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Paraguay es el país más barato para vivir en Sudamérica en 2024, según informe
Un informe llevado a cabo por Numbeo, la base de datos colaborativa sobre países y ciudades más grande del mundo, posiciona a Paraguay como el país más barato del continente para vivir, gracias a los bajos precios de los servicios básicos.
Durante los últimos años, Brasil, Perú y Argentina fueron los países de Sudamérica más baratos para vivir. La situación se modificó tras la salida de la pandemia del Covid-19.
Ahora, el primer lugar del ranking de países baratos del continente lo ocupa Paraguay, según datos revelados por Numbeo, una base de datos colaborativa sobre países y ciudades.
Su metodología se basa en la recopilación de datos proporcionados por los usuarios y su comparación con estándares internacionales, como el índice de costo de vida de Nueva York.
El informe revela que Paraguay tiene un índice de costo de vida de 27,59, en comparación con el índice de 100 de Nueva York.
El índice se basa en una serie de factores como el costo de alimentos, alquiler, servicios básicos y otros gastos diarios.
Los bajos costos de estos servicios en Paraguay se dan por su economía y mercado inmobiliario accesible, señalan.
En Paraguay, el alquiler mensual de un apartamento o una habitación en el centro de las principales ciudades, como Asunción o Ciudad del Este, puede variar entre 300 y 400 dólares.
Este rango de precios refleja las fluctuaciones de la demanda y la oferta en áreas céntricas, donde la proximidad a servicios y actividades suele justificar el costo elevado.
Sin embargo, los residentes y posibles inquilinos que están dispuestos a trasladarse a zonas periféricas, a tan solo unos kilómetros del núcleo urbano, pueden experimentar una reducción significativa en sus gastos de vivienda.
En estos casos, el costo del alquiler podría disminuir hasta en un 40%, ofreciendo una alternativa más económica sin sacrificar demasiado en términos de comodidad y accesibilidad.
El costo de la comida en Paraguay es otro factor clave que posiciona a este país de Sudamérica como la alternativa más barata de la región.
Un viaje al supermercado para un hogar promedio costará alrededor de 150 a 200 dólares al mes.
La posibilidad de ir a los mercados, ferias de comida permanentes avaladas por el gobierno, abarata un poco más la cuestión.
En Asunción, una cena en los restaurantes más exclusivos puede costar entre 12 y 25 dólares por persona.
En tanto que es posible disfrutar de la cocina local en restaurantes más modestos, con platos principales que rondan entre los 3 y los 10 dólares.
Los que siguen en el ránking
Argentina y Bolivia siguen a Paraguay en el ranking de los destinos más accesibles. Argentina tiene un índice de costo de vida de 27,80 y un índice de alquiler de 6,78, mientras que Bolivia presenta un índice de costo de vida de 28,27 y un índice de alquiler de 7,41. Ambos países también ofrecen opciones económicas para quienes buscan una vida accesible en Sudamérica.
En contrapartida, Uruguay se posiciona como el país más caro para vivir en Sudamérica y ocupa el lugar 37 en esa escala entre 146 economías, por encima de Japón (47) o España (54).
El salario mínimo nacional actualmente equivale a unos 580 dólares. En Paraguay está en 370 dólares, según los expertos.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Fiscalía destaca la importancia del doleiro en presunto esquema delictivo de Alexandre Rodrigues
En el contexto del caso “Pavo Real Py II”, el Ministerio Público obtuvo información relacionada con el doleiro Óscar Cabreira, imputado por narcotráfico el 7 de agosto. Con base en nuevos datos de chats de WhatsApp y SKY ECC, se allanó su residencia en Pedro Juan Caballero. Ese mismo día, Cabreira se autoeliminó.
El análisis de las conversaciones identificó a Óscar Cabreira en SKY ECC bajo el alias “SIMBA” y el pin “R8QU8F”. Interactuó con Alexandre Rodrigues Gomes, quien usaba el alias “Givenchy” y el pin “LQEJGF”, así como con otros presuntos criminales.
La fiscalía resalta que Cabreira jugó un papel importante en la red criminal, siendo fundamental para las operaciones lideradas por Rodrigues. La actividad de Cabreira estaba ligada a la casa de cambios “Fénix Cambios”, facilitando el movimiento de dinero ilícito a través de redes financieras en Paraguay, Brasil, Bolivia y Europa.
Datos extraídos de dispositivos del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes revelan que él, junto a su hijo Alexandre Rodrigues y Cabreira, planificaron un vuelo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en febrero de 2020.
En diciembre de 2019 a febrero de 2020, Alexandre Rodrigues solicitó a su padre, a través de WhatsApp, coordinar el viaje con un piloto conocido como “Comandante Sotelo”.
El 7 de febrero de 2020, Lalo Gomes pidió a Alexandre una lista de acompañantes para el vuelo, la cual fue enviada mediante SKY ECC. Cabreira facilitó la lista de pasajeros, incluyendo a Alexandre Rodrigues, Óscar Daniel Cabreira, Ivanor Dametto y Luiz Cleversom Bertelli, presuntamente narcotraficantes.
Alexandre Rodrigues intercambió mensajes con su padre sobre los detalles del vuelo, que se originaría en el Hangar DECSA en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque. Lalo Gomes y el Comandante Sotelo discutieron las instrucciones finales para el vuelo del 10 de febrero de 2020.
