¡Viva Carlos Manzo! fue el grito que rompió el minuto de silencio que ofreció el Congreso mexicano en memoria del presidente municipal de Uruapan. El pueblo del Estado de Michoacán, aterrorizado por el crimen organizado, enterró al alcalde que se atrevió a desafiar a las células criminales que mantienen bajo fuego al suroeste de México tras el tiroteo de Carlos Manzo este fin de semana en plenas festividades del Día de Muertos. La discusión del presupuesto de gastos del Gobierno de Sheinbaum se ha visto ensombrecida este martes por el fusilamiento del presidente municipal. Sobre las bancas de las bancadas opositoras del PAN y PRI reposaban sombreros manchados de sangre, símbolo del Movimiento del Sombrero, con el que Manzo bautizó su proyecto político, y velas encendidas. El recorte de recursos para seguridad ha sido la chispa que encendió el debate y las críticas de la oposición: menos presupuesto para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, para la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública y para la seguridad en los municipios.

La ambiciosa estrategia de seguridad, que Sheinbaum ha pintado en el discurso como una de las prioridades de su Administración, ha sido puesta en duda. Y la oposición se ha quejado de que no hay manera de implementar ningún plan, por grande que sea, sin el dinero necesario. Incluso han llegado a colocar carteles de rechazo en el salón de plenos. “Presupuesto que te cuida”, “¡Manzo vive!” y “Paz para México”, fueron algunos de los mensajes mientras un ambiente acalorado ha marcado el ritmo del debate. El oficialismo terminó reaccionando y los diputados de Morena intentaron tapar los carteles con uno más grande. «¡Carroñeros! MC-PRIAN», decía la pancarta.

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Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ha salido a suavizar los ánimos y ha retirado su banca, instalada al pie de la tribuna en el turno del PRI para fijar su postura. “En este país denunciar a delincuentes cuesta la vida de los valientes y Carlos [Manzo] fue uno de ellos. Su muerte no fue un accidente, fue el reflejo de un Estado indolente, ineficaz y sin estrategia”, dijo el diputado priista, Carlos Mancilla, el mismo que meses atrás protagonizó, junto a Alejandro alito Moreno, líder del PRI, la lucha contra el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. El discurso rompió la calma. Monreal coincidió con el grupo priista que pidió respetar los acuerdos del debate. “Pido a mis compañeros que retiren las pancartas, que no se enfrenten”, dijo Monreal.

El primer presupuesto elaborado de principio a fin por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum -el anterior fue herencia del mandato de López Obrador- ha expresado sus prioridades, con menos recursos para la seguridad y más para Petróleos Mexicanos y los nuevos trenes. El gasto de 10 mil 200 millones de pesos fue aprobado este martes con carácter general, sin cambios respecto a la propuesta original enviada por el presidente. Mientras tanto, la reasignación de la cartera de 17.788 millones de pesos, obtenidos de recortes al Poder Judicial, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, deberá verse claramente en los próximos días durante la discusión de más de 2.000 propuestas para modificar el dictamen. Sin embargo, el reparto aún no es suficiente para incrementar la cotización en todos los ámbitos que requieren un ajuste al alza, incluido el de seguridad.

La pacificación del país, con regiones aterrorizadas por células criminales, incluida Michoacán, así como mayores recursos para combatir la inseguridad han sido las demandas del frente opositor. “No hay pacificación con cuentos, bribones”, dijo Germán Martínez en representación del PAN. El legislador ha respondido a la retórica del oficialismo y sus acusaciones contra el expresidente Felipe Calderón como responsable de la crisis de seguridad, consecuencia, dicen, de su guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico implementada hace 15 años. “Calderón no dejó solo al gobernador Lázaro Cárdenas […] Hacerse cargo del clima de violencia, algunos afirman estar en el lado correcto de la historia. ¿De qué lado está el difunto Manzo? ¿De qué lado están los siete alcaldes muertos en Michoacán? «¿De qué lado está Bernardo Bravo, el líder de los limoneros?», increpó Martínez ante las quejas del ala oficialista.

