Nacionales
Medicamentos sin control del Ministerio de Salud: así son vencidos
En julio de 2025, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) criticó, entre otros aspectos, el vencimiento de costosos medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Una observación destaca la compra de 10 cajas de Sotorasibe por G. 1.368.984.000, que caducaron por el fallecimiento del paciente.
El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) adquirió el fármaco mediante un amparo judicial, incluso después de la muerte del solicitante, y no se reasignó a otro paciente ni se cambió con el proveedor antes de su caducidad. La auditoría, que abarcó de 2022 a 2024, evalúa las gestiones de los directores del Incan, Julio Rolón, Raúl Doria y Jabibi Noguera, y de los ministros de Salud, Julio Borba y María Teresa Barán.
El informe, con 45 observaciones, revela diversas irregularidades en el principal centro oncológico del país y evidencia el mal manejo por parte de Salud Pública.
Un nuevo documento indica descuidos graves en la trazabilidad de fármacos adquiridos por recursos de amparo, causando el vencimiento de medicinas oncológicas costosas. Se detalla la compra de 82 frascos de Sacituzumab Govitecan para dos pacientes en el Hospital de Pedro Juan Caballero, ya que no está en el listado básico del Incan.
El documento muestra que la primera solicitud de 50 frascos fue en noviembre de 2023 para una paciente que falleció sin usarlos. Luego, en 2024, se compraron 32 viales más para otra paciente, ignorando los 50 frascos iniciales. Solo se usaron 20 frascos, quedando 62 viales sin uso.
En 2024, tras la renuncia de Raúl Doria, Jabibi Noguera asumió y prometió mejorar los protocolos de distribución de fármacos. En noviembre de 2024, el Incan reasignó 62 frascos de Sacituzumab, pero algunos se devolvieron casi vencidos, complicando su reasignación.
De los 36 frascos dados al Hospital San Pablo, solo se usaron 9 debido a un amparo judicial. Los 27 viales restantes fueron devueltos al Incan casi vencidos, pero se logró un canje con el proveedor.
Estos incidentes y otros señalados en el informe de la Contraloría demuestran una grave falta de control por parte del Ministerio de Salud, resultando en constantes pérdidas de medicamentos caros por vencimiento. El contralor, Camilo Benítez, considera presentar una denuncia ante la Fiscalía por la pérdida de un fármaco valorado en más de G. 1.000 millones, comprado pese al fallecimiento de la paciente.
La medida cautelar firmada por el juez penal Osmar Legal se emitió en respuesta a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal por parte de la Procuración General de Argentina. Esta solicitud fue realizada por el fiscal Sebastián L. Basso en relación con la investigación del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que causó 85 muertes.
La solicitud busca congelar los bienes de Hussein Mounir Mouzannar y Abdallah Salman. Esto se aplicó por primera vez en 2023 por el juez Gustavo Amarilla, ahora en el Tribunal de Apelación. Mouzannar, con cédula paraguaya y residente en Ciudad del Este, negó su implicación en el ataque y pidió levantar las restricciones.
Mediante el Auto Interlocutorio N° 183 del 19 de mayo de 2024, a solicitud de los fiscales Federico Delfino y Francisco Cabrera, el juzgado reafirmó la prohibición de vender y gravar bienes de los mencionados ciudadanos libaneses. Esta medida afecta a las empresas Agrogado S.A., Polo Modas S.A., Agroganadera Santa Felicidad S.A., y Flor de Lis S.A., donde tienen acciones.
Recientemente, empresarios vinculados a estas firmas solicitaron levantar parcialmente las medidas, argumentando que no están relacionados con el caso y que las restricciones afectan sus operaciones.
Ellos afirman que no son dueños de todas las acciones y no fueron informados de las medidas hasta que se vieron impedidos de completar una transacción de inmuebles pertenecientes a Agrogado S.A. en 2021.
El juez Osmar Legal decidió mantener restricciones sobre Mouzannar, afectando un porcentaje específico de acciones en cada empresa. Además, ordenó que la Senabico administre dichos bienes en representación de Mouzannar y Salman junto con otros socios. Las empresas Agrogado S.A., Polo Modas y Flor de Lis están ubicadas en Paraguay y se dedican principalmente a la ganadería e inmobiliaria.
