En julio de 2025, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) criticó, entre otros aspectos, el vencimiento de costosos medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Una observación destaca la compra de 10 cajas de Sotorasibe por G. 1.368.984.000, que caducaron por el fallecimiento del paciente.
El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) adquirió el fármaco mediante un amparo judicial, incluso después de la muerte del solicitante, y no se reasignó a otro paciente ni se cambió con el proveedor antes de su caducidad. La auditoría, que abarcó de 2022 a 2024, evalúa las gestiones de los directores del Incan, Julio Rolón, Raúl Doria y Jabibi Noguera, y de los ministros de Salud, Julio Borba y María Teresa Barán.
El informe, con 45 observaciones, revela diversas irregularidades en el principal centro oncológico del país y evidencia el mal manejo por parte de Salud Pública.
Un nuevo documento indica descuidos graves en la trazabilidad de fármacos adquiridos por recursos de amparo, causando el vencimiento de medicinas oncológicas costosas. Se detalla la compra de 82 frascos de Sacituzumab Govitecan para dos pacientes en el Hospital de Pedro Juan Caballero, ya que no está en el listado básico del Incan.
El documento muestra que la primera solicitud de 50 frascos fue en noviembre de 2023 para una paciente que falleció sin usarlos. Luego, en 2024, se compraron 32 viales más para otra paciente, ignorando los 50 frascos iniciales. Solo se usaron 20 frascos, quedando 62 viales sin uso.
En 2024, tras la renuncia de Raúl Doria, Jabibi Noguera asumió y prometió mejorar los protocolos de distribución de fármacos. En noviembre de 2024, el Incan reasignó 62 frascos de Sacituzumab, pero algunos se devolvieron casi vencidos, complicando su reasignación.
De los 36 frascos dados al Hospital San Pablo, solo se usaron 9 debido a un amparo judicial. Los 27 viales restantes fueron devueltos al Incan casi vencidos, pero se logró un canje con el proveedor.
Estos incidentes y otros señalados en el informe de la Contraloría demuestran una grave falta de control por parte del Ministerio de Salud, resultando en constantes pérdidas de medicamentos caros por vencimiento. El contralor, Camilo Benítez, considera presentar una denuncia ante la Fiscalía por la pérdida de un fármaco valorado en más de G. 1.000 millones, comprado pese al fallecimiento de la paciente.
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