Nacionales
Policía vincula a suboficial acusado de matar a Rodrigo Quintana con el Clan Rotela
El suboficial Gustavo Florentín, acusado de matar al joven liberal Rodrigo Quintana, habría formado parte de una banda de asaltantes a las órdenes del Clan Rotela, según datos que maneja la Policía. El uniformado, que sigue en actividad, fue detenido tras un procedimiento en Areguá.
El suboficial Gustavo Florentín, procesado por la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana en el 2017, fue detenido el miércoles en posesión de armas largas y varias dosis de droga en una vivienda de Areguá.
El uniformado, que aún se encuentra en actividad, ya tenía orden de captura por un caso de asalto ocurrido el 11 de diciembre de 2024. El uniformado habría sido reclutado por el Clan Rotela para formar parte de una banda de asaltantes.
“Se tuvo la certeza de que esta persona se encontraría en el lugar, vimos que llegaban los vehículos y estaban bajando algunas cosas”, reveló a radio Monumental 1080 AM el comisario César Diarte, uno de los que intervino en el operativo de detención.
🔴 Policía acusado de asesinar a Rodrigo Quintana contaba con orden de detención por robo agravado, refiere comisario
👉🏼 El suboficial ayudante Gustavo Adolfo Florentín Silva, acusado de matar de un disparo al joven liberal Rodrigo Quintana, en el 2017, fue detenido este… pic.twitter.com/eoyzzXQ58l
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 13, 2025
Florentín, al percatarse de la presencia policial, intentó reaccionar contra los agentes que ingresaron a su domicilio, pero éstos lograron detenerlo antes que se produzca un intercambio de disparos.
En su vivienda encontraron armas largas que están siendo peritada por los expertos, que están cotejando imágenes de varios atracos en el área central donde se utilizaron elementos similares, para determinar si fueron utilizadas por Florentín.
Ante la pregunta sobre si Florentín sería integrante del clan Rotela, el comisario Diarte dejó abierta la posibilidad. “Aparentemente, no se descarta por las imágenes y durante su detención también”, refirió.
El comisario también mencionó que Florentín es personal activo de la Policía Nacional y debía presentarse a la Dirección de Policía de Cordillera, lo cual no hizo y por ello se le abrió un sumario.
Gustavo Florentín es sindicado de haber efectuado el disparo que acabó con la vida del joven Rodrigo Quintana, en los hechos registrados entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del año pasado.
Según datos del Ministerio Público, Florentín ingresó a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ubicada entre las calles Iturbe casi Manuel Domínguez de Asunción, junto a otros uniformados, sin una orden judicial.
Fuente: Última Hora
En una supuesta disputa, un hombre de 29 años murió tras ser herido con un machete dentro de una casa abandonada en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá, Itapúa. Tanto él como el presunto agresor tenían antecedentes por robo y violaciones a la Ley 1340.
Agentes de la Comisaría 115ª de Arroyo Porã respondieron al incidente, descubriendo al hombre gravemente herido en el patio de la vivienda. Pese a la asistencia de los bomberos, se confirmó su fallecimiento. La víctima, Luis Alfredo Almada Echeverría, tenía antecedentes por robo y hurto; había sido detenido recientemente pero liberado.
El supuesto agresor, Arnaldo Raúl Morínigo Cabrera, de 23 años, fue detenido en el lugar. Morínigo también tenía antecedentes por delitos cometidos en 2019 y 2024. Inicialmente dijo que discutió con Almada, pero luego cambió su declaración, alegando que Almada se hirió a sí mismo.
Los investigadores encontraron cortes leves en Morínigo, sugiriendo una posible pelea. También se sospecha que el lugar es frecuentado por personas que consumen drogas o alcohol. El machete fue incautado y entregado al fiscal, Ever Williams.
La casa ya había sido allanada antes en mayo durante una investigación de asesinato, donde se encontraron drogas y se detuvo a vecinos.
El Tribunal de Sentencia, encabezado por Manuel Aguirre e incluyendo a Lourdes Garcete y Juan Ortiz, sentenció este lunes a Blas Manuel Velázquez Fernández, ex síndico de Quiebras, a seis años de prisión por la doble venta de una propiedad en Mariano Roque Alonso, ocurrida entre 2017 y 2018, con la mayoría de votos de Garcete y Ortiz.