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EL PAÍS inició en 2018 una investigación sobre pederastia en la Iglesia española y ha una base de datos actualizado con todos los casos conocidos. Si conoces algún caso que no haya visto la luz, puedes escribirnos a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Latinoamérica la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Compañía de Jesús ha destituido a un sacerdote tras recibir una denuncia interna en su contra por pedofilia, según ha informado la orden religiosa en un comunicado este martes. El acusado también ocupó “un cargo relevante” en la Conferencia Episcopal Española (CEE) que, Según los jesuitas, también separó al sacerdote. “de dicho cargo y de todas sus responsabilidades en espera de esclarecer la situación”. La CEE, consultada por este diario, no quiso dar más detalles del caso y se refirió a la nota de los jesuitas. “En julio de 2025, la Compañía tuvo conocimiento, a través de su canal interno de denuncias, de algunos hechos que presuntamente constituyeron abusos a menores ocurridos en la primera década de este siglo. Luego de las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025, se recogieron testimonios creíbles”, señala la nota. El acusado permanece en una comunidad jesuita “sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión”, explicó la congregación.

Los hechos denunciados tuvieron lugar en Alicante y Zaragoza, contra un menor de edad. La Sociedad ha comunicado el caso a la Fiscalía «para que determine si los posibles hechos prescribieron dadas las fechas en que se cometieron». En caso de que los hechos puedan ser juzgados, la orden “confía en la labor de la justicia para esclarecer la verdad, y colaborará en todo lo que sea requerido”. Sin embargo, la congregación ha recordado que este tipo de delitos no prescribe en el derecho canónico, por lo que el procedimiento eclesiástico continuará «aunque no tuviera alcance en el proceso penal».

Los jesuitas, que lideran la investigación, han informado a EL PAÍS que acompañan a la víctima y que «están utilizando todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos: continúa la recogida de testimonios que puedan confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre éste u otros hipotéticos casos».

La Compañía de Jesús es la orden religiosa más grande del planeta, con más de 15.000 miembros en 127 países. Gran parte del trabajo de la congregación se centra en la educación y la gestión de sus colegios y universidades. En España, es también la congregación con más casos registrados de pederastia: 180 imputados y 486 víctimas, según la base de datos de EL PAÍS, la única contabilidad que cifra ya el número de casos en 1.564 y los afectados en 2.936. Es también una de las pocas órdenes españolas que informa anualmente sobre las denuncias (la mayoría de ellas prescritas judicialmente) que recibe, publica las iniciales de los acusados ​​y la fecha de los delitos.

Algunos de estos casos no sólo se refieren al territorio español, sino también a varios países a donde las congregaciones enviaron misioneros. Un ejemplo es Bolivia, donde al menos una decena de jesuitas abusaron de menores, según este diario. Entre ellos, Alfonso Pedrajas, el sacerdote ya fallecido que escribió un diario donde admitía sus ataques y cómo le protegían sus superiores. Este caso de encubrimiento llevó a la Fiscalía de Bolivia a imputar a dos altos miembros de la orden y, finalmente, este año un tribunal los condenó a un año de prisión por proteger a Pedrajas.

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También está el caso del fallecido arzobispo Alejandro Mestre, quien abusó de otra menor en los años sesenta, y por el que otro juzgado de La Paz investiga acusaciones de La Compañía, entre las que se encuentra su actual provincial, Bernardo Mercado. Igualmente relevantes son los casos de los sacerdotes Francesc Peris y Luis Tó (fallecido), que fueron trasladados desde Barcelona (en los años ochenta y noventa) al país boliviano tras abusar de menores en Cataluña. Peris, por ejemplo, siguió cometiendo abusos en Cochabamba y regresó a España, donde continuó agrediendo a menores hasta 2005. “El profundo dolor que nos provocan situaciones como estas cuando pensamos en las víctimas de abusos, y nuestro deseo de saber responder con justicia y verdad”, concluyó la Compañía este martes en su comunicado.

