Nacionales
ONU responsabiliza a Paraguay por la muerte de 2 niñas durante una operación militar
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU concluyó este miércoles que Paraguay es responsable de graves violaciones de derechos humanos en relación con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación militar hace cinco años contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, cuyas decisiones no son vinculantes, investigó la muerte de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (unidad especial antiguerrilla) en septiembre de 2020, y argumentó que sus muertes constituyeron una grave violación del derecho a la vida.
“Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado”, señaló el informe del comité de 18 expertos y juristas, hecho público este miércoles.
Las dos jóvenes fueron asesinadas en Yby Yaú (Departamento de Concepción), enterradas apresuradamente, y la Justicia paraguaya exigió su exhumación tres días después, cuando se confirmó que eran más jóvenes de lo que las autoridades habían señalado inicialmente.
La autopsia “encontró heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado los proyectiles porque la ropa de las niñas estaba destrozada”, relata el informe.
En su investigación, el comité presidido por la sudafricana Ann Marie Skelton entrevistó a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios del Estado parte tales como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
El comité pidió a las autoridades paraguayas que concluyan la adecuada investigación de la muerte de las dos niñas, para lo cual podrían considerar la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos.
También recomendó al Estado parte que refuerce su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.
El Estado paraguayo, en respuesta al Comité, lamentó la pérdida de estas dos vidas, pero rebatió las conclusiones en lo referente a acciones arbitrarias de las autoridades, alegando legítima defensa proporcionada por parte de las fuerzas de seguridad.
No obstante, reafirmó su compromiso a garantizar la justicia y la rendición de cuentas, así como con la lucha contra la delincuencia organizada.
Fuente: EFE.
Nacionales
ANDE esperará los resultados de la auditoría antes de decidir sobre la emisión de bonos
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) aún no tiene una fecha establecida para la emisión de bonos prevista por la ley de presupuesto. Sin embargo, avanza en los preparativos con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presidente de la ANDE, Félix Sosa, señaló que la decisión final se tomará tras concluir una auditoría internacional en curso.
Según Sosa, una vez finalizada esta auditoría, decidirán si emiten en el mercado bursátil local o internacional. Actualmente, la revisión contable está avanzada en un 90%, lo que sugiere que podría concluir en las próximas semanas.
Sosa no descartó ninguna alternativa y mencionó que podría realizarse una colocación combinada en ambos mercados. La ANDE tiene autorización para emitir bonos por un máximo de G. 1,5 billones (más de US$ 190 millones), cifra confirmada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026, enviado al Congreso. Este proyecto prevé emisiones de otras instituciones públicas, superando juntas los US$ 2.000 millones.
El Tesoro planea colocar hasta US$ 1.303 millones, mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) busca obtener US$ 312 millones para fortalecer su capital. La ANDE, por su parte, destinará los fondos a proyectos de inversión en el sistema eléctrico y a cumplir compromisos financieros, respondiendo a una creciente demanda energética en el país.
Sosa explicó que en junio ya trabajaban con el MEF para determinar el mejor momento para salir al mercado, con propuestas específicas para el uso de los recursos. También consideraron emisiones en guaraníes y dólares, según lo permitido por la normativa.
La auditoría, llevada a cabo por Ernst & Young Paraguay, busca alinear los estados contables de la ANDE con estándares internacionales, lo que es crucial para ganar confianza entre posibles inversionistas.
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se presentó el avance del proyecto de ley sobre parques industriales en Paraguay. Esta ley busca planificar zonas específicas, asegurar previsibilidad y fomentar el crecimiento del sector industrial. Se aseguró que empresas y municipios participarán en su desarrollo.
El Viceministro de Industria, Marcos Riquelme, informó a ABC Color sobre una consultoría con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear una ley moderna de parques industriales en la región. Los técnicos del proyecto han analizado leyes de otros países y han visitado parques industriales para redactar una propuesta «supermoderna y pragmática».
Riquelme explicó la importancia de una zonificación adecuada para establecer parques industriales en áreas municipales designadas. Si las ciudades no cuentan con zonificación urbanística, es complejo determinar ubicaciones para estos parques.
El objetivo es dar certidumbre a las industrias en un contexto de crecimiento económico proyectado en 4,4% para este año, lo que podría traducirse en más empleo y expansión urbana.
Riquelme subrayó que la falta de zonificación afecta a los inversores que construyen industrias y luego se ven rodeados de viviendas, lo que representa un riesgo. Además, genera ineficiencias energéticas, complicando la planificación de consumo eléctrico.
El proyecto involucra a diversas entidades y busca ser finalizado este año. Una vez que una zona se declara industrial, no cambiará su uso, impidiendo nuevos desarrollos residenciales. Además, se incentivará a las industrias a trasladarse a zonas industriales con créditos blandos.
El BID y el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) colaboran en la creación del borrador de la ley, que se discutirá con los afectados para llegar a un consenso antes de presentarlo al Congreso.
Finalmente, Riquelme destacó que la falta de parques industriales limita el crecimiento de la industria paraguaya, ya que actualmente no existen debido a la falta de zonificación adecuada.
Durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio Público acusó al exintendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, de abuso de confianza y asociación ilícita por la compra del «detergente de oro». Como máxima autoridad, Rodríguez habría colocado personas de su confianza en puestos clave y permitido un daño de 1.808 millones de guaraníes al municipio. La fiscalía, representada por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostiene que los fondos del gasto 831 no se usaron adecuadamente para la emergencia.
En 2020, Nenecho, como líder municipal, debía manejar los recursos con responsabilidad. Él ubicó a Nidia López y Wilfrido Cáceres en cargos estratégicos. Según el artículo 28 de la Ordenanza N° 608/15, la administración del Fondo Municipal era función del intendente. La acusación alega que no se reguló el uso del fondo de emergencia a tiempo. Las compras supuestamente simuladas entre 2020 y 2021, como la del detergente francés, supusieron un gran perjuicio económico. Ahora, el juez Rodrigo Estigarribia debe fijar fecha para la audiencia preliminar.
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