Un equipo interinstitucional llevó a cabo dos allanamientos en Ciudad del Este, como parte de una investigación sobre presunta trata de personas y explotación infantil de menores indígenas. Uno de estos operativos se realizó con un retraso de tres meses, impidiendo localizar a las personas mencionadas en la denuncia original, según Graciela Sánchez, directora de Codeni.
El primer allanamiento, liderado por los fiscales Vivian Coronel y Luis Escobar, se realizó en una propiedad en la calle Heriberta Matiauda del barrio Boquerón II. Allí se encontró a un niño de siete años en condiciones de vulnerabilidad, sin un adulto responsable y en un entorno precario. Durante la intervención, detuvieron a un brasileño, Lucas Daniel Antúnes da Silva, buscado por presunto hurto agravado.
Según los investigadores, Antúnes da Silva es hijo del dueño del inquilinato y estaba cobrando 10.000 guaraníes por noche a familias indígenas que se alojaban allí.
La comitiva luego se dirigió a un lugar llamado Tesãi’i Róga, en el barrio Santa Ana, donde no se encontraron menores en riesgo ni pruebas de delitos. El fiscal Vivian Coronel explicó que la investigación sugiere que menores de edad eran llevados desde estos lugares para su explotación, tanto sexual como laboral, en Ciudad del Este.
A pesar de las investigaciones realizadas, ha sido un reto determinar cuándo se trasladan los niños. «Tenemos personal capacitado, pero siempre es insuficiente para cubrir todos los reportes en la región», señaló.
Graciela Sánchez comentó que las denuncias sobre niños en situación de vulnerabilidad fueron presentadas con anticipación, pero la intervención sufrió una demora de dos a tres meses, lo que permitió que las personas denunciadas se fueran del lugar.
“Los niños eran explotados laboral o sexualmente, pero las personas identificadas ya no están presentes. No se puede culpar a la fiscal del retraso, ya que tiene una carga de trabajo muy pesada”, añadió.
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