La batalla por la supervivencia del Gobierno francés, liderado por el macronista Sébastien Lecornu, se libra estos días palmo a palmo en la Asamblea Nacional en un complejo debate para acordar una nueva Ley de Presupuestos. El primer ministro y su Ejecutivo hacen equilibrio para mantener al Partido Socialista (PS) dentro del perímetro de una posible mayoría sin provocar el enfado de los republicanos (LR) y de parte del centroderecha, que no acepta muchas de las propuestas de la bancada progresista. Tiene que haber un texto antes de fin de año y cada vez hay menos tiempo. No hay margen. En caso de un descarrilamiento definitivo de las negociaciones, no quedaría más remedio que convocar elecciones legislativas anticipadas. Regresar, definitivamente, al lugar del crimen, el lugar que provocó el bloqueo hace 16 meses.

Nadie recuerda a un primer ministro tan frágil, tan expuesto a los partidos. Sin la figura protectora del Presidente de la República, un Emmanuel Macron se ha retirado casi por completo de la política nacional. La única fortaleza de Lecornu hoy es el miedo de la mayoría de todos los partidos -excepto el de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) y la izquierdista Francia Insumisa (LFI)- a acudir a las urnas. Tres semanas después de ser reelegido por Macron, Lecornu se encuentra atrapado en un laberinto parlamentario. Máxime después de haber renunciado voluntariamente al artículo 49.3 de la Constitución, es decir, a la posibilidad de aprobar los textos por decreto.

Todo se acelera. El lunes se tuvo que suspender el debate sobre las finanzas públicas porque, de lo contrario, sería imposible cumplir los plazos con el resto de apartados. «Es una carrera de fondo muy incierta, en la que uno puede caer en cualquier momento», confesó este domingo el primer ministro a El parisinoplenamente consciente de que la supervivencia de su Gobierno después de la caída pende de un hilo. “Si la oposición quiere censurar, que censuren”, admitió ante El mundo el lunes, en un tono más desafiante.

La clave, sin embargo, no es la oposición, sino los socialistas, que hoy se encuentran en una especie de limbo tras romper relaciones con la Francia Rebelde, pero necesitados de establecer su propio perfil. “Son los idiotas útiles del macronismo«, les acusó el rebelde Éric Coquerel, tocando el nervio que más duele al PS y a su electorado. La suspensión hace dos semanas de la controvertida reforma de las pensiones ya está muy lejos y los socialistas necesitan más concesiones.

La mejor manera de expresar la ideología que tiene un Gobierno es a través del presupuesto. Y los debates de estos días, más allá de su éxito final, han puesto sobre la mesa las grandes fricciones entre los partidos de Francia: los impuestos a los ricos, las herencias, una deuda colosal -el 115% del PIB- que recae sobre las siguientes generaciones, la edad de jubilación o las necesarias concesiones a la extrema derecha, cada vez más cercana al Palacio del Eliseo.

Sin resultados concretos

El problema es que después de varios días de intensos debates en la cámara –marcados por el rechazo a lo que se conoce como el “impuesto Zucman” [un impuesto a los ultrarricos bautizado con el nombre de su promotor, el economista francés Gabriel Zucman] y para la aprobación de nuevos impuestos a las empresas y grandes patrimonios—no hay ningún compromiso en el horizonte. Una situación que complica aún más la aprobación definitiva del presupuesto antes de final de año.

En su segundo mandato (el primero duró 836 minutos), Lecornu ha mostrado actitudes diferentes a las de sus predecesores.. Escuche, tome decisiones consensuadas. No da la impresión de haber acudido al Parlamento con órdenes específicas y no despierta animosidad –o al menos no tanto como sus predecesores– entre sus oponentes. Pero hasta ahora no ha sido suficiente para frenar los malos augurios. El tiempo pasa. Y el nerviosismo empieza a crecer entre las filas del macronismo, que ve cómo se agota de nuevo la paciencia de los socialistas. El lunes, Lecornu fracasó en su intento de reunir a todas las partes en torno a una mesa para acordar nuevas medidas.

