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Pobladores dejan basura frente a la Municipalidad de Arroyos y Esteros en protesta contra el intendente

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Pobladores dejan basura frente a la Municipalidad de Arroyos y Esteros en protesta contra el intendente
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Arroyos y Esteros: La tensión entre la Municipalidad y los ciudadanos volvió a estallar el lunes por la tarde, cuando un grupo de residentes lanzó bolsas de basura frente al edificio comunal en protesta contra el intendente José Filippi Vera (ANR).

Los desechos fueron trasladados desde la localidad de Mainumby, donde los vecinos acusan al jefe comunal de haber ordenado el vertido de basura días atrás.

Con micrófonos en mano, los manifestantes expresaron sus quejas, acusando directamente a Filippi de ser «corrupto» y de poner en peligro los recursos naturales de la zona.

«Señor basurero José Filippi Vera, aquí le devolvemos su basura que mandó a tirar en los humedales, contaminando nuestros ríos y sin pensar en el futuro de nuestros hijos», exclamó una vocera durante la manifestación.

Los ciudadanos pidieron a los policías en el lugar que se apartaran, aclarando que la protesta no era contra ellos, sino contra las decisiones de las autoridades municipales.

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Un conflicto de larga data

Este conflicto se remonta a 2024, cuando la empresa El Farol S.A., que controla la recolección de basura en Asunción y Central, intentó abrir un depósito de desechos en los humedales de Arroyos y Esteros.

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Representada por José Fernando Vega, Adelaida Cañete Ojeda, Gonzalo Eduardo Enjunto, Ángel Gómez Rivarola y Hans Herman Staseek, la empresa ha expandido su influencia a otras regiones en la última década. Esta iniciativa generó un fuerte rechazo de la comunidad.

La situación se complicó más a principios de este año cuando se confirmó que la Municipalidad, con el apoyo del gobernador Denis Lichi (ANR) y del intendente Filippi Vera, promovía la construcción de un vertedero en Mainumby, a solo 1.400 metros del río Piribebuy.

Vecinos, agricultores de caña y concejales denunciaron que el proyecto pone en riesgo la biodiversidad, el agua y la producción de caña de azúcar orgánica, una actividad clave en la región.

En febrero, las protestas alcanzaron su punto máximo cuando un grupo de vecinos ocupó la Municipalidad, y nueve concejales apoyaron las demandas, logrando la revocación de la decisión que permitía el vertedero.

Paralelamente, se presentó una acción de amparo constitucional, alegando que el proyecto fue aprobado sin consulta pública ni estudios de impacto ambiental.

Así se ve la zona donde se pretendía hacer un vertedero en Arroyos y Esteros.

Creciente desconfianza ciudadana

Lo sucedido el lunes destaca la falta de confianza hacia las autoridades locales. En lugar de atender las demandas ambientales y sociales, el intendente Filippi es acusado de repetir acciones que la comunidad ya había rechazado, como el vertido irregular de basura en áreas frágiles.

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La protesta demuestra que en Arroyos y Esteros, los ciudadanos están decididos a proteger sus recursos naturales, incluso enfrentándose a las instituciones locales. La devolución pública de desechos fue un acto simbólico de resistencia y una advertencia: la comunidad no permitirá que sus humedales y su agricultura sean sacrificados por intereses empresariales o políticos.

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En el pasado, cuando los residentes ocuparon la Municipalidad en enero, el intendente José Filippi Vera (ANR) negó responsabilidad, diciendo que la zona destinada al vertedero no era de riesgo, tratando de minimizar las preocupaciones ante el proyecto controversial.

Nuevamente se intentó contactar a Filippi para discutir la situación actual, pero no respondió. También se intentó hablar con el gobernador Denis Lichi (ANR), sin obtener respuesta.

Estamos disponibles si desean hacer comentarios sobre el caso.


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Ferreira advierte que el término «Privilegios» en una ley es inaceptable y arriesgado

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Ferreira advierte que el término «Privilegios» en una ley es inaceptable y arriesgado
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El exdirector de la ANDE, ingeniero Pedro Ferreira, envió a la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos su opinión sobre la propuesta de ley que plantea trasladar el Viceministerio de Minas y Energía (VMME) del Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Ferreira señaló que el cambio no sería negativo si se mantienen las funciones actuales, pero expresó su preocupación por la inclusión de nuevas atribuciones, particularmente la de «considerar privilegios», calificándola de «inadmisible y peligrosa». Según él, esto podría abrir la puerta a discrecionalidad, corrupción e inequidad en el sector energético, que mueve más de 1.000 millones de dólares anuales.

