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El 31 de agosto expiró la séptima extensión que Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, otorgó a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Debido a que nuevamente no se entregaron las 100,000 toneladas métricas de gasoil valoradas en más de 61 millones de dólares, la estatal firmó una octava adenda el 29 de agosto, extendiendo el contrato hasta el 31 de octubre, a pesar de que inicialmente había señalado que la prórroga vencía el 30 de septiembre.

Reapareció Saad Doukali, representante de la firma catarí, quien dio su consentimiento mediante un correo el 28 de agosto, comprometiéndose a revisar, firmar el documento y enviarlo a Ramón Benítez, gerente de comercio exterior, quien había solicitado la autorización.

Todo sugiere que Doukali aprobará la prórroga en representación de Doha Holding, protegiendo así a Julio Jiménez, vicepresidente del club Olimpia, quien anteriormente había actuado como representante legal para aprobar extensiones previas.

La oficina local de la empresa catarí se registró en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, representante legal de la compañía. Documentos revisados por este medio muestran que Jiménez aprobó varias prórrogas en nombre de Doha Holding. Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Además, Alejandro Domínguez Pérez, Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali aparecen como representantes de Doha Holding.

A pesar de haberse cumplido un año desde la firma del contrato con Doha Holding, todavía no ha llegado un litro de combustible, a pesar de las ocho adendas otorgadas. Petropar sigue confiando en la empresa incumplidora mediante reuniones virtuales.

Doha Holding fue contratada por Petropar mediante un procedimiento que permite publicar documentos después, argumentando que se conseguiría gasoil más barato. Sin embargo, el producto nunca llegó. Petropar incumplió la normativa al no publicar el pliego antes de adjudicar el contrato y la convocatoria se publicó meses después. Tampoco se evaluó la capacidad financiera de la compañía.

Este proceso no permite evadir la ley, pero parece que lo ha hecho. Las sucesivas prórrogas podrían violar la Ley 7021 de Contrataciones Públicas, la cual permite modificar contratos sólo hasta un 20% del monto o plazo y por causas imprevistas que no beneficien al proveedor.

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El contrato “urgente” estipulaba la entrega entre octubre y noviembre de 2024, pero Petropar extendió ese plazo once veces. A lo largo de casi un año, ha repetido sus argumentos para justificar las extensiones y evitar anular el contrato.

Es sospechoso que las autoridades no terminen el contrato con una empresa incumplidora ni ejecuten la garantía de cumplimiento, que equivale al 5% del monto (unos 3,05 millones de dólares). Además, la garantía se presentó solo como declaración jurada, sin póliza de seguro ni garantía bancaria, modalidad exclusiva para este tipo de procedimientos.

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El presidente de la República, Santiago Peña, en campaña, manifestó que los cargos se deben no solo a la apariencia o títulos, sino al apoyo del Partido Colorado. Este enfoque parece ahora reflejarse en acciones, ya que estudiantes universitarios denuncian un debilitamiento de la educación pública, con retrasos en los pagos del programa Arancel Cero y la eliminación de la cuenta reservada para esos fondos.

Ayer, en una audiencia pública organizada por los diputados Leidy Galeano (Yo Creo) y Raúl Benítez (Independiente) sobre el programa estatal de Arancel Cero, el viceministro del MEF, Óscar Lovera, admitió la eliminación del blindaje de los fondos. Lovera explicó que mantener recursos congelados no era eficiente, por lo que los fondos blindados para el programa fueron retirados.

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Este movimiento generó preocupación entre los estudiantes, quienes el año pasado se movilizaron reclamando garantías para la educación gratuita. Dos días antes de la audiencia, el MEF actualizó las transferencias tras meses de retrasos y pagos parciales.

El vicerrector de la UNA, Miguel Torres, mencionó que el riesgo de ejecutar bajo el presupuesto podría llevar a recortes el próximo año. En la Universidad Nacional de Pilar, Lourdes Coronel se quejó de la falta de fondos para infraestructura, mientras que las transferencias siguen siendo un problema.

Alex Velázquez, de la Facen, y otros estudiantes advirtieron sobre la posible desaparición del programa Arancel Cero. Velázquez señaló que este derecho debe protegerse, ya que impacta directamente en la educación y el futuro de los estudiantes.

Por otro lado, Tony Garcete, de Ciencias Políticas de la UNA, criticó que el costo del programa es mínimo comparado con el presupuesto nacional, y que no cumplir con esto afecta la justicia social. Garcete concluye que es vital luchar para mantener este derecho, subrayando la apatía legislativa ante el problema.

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Ayer se difundió oficialmente la agenda para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, programada para el próximo martes 23. Entre los 21 puntos, destaca la exclusión del proyecto de ley «que crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía», lo que mantiene en alerta a los sindicatos y autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Esto no garantiza que no se discuta.

La semana pasada, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, adelantó que solicitarían retrasar el tratamiento del proyecto por una semana, hasta el próximo martes. Sin embargo, el proyecto no fue incluido en la agenda, elaborada por Raúl Latorre, presidente de Diputados del partido cartista.

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La exclusión del orden del día no impide que el tema pueda tratarse, ya que existe la opción «sobre tablas» o una sesión extraordinaria que podría solicitarse ese mismo martes. El cartismo tiene mayoría suficiente para lograrlo si lo desea.

Aunque la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, presidida por la diputada cartista Cristina Villalba, sugirió aprobar el proyecto con modificaciones, estos cambios son superficiales. No responden a las demandas de gremios como el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), que exige eliminar la propuesta de que el Viceministerio de Minas y Energía se traslade del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al MIC.

Sitrande argumenta que el MIC carece de la capacidad técnica para manejar la política energética del país, considerando que su objetivo es más económico-comercial que estratégico. En la misma línea, señalan que el objetivo real sería forzar la privatización de la ANDE o fomentar la inversión privada en la distribución de energía.

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