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A falta de acuerdo, este bloqueo podría obligar al Gobierno a recurrir a ordenanzas –instrumentos legislativos especiales a través de los cuales el Gobierno puede dictar normas con fuerza de ley– o a presentar una ley especial para prorrogar temporalmente las disposiciones presupuestarias de 2025, a la espera de un texto aprobado. [ya se hizo el año pasado]. Dos escenarios que expondrían aún más al jefe del Ejecutivo a una moción de censura, que podría ser votada por los socialistas. Y todo eso terminaría ahí. Aunque eso no es lo mejor para el PS ahora mismo, desorganizado y débil en las encuestas.

El líder de los socialistas, Olivier Faure, quiso calmar los ánimos el lunes por la mañana. El dirigente consideró que, aunque el camino es «estrecho» hacia una aprobación del Presupuesto, todavía es «posible» encontrar una manera de eliminar las «atrocidades» que aún contiene el texto. «El hecho de que no estemos satisfechos por ahora no significa que no haya manera», suavizó sobre France Inter, mientras los diputados se preparaban para concluir ocho días de debate sobre la parte «ingresos» del presupuesto del Estado.

Faure quiso matizar la posición del presidente del grupo socialista, Boris Vallaud, que había afirmado que, en su estado actual, el grupo votaría en contra del texto. Además, el líder del PS sugirió que la “trayectoria del déficit” podría “corregirse”. «Si no conseguimos que se acepten nuestras propuestas, empezaremos votando en contra de este proyecto de Presupuesto; y si votamos en contra, este Presupuesto no saldrá adelante. La historia aún no ha terminado», señaló. El problema, sin embargo, es que sin concesiones, sin recortes, el agujero en las cuentas públicas sigue ampliándose.

Mientras los diputados iniciarán este martes el examen del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para el próximo año, los magistrados del Tribunal de Cuentas consideraron el lunes que, dadas las discusiones llevadas a cabo en la cámara, «aumenta el riesgo de que el equilibrio de los regímenes sociales sea, una vez más, en 2026, más deficiente de lo esperado». De hecho, se espera que sea la mayor de la historia, el doble que la del año pasado.

La situación está lejos de ser compensada. Las medidas de ahorro previstas, por el contrario, fueron rechazadas. No se aprobó la congelación de las pensiones y prestaciones mínimas, que debía proporcionar 3.500 millones de euros. Lo mismo ocurrió con el aumento de tres puntos en la contribución a la jubilación de las administraciones locales, decidido por el Gobierno de François Bayrou cada año hasta 2028, que iba a generar 1.800 millones de euros. También quedó anulada la creación de una aportación empresarial sobre bonos de alimentación y bonos de vacaciones, que debería haber aportado 1.000 millones de euros. El agujero, en el esfuerzo sobrehumano de este Gobierno por mantenerse en pie, sigue ampliándose.

Las medidas aprobadas, además, tienen un carácter más bien simbólico. El lunes, los diputados aprobaron el restablecimiento del “impuesto de salida” (impuesto de expatriación), tal como existió entre 2012 y 2019, en el marco del examen en primera lectura de la parte de ingresos del presupuesto del Estado. Este impuesto había sido creado por Nicolas Sarkozy con el objetivo de frenar la evasión fiscal por parte de los empresarios, pero se suavizó considerablemente durante el mandato de los macronistas.

La Asamblea aprobó una enmienda presentada por el diputado lepenista Jean-Philippe Tanguy que restablece la versión original del impuesto. La RN votó a favor, mientras que la derecha y los macronistas votaron en contra y la izquierda mayoritariamente se abstuvo. Según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, la medida debería prever unos 70 millones de euros. Una cifra ridícula en comparación con el Himalaya, como llamó el ex primer ministro Michel Barnier a la deuda francesa.