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La empresa argentina Nubicom SRL ya pagó a Conatel para obtener las cuatro subbandas del espectro asignadas para la red 5G, pero aún no ha recibido la licencia debido a que no se ha establecido oficialmente en Paraguay. El organismo regulador informó que está tomando medidas para verificar denuncias de incumplimiento por parte de la empresa, que al parecer no tendría la cantidad de clientes declarada.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bajo la dirección de Juan Carlos Duarte, confirmó que Nubicom SRL, con sede en Salta, ha pagado por cuatro de las ocho subbandas de 3.500 MHz para la red 5G en Paraguay. Sin embargo, aún no ha recibido la licencia porque debe constituirse en el país.

Víctor Martínez, miembro del directorio de Conatel, explicó que la adjudicación no ha finalizado y que la licencia depende de que la empresa cumpla con todos los requisitos. Mencionó que ya han hecho el pago, pero ahora deben establecerse en Paraguay.

Núcleo SA (Personal) envió dos notas a Conatel advirtiendo que Nubicom podría no contar con el mínimo de 100,000 clientes exigidos. Martínez aclaró que estas observaciones son hipótesis y que deben ser verificadas con información oficial.

Según datos públicos, Nubicom presta servicios de internet fijo en Salta con aproximadamente 78,000 conexiones, cifra inferior a la exigida. No obstante, esto no prueba que sea la misma empresa en cuestión.

Martínez indicó que Conatel está tomando medidas para verificar esto, aunque él mismo no está al tanto de los detalles.

Además, Claro ya obtuvo la licencia de Conatel después de cumplir con los requisitos, mientras que Nubicom, aunque ya realizó el pago, aún no ha revelado cuánto pagó.

Conatel, siguiendo un modelo brasileño para la licitación, estableció un precio de referencia de 500,000 dólares por cada subbanda, con la expectativa de recaudar al menos 4 millones de dólares. Esto es considerablemente menos que los 90 millones obtenidos en la licitación de 4G en 2017.

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Dos ladrones robaron la recaudación del día y un equipo de sonido en una tienda del barrio Molino de Luque. El incidente fue captado por cámaras de seguridad.

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Un robo tuvo lugar este lunes por la tarde en el barrio Molino de Luque. Dos asaltantes armados ingresaron a una tienda y, usando un arma de fuego, sometieron al propietario. El suceso quedó registrado en cámaras de seguridad.

Alrededor de las 17:49, el comerciante estaba por cerrar su local cuando los dos delincuentes entraron. A pesar de llevar quepis, sus rostros estaban descubiertos. Uno de ellos se acercó al dueño con un arma y aparentemente le quitó una cadena, mientras que el otro se dirigió a la caja registradora.

Los ladrones se llevaron el dinero de la recaudación y un equipo de sonido antes de huir.

Las autoridades policiales están investigando el caso y revisando las grabaciones para identificar a los responsables.

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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, fue el principal defensor del proyecto de ley que regula el transporte terrestre y modifica la Ley N° 1590/2000 sobre el servicio de transporte público metropolitano. Este proyecto recibió críticas de pasajeros, empresarios, conductores y otros involucrados.

A pesar de que el tema podría haber generado un debate amplio, la discusión duró menos de hora y media porque la mayoría de los miembros de las comisiones pertinentes debían asistir a la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Desde el inicio, Mauricio Maluff de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) cuestionó que, aunque es una ley marco, no define claramente un plan operativo para su implementación tras la promulgación.

El presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana, César Ruiz Díaz, opinó que la reforma sería un fracaso porque repite viejos errores y culpó al gobierno del sistema actual. Criticó que, aunque se habla de adquirir nuevos buses, la tarifa actual solo permite comprar usados, lo que implicaría subir los precios.

Lorena Segovia, asesora legal de Cetrapam, se opuso a que se les quite la opción de huelga. Cetrapam también solicitó que el Consejo Asesor de Transporte tenga poder vinculante, que se definan los componentes de las tarifas y que se den ventajas competitivas superiores al 5% a empresas ya establecidas. Además, pidieron un plazo mínimo en las concesiones, actualmente hasta 15 años.

Segovia propuso incluir un fondo específico en un fideicomiso para garantizar pagos a los trabajadores ante posibles cierres empresariales.

Ramón Ávalos, secretario de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), criticó las promesas del gobierno calificándolas de «canto de sirenas», señalando que solo benefician la compra de buses y se olvidan de pasajeros y trabajadores.

Emiliano Fernández respondió a Maluff diciendo que el artículo 111 ya menciona un «Plan de implementación de la ley» y prometió presentar un plan formal más adelante. Sobre la financiación, dijo que se establecerá un «fondo fiduciario».

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No se especificaron tarifas, pero Fernández mencionó que se priorizará una «tarifa técnica» para atraer a inversores, lo que preocupa porque no se centra en el usuario.

Fernández rechazó que el Consejo Asesor de Transporte tenga poder vinculante, argumentando la importancia de mantener su independencia para evitar conflictos de interés en licitaciones. También defendió que, pese a no prohibir huelgas, el transporte debe considerarse un servicio esencial, garantizando un servicio mínimo. Por último, el diputado Raúl Benítez propuso que la Dirección Nacional de Transporte sea absorbida por el Viceministerio para evitar divisiones.