El pago del vuelo, 9.000 dólares en efectivo, fue realizado por Óscar Cabreira antes del despegue. Durante el vuelo, Cabreira supuestamente coordinó encuentros con integrantes de organizaciones criminales. Registros migratorios confirman que Alexandre Rodrigues y Cabreira viajaron a Bolivia el 10 de febrero de 2020, regresando a Paraguay el 11 de febrero de 2020.
Este esquema, a diferencia del de capitalización individual, distribuye los recursos para cumplir con las obligaciones actuales. Si hay sobrantes, se invierten en el Fondo de Reserva, un recurso históricamente rentable para el Instituto de Previsión Social (IPS).
El sistema es de beneficio definido, permitiendo a cada trabajador conocer de antemano el monto aproximado que recibirá al jubilarse, siempre que cumpla con los requisitos. Existen tres tipos de jubilaciones:
1. Ordinaria: requiere 60 años de edad y 25 años de aportes.
2. Anticipada: permite acceder al beneficio a los 55 años con 30 años de aportes, otorgando el 80% del salario de referencia.
3. Proporcional: requiere 65 años de edad y 15 años de aportes, con una prestación equivalente al 60%.
Estos parámetros se mantienen constantes, excepto por el periodo de referencia para el haber jubilatorio basado en los últimos 120 meses de contribución, el cual se implementará gradualmente en 10 años. El IPS no planea modificar la edad mínima, ya que la mayoría se jubila después de los 60 años según estudios.
Las proyecciones financieras del estudio actuarial del IPS indican una tendencia preocupante: con un rendimiento promedio del 2%, las reservas se agotarían hacia 2047, en unos 22 años.
Impacto de la pandemia en los fondos del IPS:
En 2021, se pensaba que los aportes serían suficientes hasta 2038, pero la pandemia adelantó este equilibrio, afectando los ingresos. Aunque estos se recuperaron en 2021 y 2022, fue más lento que el aumento en gastos, debilitando la sostenibilidad financiera.
El adelantamiento en el uso de reservas se debe al Beneficio Adicional Anual (BAA), la inflación y el incremento del haber mínimo jubilatorio.
Sobre el BAA, regulado por la Ley N.º 731/95, el Consejo de Administración del IPS puede otorgar una prestación adicional. Este beneficio carece de su propia fuente de financiación, recayendo su costo en el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, comprometiendo su sostenibilidad.
Entre 2019 y 2025, el presupuesto para el BAA creció de G. 201.525 millones en 2019 a G. 492.962 millones en 2025, un aumento acumulado superior al 140%. Solo entre 2024 y 2025, el incremento fue del 32,2%.
La inflación, al superar las expectativas, también aumentó los costos. La proyección se basaba en una meta del 4% del Banco Central, pero fue del 6,8% en 2021 y del 8,1% en 2022, aumentando los gastos atribuibles a la inflación de US$ 9,8 millones en 2019 a US$ 35 millones en 2022.
El aumento del haber mínimo jubilatorio, que es el ingreso básico para los beneficiarios, también fue un factor. Hasta 2020, equivalía al 33% del salario mínimo, pero durante la pandemia aumentó: 50% en 2020, 75% en 2021, y volvió al 33% en mayo de 2024. Este incremento transitorio elevó los costos de US$ 4 millones en 2019 a US$ 17 millones en 2021.
El IPS enfrenta el reto de mantener el sistema sin afectar derechos adquiridos, en un contexto de envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y escaso dinamismo del trabajo formal.
Es crucial mejorar la gestión del fondo y promover políticas que amplíen la formalización laboral para garantizar la estabilidad a mediano plazo. También es urgente reformar para establecer financiamiento permanente para el BAA y limitar el uso del Fondo de Reserva en gastos no contributivos.
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Administrador sampedrano gestionó abundantes fondos, pero el municipio enfrenta grandes deudas
El intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Carlos Quiñónez (ANR-HC), que asumió el cargo en septiembre de 2023 en lugar del acusado Gustavo Rodríguez (ANR-HC), ha manejado G. 38.116 millones hasta septiembre, provenientes del Tesoro Nacional y fondos propios.
No obstante, estos recursos no se reflejan en mejoras en San Pedro de Ycuamandyyú, ya que las obras municipales casi no existen y la gestión de Quiñónez está marcada por presuntas irregularidades, deudas significativas a contratistas y falta de pagos a empleados.
El Ministerio de Economía y Finanzas le transfirió G. 22.487 millones entre royalties, Fonacide, juegos de azar y compensaciones sociales. En 2023 recibió G. 10.624 millones, en 2024 obtuvo G. 7.858 millones, y de enero a septiembre de 2025, unos G. 4.005 millones destinados a obras para los sampedranos.
Además, administró G. 15.629 millones de recursos genuinos. En 2023 la recaudación fue G. 4.888 millones, en 2024 alcanzó G. 5.673 millones, y este año ya se recaudaron G. 5.068 millones.
Quiñónez trató de hipotecar la comuna emitiendo bonos por G. 48 mil millones, propuesta que fue rechazada por la Junta Municipal tras presión ciudadana. Planeaba destinar G. 24 mil millones para un complejo deportivo, al que ya se asignaron G. 900 millones, pero solo se ha removido el suelo.
Debido a la falta de pagos, un acreedor retiró muebles de la Junta Municipal y varias obras, como un polideportivo en el barrio San Rafael, están paralizadas. Quiñónez solicitó recientemente un préstamo de G. 2 mil millones a la banca privada para pagar salarios, el cual será revisado por comisiones este miércoles.
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