Nacionales
Operativos por caso de libanés encontrado calcinado en Cambyretá
Dos allanamientos en Capitán Miranda y Cambyretá
Esta tarde se llevaron a cabo dos allanamientos en Capitán Miranda y Cambyretá, como parte de la investigación sobre el hallazgo de un cuerpo calcinado en la compañía Campichuelo el pasado 11 de septiembre. La víctima podría ser Mohamed Ali Awala, de 55 años, quien tenía un amplio historial delictivo, incluyendo trata de personas.
El primer operativo se realizó en una casa del barrio Ytororô de Capitán Miranda, hogar de Marcelo Rafael Alderete Ramos, de 29 años, con antecedentes por intento de homicidio en 2024. La operación fue liderada por el fiscal Enrique Fornerón, especializado en narcotráfico y lavado de dinero. Se confiscó un arma y dinero en efectivo.
El segundo allanamiento fue realizado por la fiscal Rocío Valdez. Durante la operación se incautaron dinero, una pistola, drogas como crack y cocaína, y un Toyota Premio plateado con matrícula BSP 635, supuestamente usado para cometer el crimen.
Detención y detalles adicionales
Nery Ismael González Vázquez, de 28 años y residente en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá, fue detenido. No tiene antecedentes, según la Policía Nacional. Se sospecha que podría haber otra persona detenida, posiblemente involucrada en el crimen y con antecedentes por intento de homicidio en 2024.
Los investigadores no descartan realizar más allanamientos relacionados con esta investigación.
Contexto del incidente
El 11 de septiembre, residentes de la colonia Paraná, en Cambyretá, reportaron que una camioneta fue incendiada junto al camino conocido como Ruta 14. Bomberos comprobaron que había un cuerpo calcinado dentro del vehículo. El suceso fue reportado a las 17:40 mediante el sistema 911. Aunque el cuerpo aún no ha sido identificado, se reconoció el vehículo: una Toyota Hilux negra, matrícula AALF 880, registrada a nombre de Junior Mohamad Awala López, de 24 años. A su alrededor se encontraron billetes quemados y un revólver calibre .22 mm.
Identidad de la víctima
El propietario del vehículo informó que su padre, Ali Mohamad Awala, viajó a Encarnación con la camioneta y está desaparecido. La fiscal Luz Saldívar señaló que aún no se puede confirmar si el cuerpo pertenece a él, aunque las pruebas sugieren que podría ser así.
Ali Mohamad Awala era un comerciante conocido que solía viajar a Encarnación por negocios. Tenía 16 antecedentes penales, incluyendo estafa, falsificación, trata de personas, robo y exposición al peligro. Fue vicepresidente en la Liga Capiateña de Fútbol y presumiblemente informante de la Senad, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.
Un homicidio tuvo lugar en Pedro Juan Caballero la noche del viernes, donde una persona de 33 años, con antecedentes por narcotráfico, fue asesinada.
Ocurrió un supuesto sicariato el viernes en Pedro Juan Caballero. Carlos Aníbal Sánchez Fariña, de 33 años, fue atacado por sicarios mientras manejaba una motocicleta. Tras cometer el crimen, los agresores huyeron y su paradero es desconocido; el incidente sucedió en el barrio Defensores del Chaco, al sur de la ciudad.
La Policía Nacional informó que Sánchez Fariña tenía antecedentes por tráfico de drogas. Las autoridades están investigando el movimiento de los sicarios para localizarlos. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, el caso parece un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, condenó los ataques y amenazas hacia periodistas y sus familias en Paraguay, reafirmando que la libertad de expresión es esencial para la democracia.
Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso Nacional, expresó su rechazo a los recientes ataques y amenazas contra periodistas en Paraguay mediante una publicación en su cuenta de X.
En su declaración, mostró apoyo a los comunicadores Fabián Costas, Carlos Benítez y Aníbal Gómez, quienes han enfrentado violencia e intimidación. Destacó que en una sociedad democrática no se debe usar la violencia ni la coacción contra la prensa, afirmando que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la República.
El senador también se ofreció a brindar apoyo necesario y aseguró que el Congreso no será cómplice del silencio ni de la impunidad.
Esta declaración se da en un contexto de preocupación por la seguridad de los periodistas en el país, ya que gremios periodísticos han señalado que la violencia sigue siendo un riesgo para el ejercicio de la profesión.
Nacionales
Fiscal del caso Mora: Gladys Jiménez asegura que imputar habría sido irresponsable
La fiscal de Villarrica, Gladys Jiménez, defendió su decisión de desestimar la denuncia contra el exviceministro Federico Mora, acusado de presunto abuso sexual infantil. Sostuvo que los hechos narrados por la víctima no encajan en el delito previsto en el artículo 135a del Código Penal, y que acusar sin pruebas suficientes habría sido irresponsable.
Jiménez explicó que es responsabilidad del Ministerio Público evaluar las conductas denunciadas y determinar si encajan en un tipo penal antes de formular una acusación. Tras revisar las pruebas, concluyó que los hechos relatados por la víctima de 12 años (ahora 13) no cumplían con todos los elementos del abuso sexual infantil ni de delitos similares.
Según la fiscalía, las acciones atribuidas a Federico Mora no permiten sostener legalmente que fueran dirigidas hacia la menor. Las declaraciones de la víctima fueron respaldadas por estudios psicológicos, entrevistas y declaraciones en cámara Gesell, pero estas no permitieron encuadrar los hechos legalmente en el delito denunciado.
Jiménez aclaró que desestimar la denuncia no implica desconocer lo dicho por la niña, sino que no hay base jurídica suficiente para acusar.
La denuncia se presentó en mayo tras un incidente en Semana Santa en Guairá, lo que llevó a la destitución inmediata de Mora. La investigación no avanzó hacia una acusación formal, lo que generó críticas de la parte denunciante. El abogado Óscar Tuma criticó la falta de acceso a la carpeta fiscal y la ausencia de diligencias procesales.
Ahora, el juez Juan Antonio Ruíz Díaz Gamba debe decidir si aprueba la solicitud del Ministerio Público o si da curso a una oposición. Se espera una respuesta en unos 15 días.
Un punto polémico fue la filtración del requerimiento fiscal en redes sociales. Jiménez consideró grave la situación, ya que afecta la intimidad de la menor y de Mora. La fiscalía no entregó copias a terceros; el acceso ocurrió cuando el juzgado dio a la madre de la víctima documentos de la carpeta judicial.
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