Nacionales
Medicamentos sin control del Ministerio de Salud: así son vencidos
En julio de 2025, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) criticó, entre otros aspectos, el vencimiento de costosos medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Una observación destaca la compra de 10 cajas de Sotorasibe por G. 1.368.984.000, que caducaron por el fallecimiento del paciente.
El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) adquirió el fármaco mediante un amparo judicial, incluso después de la muerte del solicitante, y no se reasignó a otro paciente ni se cambió con el proveedor antes de su caducidad. La auditoría, que abarcó de 2022 a 2024, evalúa las gestiones de los directores del Incan, Julio Rolón, Raúl Doria y Jabibi Noguera, y de los ministros de Salud, Julio Borba y María Teresa Barán.
El informe, con 45 observaciones, revela diversas irregularidades en el principal centro oncológico del país y evidencia el mal manejo por parte de Salud Pública.
Un nuevo documento indica descuidos graves en la trazabilidad de fármacos adquiridos por recursos de amparo, causando el vencimiento de medicinas oncológicas costosas. Se detalla la compra de 82 frascos de Sacituzumab Govitecan para dos pacientes en el Hospital de Pedro Juan Caballero, ya que no está en el listado básico del Incan.
El documento muestra que la primera solicitud de 50 frascos fue en noviembre de 2023 para una paciente que falleció sin usarlos. Luego, en 2024, se compraron 32 viales más para otra paciente, ignorando los 50 frascos iniciales. Solo se usaron 20 frascos, quedando 62 viales sin uso.
En 2024, tras la renuncia de Raúl Doria, Jabibi Noguera asumió y prometió mejorar los protocolos de distribución de fármacos. En noviembre de 2024, el Incan reasignó 62 frascos de Sacituzumab, pero algunos se devolvieron casi vencidos, complicando su reasignación.
De los 36 frascos dados al Hospital San Pablo, solo se usaron 9 debido a un amparo judicial. Los 27 viales restantes fueron devueltos al Incan casi vencidos, pero se logró un canje con el proveedor.
Estos incidentes y otros señalados en el informe de la Contraloría demuestran una grave falta de control por parte del Ministerio de Salud, resultando en constantes pérdidas de medicamentos caros por vencimiento. El contralor, Camilo Benítez, considera presentar una denuncia ante la Fiscalía por la pérdida de un fármaco valorado en más de G. 1.000 millones, comprado pese al fallecimiento de la paciente.
El 9 de noviembre de 2025, a las 09:31, se reportó un accidente en SANTA ROSA, Misiones, donde un estudiante del Colegio de Policía de Misiones y una joven sufrieron lesiones tras ser atropellados por un auto. El conductor huyó del lugar, informó la Comisaría 5ª.
El accidente ocurrió cerca de las 22:50 del sábado en la calle José del Rosario Acosta Alberdi, barrio Pablo Sexto. El vehículo, un Changan Benni Mini plateado con matrícula BAA 019, era conducido por Rolando Miranda Lugo, de 32 años, sin licencia.
Las víctimas, Élder Darío Villalba, de 20 años, y Xiamara Elizabeth Morel Ramírez, de 19, ambos de Santa Rosa, fueron auxiliados por los Bomberos y llevados al Hospital Distrital de Santa Rosa, luego transferidos al Hospital Regional de San Juan Bautista para más exámenes.
El conductor abandonó el lugar tras el choque, pero fue encontrado más tarde. La prueba de alcoholemia en el Cuartel de la Patrulla Caminera de San Ignacio resultó positiva, con 0,790 mg/l.
El caso fue informado al asistente fiscal, abogado Carlos Rodríguez, quien, bajo instrucciones del fiscal Nelson Colmán, ordenó la incautación del auto y la detención del conductor por seis horas.
La operación fue liderada por la subcomisaría M.G.A.P. Diana Valenzuela, junto con el suboficial mayor P.S. Derlis Aquino y el suboficial inspector P.S. Ismael Morel.