Velázquez Fernández fue encontrado culpable de lesión de confianza y la creación de documentos públicos falsos.
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Al votar en disidencia, el presidente del tribunal, Manuel Aguirre, propuso una condena de dos años con suspensión y compensación inmediata a las víctimas de G. 513.600.000, el valor en aquel momento del terreno en cuestión.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Benjamín Vera, había solicitado siete años de cárcel para Velázquez, vinculado al ex ministro de la Corte Suprema, Antonio Fretes.
La acusación fue iniciada por la fiscal Natalia Cacavelos y luego asumida por el fiscal Julio Ortiz, quien fue recusado por el abogado de la querella adhesiva, Alejandro Nissen, representando a víctimas como Rossana Domínguez Vda. De Sabaté y Joaquín Di Tore.
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Declaraciones del juez Aguirre
Manuel Aguirre subrayó la importancia de la compensación inmediata a las víctimas y criticó a la Fiscalía por su investigación enfocada únicamente en Velázquez, dejando de lado a otros involucrados.
Sugirió que pudo haber complicidad entre el evaluador y la jueza Julia Alonso, quien aprobó la venta basada en el dictamen de Velázquez, pese a no ser vinculante.
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Detalles de la maniobra de Velázquez
Blas Manuel Velázquez, como síndico en el caso “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental s/ declaración de quiebra”, solicitó la venta de la finca 12.096. La jueza Julia Alonso permitió la venta a Edgar Ramón Larramendia Vera por G. 31.000.000, justificando la operación como beneficiosa para la masa concursal.
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Venta previa del inmueble
El Ministerio Público reveló que la propiedad ya había sido vendida el 29 de mayo de 2009 a Miguel Ángel Sabaté Ostertag por G. 71.000.000, superando ampliamente el precio de la segunda venta aprobada.
Pese al pago completo de la primera venta, Velázquez ignoró este hecho y procedió con la transacción menos favorable.
El dinero de la primera venta permaneció depositado, asignado por el síndico Velázquez para una devolución a Sabaté Ostertag.
La finca 12.096, vendida en 2017 por G. 31.000.000, reportó un daño económico de G. 519.340.480 a la masa concursal, según la acusación fiscal.
Nacionales
PGN 2026: Defensa anunció la entrega de radares comprados en un plazo de 30 meses
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso inició este lunes las sesiones informativas para analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, recibiendo primero al ministro de Defensa Nacional, Óscar González.
El proyecto asigna al Ministerio de Defensa un total de G. 2,7 billones (US$ 350,3 millones) para el próximo año, lo que representa un incremento de G. 293.945 millones (US$ 37,2 millones) o un 11,9% más que el presupuesto 2025.
El ministerio planifica sumar 742 nuevos efectivos, adquirir material bélico y servicios de seguridad, según reportó el Ministerio de Economía y Finanzas.
El ministro González enfatizó que el fortalecimiento del ministerio es una prioridad para el presidente Santiago Peña, aunque reconoció que hay otras instituciones que también requieren apoyo.
Durante la sesión, se discutió la creación de 1.076 cargos, incluyendo fondos para combustible y seguro de seis aviones Super Tucano adquiridos de Brasil. El mantenimiento de estos aviones deberá presupuestarse para 2028.
Sobre los radares comprados, el ministro informó que operan actualmente con dos radares móviles reparados en Israel por US$ 1.080.000, sin detectar vuelos irregulares en una operación inicial en el sur. Además, mencionó un centro de comando y nueve radares comprados a una empresa estadounidense por US$ 45 millones, con entrega prevista en 30 meses desde enero pasado.
En cuanto a los gastos reservados de más de G. 12.000 millones, el ministro defendió su uso, argumentando que con estos fondos lograron abatir a Rubén Darío “Loro” López, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Finalmente, sobre la Finca 916, invadida y con construcciones, González informó que el asunto está judicializado y la Procuraduría General de la República trabaja en su recuperación.
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