Nacionales
Paraguayo cae con más de 310 kilos de marihuana en Foz
Un compatriota fue detenido en la aduana brasileña al intentar ingresar 310 kilos de marihuana ocultos en un camión. El operativo se realizó durante un control de rutina en el Puente de la Amistad, en Foz de Iguazú.
Ayer, un ciudadano paraguayo fue detenido en la aduana brasileña al intentar ingresar al país con 310,20 kilogramos de marihuana prensada, ocultos en un doble fondo de su camión. El operativo, que se llevó a cabo durante un control de rutina, estuvo a cargo de la Receita Federal, con el apoyo de la Policía Federal y la Fuerza Nacional.
El vehículo, con chapa paraguaya, fue interceptado al cruzar el Puente de la Amistad desde Ciudad del Este. Según información de las autoridades, el conductor mostró un comportamiento nervioso y ofreció respuestas contradictorias durante el interrogatorio, lo que llevó a una inspección exhaustiva. Fue entonces cuando se descubrió el compartimiento oculto que contenía los paquetes de droga.
El detenido, quien no portaba documentos de identidad al momento del operativo, fue trasladado a la base de la Policía Federal para las diligencias correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar si el conductor forma parte de una red de tráfico transnacional.
Fuente: Diario Hoy
Nacionales
Conflictos en Ciudad del Este: enfrentamientos entre colorados y oficialistas en un sitio de votación
En el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, se produjo un altercado verbal con algunas confrontaciones físicas este domingo. La diputada cartista Rocío Abed y su esposo, Justo Zacarías Irún, asistieron acompañados por partidarios de Honor Colorado, quienes provocaron a los simpatizantes opositores.
Durante las votaciones en Ciudad del Este, se vivió un ambiente tenso al llegar la diputada Rocío Abed (ANR-HC) y Justo «Lucho» Zacarías Irún, actual director paraguayo de Itaipú. La pareja llegó al Centro Regional para votar, escoltada por seguidores colorados que lanzaban consignas a favor del Partido Colorado (ANR).
La presencia del clan Zacarías generó reacciones molestas entre simpatizantes del oficialismo local, encabezado por Yo Creo, quienes respondieron con gritos, llevando a empujones y discusiones entre ambos grupos.
Según videos, Rocío Abed intercambió palabras con algunos votantes al salir. Respondió a los abucheos de los opositores con gestos desafiantes, mientras la policía trataba de controlar la situación.
También estuvo presente el diputado Esteban Samaniego, quien acompañaba a la pareja Zacarías-Abed durante el incidente. Samaniego tiene antecedentes de situaciones violentas en el pasado.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió el 7 de noviembre la resolución N° 1803, en la que extiende la resolución N° 29.664, del 5 de octubre de 2017, que prohíbe la difusión y uso de materiales impresos y digitales relacionados con la teoría o ideología de género en las instituciones educativas bajo su jurisdicción.
La resolución N° 29.664, emitida en octubre de 2017, fue promulgada por el ahora ministro del Interior, Enrique Riera, quien estaba al frente del MEC en ese momento. Fue en respuesta a la presión de grupos provida y profamilia, incluyendo aquellos liderados por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante de Capitol Ministries en Paraguay.
Durante esa época, el actual ministro de seguridad incluso ofreció quemar libros sobre “ideología de género” en una plaza pública para mostrar su postura.
Con la nueva resolución, firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, y Gustavo Rodas, secretario general del MEC, no solo se prohíben libros sobre “ideología de género”, sino que también se elimina la palabra «género» de todos los materiales educativos, independientemente del formato.
La normativa aclara que se reemplazan términos como “igualdad, igualdad de género, equidad, enfoque de género y perspectiva de género”, por “igualdad entre hombres y mujeres”.
La terminología incluye también las palabras sexo e inclusión. En cuanto al término «sexo», se mantiene lo establecido en la Constitución Nacional, que reconoce la familia como el fundamento de la sociedad e incluye la unión estable entre un hombre y una mujer. El currículo del MEC respalda esto.
Sobre inclusión, el documento señala que se refiere a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se menciona el artículo 12 de la convención de Derechos Humanos, que defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y moral acorde a sus convicciones. También cita otros artículos de la Constitución Nacional sobre el derecho a la educación.
Por último, se declara en desuso los materiales educativos anteriores a la resolución N° 29664, del 5 de octubre de 2017.
El 9 de noviembre de 2025, el abogado Silvio Delvalle solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revise urgentemente un recurso contra la decisión que anuló su matrícula profesional. Según Delvalle, la sanción fue arbitraria e injusta, ya que solamente denunció irregularidades de magistrados en Paraguarí, bajo la protección del entonces ministro Antonio Fretes.
El recurso que presenta Delvalle desafía la resolución N° 673 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 12 de octubre de 2022, que anuló su matrícula. Argumenta que esta medida es injusta y arbitraria, y la semana pasada presentó un urgimiento debido a que lleva tres años sin poder ejercer.
El caso, relacionado con un permiso para viajar al extranjero en 2017 en Paraguarí, incluyó recusaciones y denuncias contra varios jueces. El juez instructor Rodolfo Heyn consideró que Delvalle actuó de forma irrespetuosa y dilatoria, recomendando la suspensión de su ejercicio profesional por un año.
Finalmente, el Consejo de Superintendencia, compuesto por Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, decidió la anulación de la matrícula de Delvalle.
En su defensa, Delvalle rememora persecuciones durante la dictadura stronista por defender la libertad. Alega que ahora enfrenta otra persecución por denunciar el actuar corrupto de magistrados, quienes protegen a criminales organizados. Según Delvalle, su accionar no amenaza al Estado, sino quienes son encubiertos por esta corporación judicial.
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