Nacionales
Dani Mujica, aspirante de Yo Creo: «Ciudad del Este no aceptará el regreso de la política de antaño»
En Ciudad del Este, el aspirante del movimiento Yo Creo, Dani Mujica, comentó antes de votar que esta es una oportunidad para «restaurar el orden» tras la destitución de Miguel Prieto Vallejos, a quien consideró «el mejor intendente del país».
Mujica señaló que estas elecciones eran inesperadas debido a la remoción de un intendente con una gestión destacada. Declaró esto al llegar al Colegio Nacional Soldado Paraguayo, donde 21.730 electores están habilitados para votar en 73 mesas.
El candidato subrayó que la comunidad es «consciente, trabajadora y sabia» y no permitirá el regreso de «la política prebendaria y corrupta». También destacó que, a pesar de los ataques, la población entiende lo que está en juego.
Mujica exhortó a los ciudadanos a participar en las urnas, recordando que el proceso será sencillo con una sola papeleta.
Sobre posibles rumores de fraude, expresó su confianza en su equipo de control electoral, asegurando que están capacitados y cuentan con experiencia en elecciones pasadas con Miguel Prieto.
En cuanto a la alianza con el PLRA, aclaró que hubo un malentendido, pero que actualmente hay un respaldo institucional sólido en defensa de los votos.
Finalmente, Mujica afirmó que esta elección del nuevo intendente definirá entre dos modelos políticos: uno, basado en la antigua política de corrupción, y otro, iniciado en 2019 con Miguel Prieto, centrado en la transparencia y el desarrollo en los barrios.
Nacionales
Analista describe como «surrealista e irregular» las nueve extensiones dadas a la empresa catarí
El analista Amílcar Ferreira describió como «surrealista» y «extremadamente irregular» la continua extensión, por parte de Petropar, de un contrato con la empresa catarí Doha Holding, a pesar de que esta no ha entregado ni un solo litro de gasoil en más de un año. Ferreira subrayó que es imposible conseguir precios por debajo del mercado internacional para un producto considerado como commodity y que en un proceso serio no se deberían aplazar las entregas esperando una bajada del precio internacional para cumplir el contrato.
Ferreira criticó fuertemente las reiteradas extensiones otorgadas por Petropar, bajo la dirección de Eddie Jara, a Doha Holding Group LLC, que ya lleva más de un año sin cumplir con la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil valoradas en más de 61 millones de dólares. La empresa, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, recientemente recibió su novena prórroga, extendiéndola hasta el 28 de febrero de 2026. Ferreira consideró llamativo y sospechoso que Petropar siga confiando en que la firma catarí podrá suministrar gasoil por debajo del precio internacional, destacando que el petróleo y sus derivados tienen precios fijos globalmente.
Ferreira dijo que creer que Catar venderá combustible más barato que el precio internacional es ilusorio. Comparó esta situación con la imposibilidad de que un catarí compre soja en Paraguay por debajo del precio de Chicago. Afirmó que esta idea es irreal, ya que nadie vende por debajo del mercado.
Criticó que permitir que una empresa adjudicada en una licitación aplace entregas mediante prórrogas, esperando una eventual baja de precios, no tiene base técnica. Ferreira cuestionó la falta de justificación para que la estatal prolongue el contrato y advirtió que la situación podría extenderse hasta el fin del actual gobierno si no bajan los precios de los combustibles.
Ferreira comparó la ingenuidad de Petropar con un episodio pasado en el Banco Central del Paraguay, donde se prometieron inversiones de alto rendimiento que resultaron ser un fraude. Indicó que esperar comprar un commodity por debajo del precio internacional es no entender cómo funcionan los mercados globales. Añadió que el precio spot y futuro del combustible es accesible en internet y es el mismo para todos, variando solo por el costo del flete.
Finalmente, Ferreira afirmó que la única manera de comprar combustible más barato sería mediante contrabando o productos bajo sanción, como ocurre con Rusia en el mercado negro, lo cual podría involucrar al país en sanciones internacionales. No sugirió que Petropar esté haciendo eso, pero destacó que prolongar el contrato es un error y sugirió que podrían estar evitando ejecutar una garantía de 3 millones de dólares vinculada al contrato.
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