Nacionales
Operativo en Ciudad del Este por sospecha de explotación infantil indígena
Un equipo interinstitucional llevó a cabo dos allanamientos en Ciudad del Este, como parte de una investigación sobre presunta trata de personas y explotación infantil de menores indígenas. Uno de estos operativos se realizó con un retraso de tres meses, impidiendo localizar a las personas mencionadas en la denuncia original, según Graciela Sánchez, directora de Codeni.
El primer allanamiento, liderado por los fiscales Vivian Coronel y Luis Escobar, se realizó en una propiedad en la calle Heriberta Matiauda del barrio Boquerón II. Allí se encontró a un niño de siete años en condiciones de vulnerabilidad, sin un adulto responsable y en un entorno precario. Durante la intervención, detuvieron a un brasileño, Lucas Daniel Antúnes da Silva, buscado por presunto hurto agravado.
Según los investigadores, Antúnes da Silva es hijo del dueño del inquilinato y estaba cobrando 10.000 guaraníes por noche a familias indígenas que se alojaban allí.
La comitiva luego se dirigió a un lugar llamado Tesãi’i Róga, en el barrio Santa Ana, donde no se encontraron menores en riesgo ni pruebas de delitos. El fiscal Vivian Coronel explicó que la investigación sugiere que menores de edad eran llevados desde estos lugares para su explotación, tanto sexual como laboral, en Ciudad del Este.
A pesar de las investigaciones realizadas, ha sido un reto determinar cuándo se trasladan los niños. «Tenemos personal capacitado, pero siempre es insuficiente para cubrir todos los reportes en la región», señaló.
Graciela Sánchez comentó que las denuncias sobre niños en situación de vulnerabilidad fueron presentadas con anticipación, pero la intervención sufrió una demora de dos a tres meses, lo que permitió que las personas denunciadas se fueran del lugar.
“Los niños eran explotados laboral o sexualmente, pero las personas identificadas ya no están presentes. No se puede culpar a la fiscal del retraso, ya que tiene una carga de trabajo muy pesada”, añadió.
Nacionales
Corte debe pronunciarse sobre la acción de Kattya González y establecer inamovilidades, destaca diputado
El 4 de noviembre de 2025, a las 13:01, el diputado Raúl Benítez enfatizó que la prioridad de la Corte debería ser abordar la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González tras su expulsión. Comentó que es momento de que actúen conforme a su mandato constitucional.
La Corte Suprema de Justicia decidió hoy rechazar inmediatamente la recusación que presentó el Senado contra los ministros Víctor Ríos Ojeda y Esteban Armando Kriskovich De Vargas, para poder estudiar la acción de inconstitucionalidad relacionada con Kattya González.
Este fallo asegura la permanencia de la Sala Constitucional Ampliada, encargada de evaluar la apelación impulsada por la exlegisladora. Benítez recalcó que la Corte debe primero resolver sobre el caso de González antes de decidir sobre cuestiones de inamovilidad.
Hizo un llamado a los ministros de la Corte para que asuman sus funciones y tomen decisiones cruciales. Además, mencionó que se está presentando una solicitud de juicio político debido a que los ministros no se oponen al avance de un oficialismo voraz.
Finalizó resaltando que se requiere que la Corte limite los abusos del poder político, como el caso de la expulsión de Kattya González, y deje de priorizar la inamovilidad de sus ministros.
El Consejo de Seguridad Social (CSS) anunció la convocatoria el 28 de octubre, según lo establecido por la Ley Nº 7235/2023, que regula el rol de supervisión estatal sobre entidades de jubilaciones y pensiones, conforme al artículo 95 de la Constitución Nacional.
El concurso público de méritos y aptitudes está dirigido a ciudadanos paraguayos que cumplan con los requisitos legales para formar parte de la terna de candidatos al cargo de superintendente de Jubilaciones y Pensiones, según el MEF.
El plazo para postularse vence el próximo miércoles 12. Los requisitos incluyen ser paraguayo, tener honorabilidad reconocida, experiencia en economía o finanzas, dedicación exclusiva (excepto docencia parcial), y no estar inhabilitado según los artículos 21 y 22 de la Ley N° 7235/2023.
El MEF informa que las postulaciones deben realizarse en formato digital, enviando toda la documentación al correo: secretariaejecutivacss@mef.gov.py. Los aceptados deberán entregar la documentación en físico posteriormente.
El proceso de selección será objetivo, transparente e imparcial para garantizar igualdad de oportunidades y elegir a los más idóneos para el cargo, según el MEF.
La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones supervisará el sistema nacional de jubilaciones y pensiones, asegurando la administración adecuada de los recursos para proteger los derechos de los afiliados y la sostenibilidad del sistema, indica el informe.
Los resultados de cada etapa se publicarán en las plataformas oficiales del MEF, MTESS y BCP.
A casi dos años de la promulgación de la ley que creó el Consejo de Seguridad Social y la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, se busca completar el proceso para su funcionamiento, a pesar de la oposición de sindicatos y gremios de jubilados.
El consejo, que designará la terna de candidatos al superintendente, está formado por tres representantes oficiales y tres provisionales de trabajadores, jubilados y empleadores.
La Superintendencia supervisará al Instituto de Previsión Social (IPS), las cajas de jubilaciones de ANDE, personal municipal, y otros organismos, además de entidades privadas vinculadas a jubilaciones y pensiones.
Nacionales
Kattya González ve como “maniobra política” decisión de la Corte sobre recusación del Senado
La exsenadora Kattya González (ex-PEN) describió como una «maniobra política» la decisión de la Corte Suprema de rechazar de manera inmediata la recusación presentada por el Senado contra dos ministros de la Sala Constitucional Ampliada en relación con la acción de inconstitucionalidad que se presentó tras su polémica expulsión del Congreso.
González criticó que la Corte no haya demostrado independencia del poder político actual y afirmó que seguirán prolongando este y otros casos emblemáticos. La máxima autoridad judicial ahora podrá analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por González, quien cuestiona la legalidad de su expulsión por la Cámara Alta el 14 de febrero de 2024.
En declaraciones a ABC Color, González acusó a la Corte de coordinar maniobras políticas con el poder dominante para dilatar y enfriar los casos sensibles al oficialismo.
También criticó el funcionamiento del Poder Judicial, acusándolo de ser cómplice de irregularidades y de mantener un control «feudal» del poder. Mencionó que han eludido su responsabilidad en un esquema que estafa a paraguayos humildes mediante la manipulación de pagarés.
González lamentó que la prioridad de la Corte sea mantener sus privilegios y no garantizar justicia ni el Estado de derecho. Fue expulsada del Senado en febrero de 2024 por «tráfico de influencias» y desde entonces ha batallado judicialmente alegando abuso de poder.
El rechazo inmediato de la recusación indica que la Corte no vio válida la petición de apartar a los ministros. Esto permite a la Sala Constitucional Ampliada analizar la acción de González, determinando si su destitución fue constitucional.
Finalmente, González comunicará la falta de claridad de la resolución al Senado.
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