Nacionales
«Pavo Real II: Fiscalía solicita juicio para el hijo de ‘Lalo’ Gomes y exoneración para banqueros»
Los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Elva Cáceres y Andrés Arriola acusaron a Alexandre Rodrigues Gomes, de 38 años, hijo del fallecido exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. Solicitaron el sobreseimiento definitivo de Luis María Zubizarreta Zaputovich, de 85, y John Gerald Matthias Gaona, de 52.
Según el documento presentado al juez especializado en crimen organizado Osmar Legal, el acusado era parte de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de un esquema de tráfico de drogas liderado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, desarticulado en la operación «Pavo Real II».
El caso comenzó hace un año, el 19 de agosto de 2024, cuando fue imputado por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, seguido de varios allanamientos en Pedro Juan Caballero, incluyendo la casa del entonces diputado Eulalio Lalo Gomes Batista, quien fue abatido por la Policía Nacional. El juzgado solo admitió la imputación contra los demás involucrados.
Óscar Daniel Cabreira Pinazo, uno de los acusados, se quitó la vida el 7 de agosto durante una investigación por lavado de activos relacionado con casas de cambio.
La acusación indica que, según las autoridades brasileñas, Alexandre Rodrigues Gomes está vinculado con la organización de Jarvis Chimenes Pavão. Conversaciones en una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento, hijo de Jarvis, sugieren transacciones de bienes en Paraguay. Propiedades como la «Estancia Negla Poty» en Bella Vista Norte, adquirida el 21 de mayo de 2020, formaban parte del patrimonio adquirido ilegalmente.
La fiscalía sostiene que Alexandre y su padre usaron sus influencias en el sector ganadero para mover fondos ilícitos en Paraguay. La acusación detalla pruebas de esta actividad y conexiones con el tráfico internacional de drogas.
Alexandre Rodrigues fue acusado de participar en el tráfico de drogas y beneficiarse de este comercio. La acusación indica que realizaba actividades en el país y en naciones como Bolivia y Brasil, participando en planificación, financiamiento y monitoreo de operaciones. Comunicación en Sky ECC contenía detalles de estas actividades, incluyendo armas y estupefacientes.
La fiscalía destaca que Alexandre fue un miembro activo y jerárquico de la organización criminal entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
Finalmente, se solicitó el sobreseimiento de Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthias, ya que no se encontró evidencia suficiente de participación intencional o negligencia grave. La fiscalía concluye que se agotaron todas las investigaciones posibles sin encontrar nuevas pruebas.
El intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo, manifestó nuevamente su preocupación por la grave crisis de seguridad y la influencia del crimen organizado en su localidad, tras recientes asesinatos. Según Acevedo, los mismos comisarios admiten que no pueden actuar porque muchos oficiales están sobornados y quienes desean trabajar correctamente temen por su vida.
Acevedo denunció una nueva ola de sicariatos que resultó en al menos cinco muertos en tres días. Lamentó la muerte de personas inocentes, como un mecánico que fue alcanzado por una bala mientras compraba repuestos durante un tiroteo en General Bruguez y Yegros.
El intendente describió escenas de «terror cinematográfico» en el centro de la ciudad, con más de 100 disparos cerca de un colegio con 2,000 estudiantes durante la salida de clases.
Acevedo afirmó que la Policía está infiltrada por el crimen organizado, lo que fue confirmado por varios comisarios que sienten impotencia ante las mafias. Algunos policías quieren trabajar correctamente, pero son traicionados y amenazados por otros.
El intendente advirtió que Pedro Juan Caballero podría convertirse en un «nuevo Sinaloa», reflejando la situación crítica de esa ciudad mexicana dominada por cárteles peligrosos. Acusó a las autoridades nacionales de abandonar la zona fronteriza y criticó la falta de respuestas.
Según Acevedo, tras algún hecho grave, el Gobierno envía recursos y atención mediática, pero pronto se olvidan de los problemas de seguridad. Exigió una intervención real del Gobierno, mayor presencia estatal y apoyo a las fuerzas de seguridad no corruptas.
Finalmente, Acevedo expresó su frustración al sentir que la situación no mejorará y que pronto volverán a ser ignorados.
Nacionales
«Bachi» propone eliminar a defensores de derechos humanos del proyecto de protección a periodistas
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), señaló que la bancada cartista planea modificar el proyecto de ley de protección a periodistas para eliminar a los defensores de los derechos humanos de su ámbito.
La bancada aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el proyecto de ley que busca proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, que surge por recomendaciones internacionales tras la sentencia en el caso de Santiago Leguizamón, asesinado en 1991. Sin embargo, Núñez indicó que es probable que apoyen la modificación del proyecto para excluir a los defensores de derechos humanos.
“Nos inclinamos por modificar la ley. Respetamos la sentencia de la Corte-IDH, pero no queremos incluir a los defensores de derechos humanos con los periodistas”, comentó.
Además, Núñez sugirió que la protección de los derechos humanos debería ser tarea de la Defensoría del Pueblo, que ya tiene su propia ley, y propuso crear una normativa específica para ellos.
El legislador también rechazó la creación de una comisión de protección al sector periodístico, subrayando que esto no fue recomendado por la Corte-IDH. Criticó que el proyecto no incluya al presidente del Congreso en dicho mecanismo, limitándose solo a los titulares de las comisiones de Derechos Humanos.
Sobre la idea de un Ministerio de la Comunicación, Núñez abogó por una audiencia pública para reunir a todos los sectores, admitiendo que esto no se ha hecho hasta ahora. También destacó que no se deberían copiar leyes de otros países, como México, para proteger a los periodistas.
En cuanto al proyecto de ley de Protección de Datos, expresó que la mayoría apoyará la versión del Senado.
La Dirección de la Policía Nacional de Amambay informó que una de las víctimas del tiroteo en Pedro Juan Caballero falleció el miércoles por la madrugada. El incidente ocurrió el martes anterior.
Víctor Manoel Benites, brasileño de 46 años, murió en el Hospital Regional tras recibir disparos mientras compraba en una tienda de repuestos para motocicletas en General Bruguez casi Yegros, donde comenzó el tiroteo.
El ataque, que dejó tres heridos, tuvo como objetivo a Luis César Argüello, de 44 años, quien se encuentra en estado crítico en un sanatorio privado. Otro herido fue un adolescente de 15 años, mientras Benites también recibió disparos mientras estaba en la tienda de repuestos.
Hasta ahora, la Policía Nacional no ha reportado avances en la investigación de este y otros dos atentados recientes en la ciudad.
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