Nacionales
Productores de cebolla demandan detener contrabando y dar prioridad en el mercado
CORONEL OVIEDO. Productores de cebolla de la Federación Nacional Campesina (FNC) protestaron este lunes frente a las oficinas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) en este distrito. Solicitan que se elimine el contrabando y se suspenda la emisión de Autorizaciones Fitosanitarias de Importación (Afidis) para dar prioridad al producto nacional en el mercado local.
El contrabando de cebolla de países vecinos afecta gravemente al sector y amenaza a muchas familias que dependen de esta producción. Los productores destacaron que en unos quince días habrá una gran cantidad lista para el mercado, pero el precio actual en finca es de solo 2.500 guaraníes por kilo, mucho menos que el costo de producción de 4.000 guaraníes por kilo, creando un gran desequilibrio.
Con carteles y proclamas, los manifestantes señalaron la falta de control en las fronteras, lo que facilita la entrada de cebolla de contrabando en grandes cantidades al mercado local.
El productor Juan Ovelar comentó que un kilo de semilla cuesta aproximadamente 2.800.000 guaraníes. Además, es necesario tratar las plantas al menos dos veces por semana con productos agrícolas. Indicó que el costo de la producción se ha triplicado y que necesitan mayor apoyo del Gobierno.
Ovelar enfatizó que el Estado debe proteger la producción nacional y ayudar a los pequeños productores agrícolas que sufren cada año por el contrabando sin recibir respuestas efectivas.
Por su parte, el director departamental del Senave, Antonio Escandriolo, explicó que el combate al contrabando es responsabilidad de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pero que Senave contribuye asegurando la correcta documentación de los productos. Mencionó que los agricultores tienen una aplicación móvil para registrar sus productos destinados al mercado nacional.
Agregó que el Senave emite las Afidis según lo solicitado por la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y que están sujetos a las disposiciones de las entidades responsables de asegurar la producción nacional.
Los productores advirtieron que, si no se toman medidas, podrían intensificar sus protestas hasta obtener respuesta de las autoridades competentes.
Un recolector de plásticos fue arrestado tras robar dos teléfonos de un comercio en el microcentro de Asunción. Agentes de la Comisaría 3ª lo interceptaron mientras intentaba escapar.
El joven, Víctor Alfredo Medina, sin antecedentes penales, fue detenido después de sustraer dos celulares de un local en las calles México y Manuel Domínguez. La víctima, Leislao Martínez, mencionó que fue alertado por un vecino tras ingresar brevemente al fondo del local y percatarse de un extraño.
“Cuando miré ya no estaba, salimos y vimos al chico irse despacio y luego correr. Un vecino me señaló y lo seguimos”, contó Martínez a ABC TV. Durante la persecución, el comerciante vio una patrulla sobre Manuel Domínguez y pidió ayuda. Los agentes detuvieron al sospechoso.
A pesar de no hallar nada inicialmente, luego encontraron un celular oculto en un termo. El caso fue comunicado al Ministerio Público para las diligencias necesarias.
Nacionales
PGN 2026: Propuestas de incremento desde el sistema judicial alcanzan US$ 94,8 millones
En la reciente sesión informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, celebrada el lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública solicitaron aumentos por más de G. 747.000 millones (US$ 94,8 millones).
Los principales referentes del Poder Judicial y sus organismos auxiliares defendieron sus proyectos de presupuesto para 2026 ante dicho comité. Esta comisión del Poder Legislativo se encarga de analizar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año fiscal.
El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento una propuesta de presupuesto de G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones) el 25 de agosto, lo que representa un aumento del 12% respecto al presupuesto de 2025. En este documento, se asignan a la Corte Suprema de Justicia poco más de G. 1,9 billones (US$ 243,1 millones), también un 12% más que el año anterior.
El Ministerio Público recibe G. 763.074 millones (US$ 96,8 millones), un 0,8% más, y el Ministerio de la Defensa Pública, G. 294.333 millones (US$ 37,3 millones), con un incremento del 1,5%. Sin embargo, las instituciones buscaron más recursos ante la bicameral.
La Corte Suprema solicitó un presupuesto de más de G. 2,3 billones (US$ 291,8 millones), un aumento de G. 421.347 millones sobre lo asignado por el Ejecutivo. El Ministerio Público pidió más de G. 1 billón (US$ 134 millones), un incremento de G. 293.531 millones frente a la propuesta inicial. El Ministerio de la Defensa Pública solicitó una adenda de G. 32.548 millones.
El total solicitado por las tres instituciones supera la propuesta del Ejecutivo en G. 747.428 millones (US$ 94,8 millones). También solicitan la creación de unos 1.505 cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de mejoras salariales y beneficios para los empleados.
La Comisión Bicameral se reunirá nuevamente el jueves 9 para recibir a 17 gobernadores que defenderán sus proyectos de presupuesto para 2026, quienes podrían también solicitar más fondos.
El gobernador de Guairá, César Sosa, representando al Consejo de Gobernadores, se reunió con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para evaluar los presupuestos de las gobernaciones y los programas financiados por el gobierno. Según Sosa, se discutió la gestión del programa Hambre Cero, administrado por 15 Gobernaciones, y se busca optimizar su implementación.
Nacionales
Constructora vinculada al grupo Cartes obtiene contratos millonarios para hospitales mediante Itaipú
La empresa constructora Jiménez Gaona y Lima (JGL), relacionada con el Grupo Cartes, ha vuelto a destacarse en las licitaciones de importantes obras públicas. A través de Itaipú Binacional, el Gobierno, en consorcio con otras compañías, le otorgó la construcción de los hospitales de Curuguaty y Mariscal Estigarribia por un total de 44 millones de dólares. Se sospecha de un conflicto de intereses, ya que Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, fue gerente general de JGL, hoy forma parte del consejo de Itaipú y dirige el ministerio responsable de ejecutar estas obras.
La empresa JGL, relacionada con el Grupo Cartes, se afianza como una de las principales favorecidas con las adjudicaciones de los hospitales promovidos por el gobierno de Santiago Peña, a través de Itaipú Binacional bajo la administración de Justo Zacarías. El expresidente Horacio Cartes había transferido sus acciones en febrero de 2023 a sus hijos, tras ser declarado “significativamente corrupto” por EE.UU. en julio de 2022. Actualmente, JGL lidera las adjudicaciones en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en los procesos de licitación de Itaipú. Las obras serán ejecutadas por el MOPC, liderado por Centurión, mediante acuerdos con Itaipú y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
El MOPC confirmó que Itaipú adjudicó al Consorcio Norte Salud—integrado por JGL, Proel Ingeniería e ITASA—el diseño y construcción del Hospital General de Curuguaty. El monto del contrato es de más de 19 millones de dólares y se ejecutará en 24 meses. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó al Consorcio Salud Occidental S.A.E., integrado por JGL, Proel e ITASA, el diseño y construcción del Hospital General del Chaco en Mariscal Estigarribia por un total de 25 millones de dólares, con un plazo de 21 meses.
Claudia Centurión fue gerente general de JGL antes de asumir como ministra del MOPC, que ahora ejecutará las obras adjudicadas a través de Itaipú. Respecto a un posible conflicto de intereses, Centurión afirmó estar inhibida de los procesos y que ha cumplido con los procedimientos legales pertinentes. Sin embargo, omitió que desde septiembre de 2024 también forma parte del Consejo de Administración de Itaipú, lo que le confiere influencia en ambas instituciones involucradas. Ante la pregunta sobre la designación del equipo técnico encargado de supervisar los trabajos de su exempresa, Centurión prefirió no responder y se retiró de la entrevista.
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