Nacionales
Viceministro de Transporte: en medio de la escasez de conductores, nuevamente de viaje
En medio de la crisis con los conductores de transporte que han anunciado una huelga para el 3 y 4 de septiembre, al ser dejados fuera del debate sobre la reforma del sistema, el viceministro Emiliano R. Fernández viajó a Chile para presentar la iniciativa como un progreso en movilidad sostenible.
Durante la crisis del transporte público, el viceministro Emiliano R. Fernández participó en el evento Latam Mobility Cono Sur 2025 en Chile. Entretanto, la Federación de Trabajadores del Transporte confirmó una huelga para los primeros días de septiembre debido a su exclusión del proyecto de reforma presentado al Senado. Fernández defendió el plan como un “proceso de transformación” para el beneficio ciudadano.
El evento, que se llevó a cabo en Santiago de Chile, reunió a autoridades para discutir sobre movilidad sustentable. En el panel “Más allá de la conversación: ¿cómo concretar la movilidad sostenible en la región?”, Fernández presentó los principales puntos del proyecto paraguayo, actualmente en evaluación en el Congreso Nacional y que se implementará a largo plazo.
“Estamos en un proceso de transformación que demanda una flota de calidad y un modelo de gobernanza coordinada. Los desafíos son no solo institucionales y financieros, sino también de seguridad jurídica, ya que la electromovilidad requiere grandes inversiones iniciales”, expresó Fernández, subrayando que la propuesta prioriza el bienestar ciudadano.
Fernández señaló que el bienestar implica la reducción de tiempos de espera y mayor eficiencia, basándose en modelos regionales como el de Chile, donde la separación de activos estratégicos ha permitido un esquema de financiamiento más sólido.
Sin embargo, en Paraguay, el plan enfrenta resistencia gremial. La federación de trabajadores ha denunciado que el gobierno los ha excluido del diálogo y advirtió que la reforma favorece solamente a intereses empresariales. La huelga coincide con el inicio del tratamiento del proyecto en el Senado.
Mientras tanto, en Chile, Fernández destacó que el plan paraguayo se enriquece con las experiencias de países como México y Chile, donde la intermovilidad y el transporte eléctrico progresan rápidamente. “Chile demuestra que un sistema de calidad es posible cuando existe institucionalidad y planificación”, afirmó.
La paradoja es evidente: mientras el Gobierno exhibe el proyecto en el extranjero como un éxito de modernización, en Paraguay los choferes paralizarán el servicio para exigir ser escuchados en la discusión sobre el futuro del transporte.
Condenan a cinco años de prisión a Carlos Franco Benítez
El exconcejal de Yuty y expresidente de la Asociación de Funcionarios de la Essap (AFESSAP), Carlos Franco Benítez (ANR-HC), fue sentenciado a cinco años de cárcel. Se comprobó que desvió fondos para su campaña política mientras lideraba la asociación de empleados.
El Tribunal de Sentencia, encabezado por Elsa García, junto con los jueces Matías Garcete y Yolanda Morel, determinó su culpabilidad en un caso de estafa que afectó a más de 120 trabajadores.
En el juicio se verificó que Franco Benítez utilizó dinero para su campaña hacia la Junta Municipal de Yuty, en Caazapá.
El tribunal concluyó que Franco causó un daño patrimonial de G. 414.077.270 a la empresa financiera Fast Credit. Este perjuicio se debió a un convenio mal manejado que debía facilitar créditos a empleados de la ESSAP a través de deducciones bajo el gremio.
La fiscal Belinda Bobadilla demostró que en 2021, Franco emitió órdenes de crédito a personas ajenas a la asociación, incumpliendo el acuerdo que establecía que dichos créditos se destinarían exclusivamente a funcionarios de la ESSAP, para asegurar el cobro automático de las cuotas mediante sus salarios, lo que no se cumplió y ocasionó un gran daño patrimonial.
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