En el contexto del caso «Sobres del poder» que involucra al presidente Santiago Peña, se espera que mañana los Diputados puedan aprobar la ley de Datos Personales. Esta ley podría debilitar las normativas de transparencia pública. La decisión recaerá en Peña, quien deberá elegir entre ocultar información o vetar la ley para preservar la transparencia de los datos públicos.
La Cámara de Diputados nuevamente debatirá el proyecto de ley sobre «protección de datos personales en Paraguay», criticado por poner en riesgo las leyes de acceso a la información pública. Esta ley impacta directamente al presidente Peña, quien enfrenta solicitudes de datos relacionadas con el caso mencionado.
La transparencia de Peña se verá reflejada en la decisión que tome respecto a sancionar o vetar esta ley que, en su tercer trámite en Diputados, amenaza con erosionar la transparencia. Si Peña promulga la ley, tendrá el poder de negar la divulgación de datos como las entradas y salidas en la residencia presidencial.
Se ha descubierto que el presidente se reúne frecuentemente con beneficiarios de millonarias licitaciones en un quincho donde supuestamente se encontraron sobres con grandes sumas de dinero. En caso de negativa de Peña o cualquier funcionario a proporcionar datos, una agencia del Ejecutivo decidirá sobre la solicitud, lo cual es cuestionable debido a su subordinación al presidente.
Los cartistas modificaron intencionadamente el proyecto original de «protección de datos personales», agregando elementos que atentan contra la transparencia pública para proteger a sus relacionados y ocultar información sobre recursos públicos.
Peña ha mostrado poco interés en la transparencia desde el inicio, aprobando modificaciones adversas a la Ley de Conflicto de Intereses y reaccionando molesto cuando se revelaron detalles de su vida personal y profesional que implican posibles conflictos de interés.
Por otro lado, las leyes Nº 5189/14 y Nº 5282 están en riesgo. La primera regula el acceso a datos como listas de empleados y gastos públicos, mientras que la segunda garantiza acceso sin restricciones a la información pública. Ambas podrían verse afectadas por la nueva ley, limitando el acceso a datos cruciales sobre gastos y viajes estatales.
En resumen, la potencial eliminación de leyes de transparencia sería un golpe importante, dado que el cartismo ha bloqueado discusiones en el Congreso y ha impedido el acceso tanto a nivel legislativo como ciudadano, a pesar de ser un derecho constitucional.