El reciente descubrimiento de celdas VIP en la Penitenciaría Regional de Emboscada por cuatro juezas de Ejecución confirma una irregularidad denunciada en julio de 2024 por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ya comunicada al Ministerio de Justicia.
El informe sobre estas celdas VIP, creado por las juezas Sandra Kirchhofer, Luz Rossana Bogarín, Cynthia Sostoa y María Lidia Wyder, no fue sorpresa para Orlando Castillo, comisionado del MNP. Tras una visita de monitoreo en julio de 2024, Castillo detalló desigualdades notables en las condiciones de encarcelamiento entre internos con y sin recursos.
Se descubrió la existencia de celdas para dos personas, a pesar del hacinamiento, previo pago a los guardias. Se reportó también una variedad de cobros ilegales entre funcionarios y reclusos. Los pagos se hacían para atravesar portones, acceder a áreas privadas, recibir servicios básicos o incluso atención médica. Los agentes penitenciarios imponían una «tarifa» del 20% de cualquier dinero que ingresara al penal.
Las celdas VIP se han mercantilizado en medio de la corrupción, resultando en precios variados por las celdas y otras comodidades. Las tarifas incluyen hasta G. 10 millones por ingresar a una celda, mientras que equiparlas y contar con ciertos artículos también tiene un costo, controlado por un mercado negro dentro de la prisión.
Castillo señaló que este negocio corrupto fortalece las estructuras del crimen organizado. La corrupción penitenciaria, documentada en 2013 por el MNP en la cárcel de Tacumbú, sigue presente. En un penal con 1,234 reclusos, solo 338 habían sido condenados, y se reportó el cobro por derechos básicos como consultas médicas o la recepción de encomiendas.
Se documentaron cobros ilegales también por dispositivos y alimentos, con agentes penitenciarios quedándose con el 20% del dinero recibido. Estas prácticas afianzan los problemas de seguridad y poder, fortaleciendo la corrupción y las estructuras criminales.