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Esta semana comenzaron las obras del proyecto «Sendas del Tren», que convertirá la franja de Fepasa en la ciclovía más larga de Sudamérica. El presidente de Fepasa aseguró que el proyecto es financiado por ONGs y que busca proteger la franja. Al ser consultado sobre el regreso del tren, mencionó que se trata de «arreglos menores» que no interferirán con los planes futuros para reactivar el ferrocarril.

El proyecto pretende transformar el antiguo trazado ferroviario en una ciclovía de más de 420 kilómetros que conectará Asunción con Encarnación. Según Facundo Salinas, presidente de Fepasa, estas obras no implican costos para el Estado, ya que los fondos provienen de los responsables del proyecto, quienes también se encargarán del mantenimiento.

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Salinas agregó que están restaurando algunas estaciones antiguas y promoviendo alianzas con el sector público y privado para su conservación. Sobre la posibilidad de volver a usar el tramo para un tren, dijo que son «sendas antiguas» y que es poco probable que un tren vuelva a circular hasta Encarnación.

En cuanto a los proyectos de trenes, señaló que aún se contemplan uno para el tren de cercanías, liderado por el Gobierno, y otro para el tren de cargas, impulsado por el sector privado, que se enfocará en el transporte de soja.

Salinas destacó que la ciclovía no debe interferir con el tren y que es necesario buscar recursos para su construcción. También mencionó que actualmente «no pasa un tren» y que hay desafíos para los ciclistas debido a un puente y un río en el área.

Finalmente, subrayó que se trata de una alianza de mantenimiento que permite preservar el patrimonio histórico y que, cuando el tren sea implementado, no se realizarán obras mayores en esos sectores.

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El 6 de noviembre de 2025 a las 07:25, el ministro del MITIC, Gustavo Villate, declaró que no hay razones para que el presidente Santiago Peña no promulgue la controversial ley de protección de datos personales, recientemente aprobada por el Congreso. Sin embargo, la oposición argumenta que esta ley limita el acceso a la información pública y infringe la Constitución.

Ayer, el Senado confirmó su versión y sancionó el proyecto de ley de protección de datos personales. Aunque los opositores consideran que esta versión es «menos mala», siguen opinando que restringe el acceso a la información pública e incumple la Constitución, por lo que piden al presidente Peña que la vete.

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Gustavo Villate, ministro del MITIC, indicó que han trabajado con el Congreso durante dos años en esta ley y no ve motivos para que no se promulgue. Aunque fue sancionada ayer, aún no llegó al Ejecutivo, y discutirá el tema con el presidente Peña hoy.

Villate aclaró que el Artículo 24 de la ley solo se refiere a datos personales y que no afecta la gestión de información gubernamental, que ya está regulada por otra ley. También sostuvo que no impacta la labor de la Contraloría General de la República, cuya tarea está garantizada por la Constitución.

Además, la agencia creada por esta ley no administrará datos personales, sino que velará por su correcta gestión. Los datos no pasarán por esta agencia a menos que haya un reclamo específico, y será el ciudadano quien tenga control sobre sus propios datos.

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Después de que la empresa catarí, Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, no cumpliera nuevamente con la entrega de diésel a Petróleos Paraguayos (Petropar), la petrolera estatal, liderada por Eddie Jara, aceleró un nuevo proceso especial de contratación para una compra “urgente” del combustible.

La convocatoria se publicó el 28 de octubre y recibió ofertas el 31 del mismo mes para adquirir 61,000 metros cúbicos de diésel, que deben entregarse en noviembre y diciembre en Campana, km 171 del río Paraná Guazú, en Argentina (modalidad CIF).

Sin embargo, el único documento disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) es el pliego de bases y condiciones, sin informar sobre las empresas oferentes ni el precio de referencia. Este tipo de procesos permite publicar los documentos solo después de la adjudicación.

De acuerdo con la resolución N.º 2198/24 de la DNCP, que autoriza este tipo de contrataciones, la entidad convocante tiene 10 días hábiles después de firmar el contrato para publicar los documentos.

Eddie Jara muestra una preferencia notable por este mecanismo para adquirir diésel. Usó el mismo método para contratar a la empresa catarí, que aún no entrega el diésel pero recibió una novena prórroga de cuatro meses, hasta el 28 de febrero de 2026.

La resolución de la DNCP se emitió justo antes de la contratación de Doha Holding, permitiendo a Petropar operar con poca transparencia al no publicar los documentos de adquisición previamente y luego ocultarlos por largo tiempo después de firmar el contrato.

Se argumenta la necesidad de precios competitivos y la urgencia de acceder al producto para el giro comercial de Petropar.

Sin embargo, un año después de que la empresa catarí fuera contratada de forma “urgente”, aún no ha entregado el diésel. Petropar le dio una ampliación, a pesar de desconocer la procedencia de las 100,000 toneladas métricas de diésel valoradas en más de USD 61 millones (se ofertó combustible kazajo que no ha llegado).

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Eddie Jara engañó al Congreso y a la ciudadanía al afirmar que no se darían más prórrogas, pero esta última extensión demuestra lo contrario.

El director de la DNCP, Agustín Encina, informó estar revisando la documentación de la novena prórroga, aún sin publicar. Las partes acordaron extender la garantía de cumplimiento del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.

Todo sugiere que los vínculos de la empresa en el gobierno buscan evitar ejecutar la cuestionable garantía de cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato (USD 3,050,000). Dicha garantía nunca se reclamó, pese a las ocho prórrogas e incumplimientos.

Doha Holding presentó como garantía una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). No existe garantía bancaria ni póliza real.

Fuentes confirmaron que el jeque no vino al país para firmar esta novena ampliación, como en las anteriores prórrogas.

Los directivos de Petropar, incluido Jara, no enfrentan a la ciudadanía sobre su decisión. Se ha intentado comunicarse con Norma Caballero, directora de Comunicaciones de Petropar, para organizar una entrevista sin éxito. Caballero tampoco se ha pronunciado.

La sede de la empresa catarí se estableció en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol. Documentos revelan que Julio Jiménez autorizó firmar algunas prórrogas en nombre de la empresa catarí. Actualmente, no se sabe quién autorizó la novena prórroga.

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