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También advirtió sobre la posible duplicación de funciones entre el MIC y la ANDE, lo que podría causar un caos administrativo, especialmente en un momento crítico debido a la reducción de disponibilidad energética de Itaipú, Yacyretá y Acaray.

El ingeniero Ferreira sugirió eliminar el término privilegios y aclarar las derogaciones legales para evitar conflictos jurídicos.

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Diputados niegan la Ley «Anti Beto»

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Diputados niegan la Ley «Anti Beto»
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En medio de un intenso enfrentamiento entre cartistas y abdistas en la Cámara de Diputados, se rechazó un proyecto de ley que buscaba modificar el Artículo 170 del Código Electoral, conocido como la «Ley anti Beto». Este proyecto pretendía cambiar la numeración de candidatos en listas plurinominales para que el orden en la lista no corresponda con su ubicación en la lista.

El diputado Roberto González (ANR-Añetete) argumentó que la ley actual no respeta el principio de igualdad y crea una discriminación injusta entre candidatos, impulsando así la modificación del artículo. González señaló que algunos candidatos han aprovechado el sesgo cognitivo para obtener escaños sin verdadero respaldo popular.

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González destacó que el sistema actual distorsiona los resultados de la voluntad popular, beneficiando a unos y perjudicando a otros, y citó las elecciones anteriores como ejemplo, donde el desbloqueo de listas favoreció a candidatos con el mismo número de orden que su lista, como Silvio “Beto” Ovelar.

Por su parte, el cartista Hugo Meza afirmó que algunos candidatos, frustrados por perder su influencia en el departamento de Cordillera, no pueden aceptar la victoria de ciudadanos comunes. Meza defendió el sistema electoral actual, afirmando que ha producido uno de los Congresos más legítimos en la historia de Paraguay.

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Finalmente, los cartistas, con su mayoría, archivaron el proyecto, insistiendo en que el sistema electoral vigente ha elegido a “uno de los mejores Congresos” del país.

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Con determinación: Gianina García permanecerá en Viñas Cue a pesar de la solicitud de internación.

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Con determinación: Gianina García permanecerá en Viñas Cue a pesar de la solicitud de internación.
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La jueza penal especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, rechazó hoy una solicitud de tutela jurisdiccional presentada por el abogado Rafael Alcides Blanco, quien forma parte del equipo defensor de Gianina García Troche. García Troche, vinculada al caso A Ultranza, es pareja del narcotraficante Sebastián Marset. La decisión se tomó a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 190.

Rafael Blanco había solicitado que su clienta fuera trasladada a un centro de salud adecuado para recibir atención especializada, cubriendo todos los gastos necesarios. La petición se basó en un informe del abogado Christian González, otro defensor de García Troche, quien la visitó en el penal de Viñas Cue el 23 de julio y la encontró en «estado de salud deplorable». Según el informe, presentaba lesiones que podrían ser signos de trastornos sanguíneos.

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La jueza afirmó que desde el ingreso de García Troche al Penal Militar de Viñas Cué, ha recibido atención médica constante por parte de especialistas. Además, destacó que ha sido evaluada por médicos clínicos, ginecólogos, psicólogos y psiquiatras, y se le han hecho exámenes médicos necesarios.

El 24 de julio se dispuso que médicos especialistas de Viñas Cue, incluyendo las doctoras Beatriz Mareco y Patricia Muñoz, revisaran su estado. Además, el Director del Penal solicitó la intervención del Ministerio de Salud. El 25 de julio, un equipo médico del Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad, que incluye ginecólogos y otros especialistas, atendió a García. Los resultados preliminares indicaron que no había riesgo para su vida, aunque se recomendó una nueva revisión en 30 días.

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En cuanto a la investigación, la Fiscalía de Paraguay acusa a Gianina García de formar parte de una estructura para disfrutar de ganancias del tráfico de drogas y de abrir cuentas para movilizar dinero ilícito. En noviembre de 2023, se supo que la notificación roja contra ella fue temporalmente suspendida, facilitando su movimiento. En abril pasado, la Audiencia Nacional de España aprobó su extradición a Paraguay, después de rechazar su solicitud de asilo allí. García Troche enfrenta una posible condena de entre 5 y 25 años de prisión en Paraguay. Fue detenida el 17 de julio de 2024 en Madrid tras ser expulsada de Emiratos Árabes Unidos y extraditada a Paraguay el 21 de mayo.

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