de corrupción. La falta de respuesta por parte de las autoridades competentes y la demanda de la sociedad civil por un mejor control de los fondos destinados a vivienda son temas de suma relevancia en la agenda nacional.