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El 31 de octubre de 2025 a las 13:54, la Patrulla Caminera lanzó una campaña destacada por Halloween, enfatizando la importancia de no conducir bajo la influencia del alcohol. Invita a la población a tener un conductor asignado o usar aplicaciones de transporte.

Para prevenir accidentes y muertes por conducir ebrio durante las celebraciones de Halloween, la Patrulla Caminera ha iniciado una campaña llamativa. «La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera te invita a reflexionar durante las festividades. La verdadera alegría está en celebrar con responsabilidad en las carreteras. Si vas a consumir alcohol, elige un conductor designado o utiliza plataformas de viaje», se menciona en sus redes sociales.

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Aprovechando la temática de disfraces de Halloween, el mensaje de la Patrulla es evitar ponerse el «disfraz de muerto para siempre». «¿No te gustaría el disfraz de muerto para siempre, verdad?» es el mensaje contra los accidentes mortales en las vías.

Según datos de Our World in Data, en 2021, los accidentes de tránsito fueron la quinta causa de muerte en Paraguay, con 1,410 fallecimientos. La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) junto al Ministerio de Salud indican que el promedio de muertes por accidentes viales es de 3 a 4 personas diariamente en Paraguay.

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El 31 de octubre de 2025, el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), expresó su preocupación por las acciones del ministro del Interior, Enrique Riera, acusándolo de dañar las carreras de oficiales de policía con un historial impecable. Filizzola está trabajando en un proyecto de ley para modificar los artículos que regulan el uso del polígrafo.

Filizzola calificó de atropello institucional la gestión de Riera, señalando que el actual método del Ministerio del Interior, que somete a oficiales a pruebas de polígrafo, carece de transparencia, control y garantías para los afectados. Riera fue citado por la Comisión de Asuntos Constitucionales para explicar el uso del polígrafo, pero no asistió. Filizzola denunció que, con estas pruebas, se impiden ascensos a policías ejemplares, mientras aún reciben listas de oficiales con antecedentes judiciales.

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El senador criticó la falta de claridad en el proceso, cuestionando la capacitación de los examinadores y el estado de los equipos utilizados, afirmando que son máquinas obsoletas con software no actualizado. El margen de error del polígrafo, según indicaciones, es del 30 %, lo que puede causar evaluaciones injustas.

Filizzola también advirtió que los oficiales no tienen acceso a los resultados ni opciones de apelación, lo cual contradice el Estado de derecho. Señaló que el uso del polígrafo podría violar la Constitución Nacional al forzar autoincriminaciones, y expresó que un operador del polígrafo tiene más poder que el presidente y el Congreso, ya que sus resultados determinan los ascensos.

El senador enfatizó que esta práctica afecta la moral de la policía, invitando a sus colegas a revisar el uso del polígrafo y corregir injusticias. Criticó que se aplica sin regulación, violando la Ley de igualdad de género en la entrada a la Policía Nacional, y subrayó la necesidad de proteger a oficiales dedicados.

Finalmente, Filizzola denunció que de los 5.000 nuevos ingresos a la policía, 4.000 son hombres y solo 840 mujeres, acusando al ministro de no comparecer ante el Senado antes de definir ascensos.

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La fiscal de Ejecución, Celia Beckelman, a cargo del caso de Fernando González Karjallo, hijo del usurero Ramón González Daher y condenado a 5 años de prisión por lavado de dinero, ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el Auto Interlocutorio N° 351 del 14 de octubre de 2025. Este fallo fue emitido por el Tribunal de Apelación Penal compuesto por los jueces Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Adriana Giagni Rojas.

El tribunal de apelaciones aceptó la solicitud de la defensa de Karjallo y anuló la decisión de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, quien había denegado el traslado al período de prueba del condenado por lavado.

En este sentido, Beckelman argumenta que se han aplicado erróneamente las normas legislativas y judiciales relativas a la ejecución de la pena y la rehabilitación del condenado, indicando que el tribunal parece desconocer cómo el Estado ha regulado este proceso.

“Si seguimos esta línea de pensamiento, la ejecución de la pena se reduciría a un simple aislamiento de quien ha quebrantado el orden social”, destaca en su escrito.

La acción también señala que la sentencia del tribunal va en contra del procedimiento de ejecución de pena establecido y actúa de manera “incongruente y arbitraria”.

La fiscal subraya que, sin completar el tratamiento, no se puede evaluar adecuadamente el grado de confianza necesario para mitigar las restricciones del condenado. Ella concluye que Fernando González Karjallo debe completar su proceso de tratamiento para garantizar su reinserción y evitar futuros delitos.

Beckelman solicita a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional la resolución del tribunal de apelación y suspenda sus efectos, ya que podría causar perjuicios irreparables a la fiscalía.

Las víctimas de usura del clan González Daher temen que esta decisión sea un avance hacia la impunidad, ya que Karjallo, condenado junto con su esposa y madre por supuesto lavado de dinero, podría recibir una libertad no merecida.

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Recuerdan que el Código de Ejecución Penal exige, entre otras cosas, buena conducta y cumplimiento de la mitad de la pena para optar a beneficios como salidas transitorias, condiciones que Karjallo no cumple, ya que en una reciente revisión se encontraron teléfonos y alcohol en su celda.