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Los votos que obtuvieron Yamy Nal y Bajac para ser removidos del Senado
Norma Aquino, conocida como Yamy Nal (ANR, HC), y María Eugenia Bajac (PLRA) encabezan el listado de senadores expulsados con más votos, alcanzando un total de 40. El pasado martes, Aquino se convirtió en la séptima integrante del Senado que perdió su cargo desde 2017, después de Óscar González Daher, el primero en este tipo de casos.
El caso de Norma Aquino, alias Yamy Nal, cuya destitución se concretó el martes, marca un precedente notable en el Senado. Aunque igualó a María Eugenia Bajac en recibir 40 votos para su expulsión, la votación contra Aquino fue unánime entre los presentes, dado que cinco legisladores, incluida ella, estaban ausentes.
Por otro lado, en la expulsión de Bajac, estuvieron presentes los 45 senadores: 40 votaron a favor, uno se abstuvo y cuatro rechazaron.
En contraste, Kattya González y Paraguayo Cubas fueron expulsados con la menor cantidad de votos registrados, solo 23. González tuvo más apoyo, ya que 14 senadores rechazaron su expulsión; siete se abstuvieron y uno estuvo ausente.
En ese momento, el Senado tenía un reglamento que impedía expulsiones con menos de 30 votos. Sin embargo, el grupo liderado por Horacio Cartes rompió su propio reglamento para expulsar a la opositora.
Por su parte, Payo Cubas perdió apoyo debido a su comportamiento y fue expulsado con solo un voto en contra, mientras que tres se abstuvieron y 18 estuvieron ausentes.
La primera expulsión tras la Constitución de 1992 fue la de Óscar González Daher en 2017, por uso indebido de influencias, con 30 votos a favor y 15 ausentes.
Víctor Bogado fue expulsado con 35 votos, y Dionisio Amarilla con 31.
El 2 de noviembre de 2025, a la 1:00, el abogado Enrique Kronawetter expresó que la acusación penal contra directivos del Banco Atlas parece ser un tipo de manipulación judicial sofisticada, orquestada por el fiscal general Emiliano Rolón para congraciarse con ciertas autoridades y perjudicar al grupo empresarial del que forma parte ABC. Kronawetter argumentó que la acusación de lavado de dinero es una respuesta a las publicaciones realizadas por ABC.
El abogado criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que las imputaciones de los fiscales Verónica Váldez, Jorge Arce y Francisco Cabrera están políticamente motivadas por investigaciones de ABC. Relacionó estas imputaciones con otros casos que involucran a figuras cercanas al poder y al mundo del fútbol, mencionando a Alejandro Domínguez y su padre, entre otros.
Kronawetter destacó eventos recientes, como los sobres hallados en la residencia presidencial y una denuncia contra el hijo del fiscal general, como parte de un contexto de persecución.
Al referirse a los autores detrás de la imputación, sugirió que hubo una directriz inesperada de la fiscalía para acusar a aquellos asociados al banco y al diario ABC. Identificó una manipulación penal destinada a silenciar voces críticas.
El abogado cuestionó la seriedad del proceso penal y subrayó que la acusación de lavado de dinero, presentada seis años después de los supuestos hechos, carece de fundamento legal. Criticó al fiscal general Rolón Fernández, quien prometió reformar el Ministerio Público, pero cuyos actos sugieren lo contrario. Kronawetter finalizó afirmando que el ministerio se ha convertido en un instrumento para reprimir a quienes investigan el poder y desafían al sistema.
En julio de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó la estabilidad macroeconómica de Paraguay, indicando que el riesgo soberano era bajo. El informe señalaba que la Deuda Pública del país era sostenible a mediano plazo, gracias a una gestión prudente y a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que limita el déficit anual al 1,5% del PIB.
Sin embargo, el documento también alertaba sobre desafíos estructurales, como la alta deuda en moneda extranjera que expone al país a la volatilidad cambiaria y la necesidad de mejorar la inversión pública. El FMI elogió las reformas en gestión de deuda y transparencia fiscal.
El FMI considera a Paraguay un emisor confiable en América Latina, con sólidos fundamentos que apoyan su reputación de buen pagador, aunque enfrenta riesgos externos. Internamente, el Estado tiene reclamos de proveedores por pagos pendientes de cerca de US$ 1.000 millones (1,9% del PIB), que podrían superar US$ 1.300 millones (2,8% del PIB) considerando las obligaciones del Instituto de Previsión Social (IPS). La deuda de la Administración Central incluye unos US$ 600 millones con farmacéuticas, sin contar los intereses, y unos US$ 320 millones con constructoras.
El gobierno debe cumplir con el acuerdo del FMI para reducir el déficit fiscal al 1,5% del PIB para 2026, lo que le permitiría seguir financiando su presupuesto. En 2023, el déficit fue mayor al previsto debido a deudas no reconocidas por la administración anterior, cerrando en 4,1%. Para 2024 se ubicó en 2,6% y el compromiso para el año actual es del 1,9%, con miras a alcanzar el límite de la LRF en 2026.
Los ajustes fiscales han limitado el gasto público. Según el Banco Central del Paraguay (BCP), el Consumo de Gobierno cayó un 5,9% en el segundo trimestre de 2025, afectado por la compra de bienes y servicios. La construcción también desaceleró de 12,9% a 4,5% entre trimestres.
La deuda con farmacéuticas y constructoras representa una presión que supera el déficit estipulado para 2025. Este incumplimiento afecta financieramente y laboralmente, y pone de manifiesto la necesidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones locales, además de las internacionales.
Queda ahora ver cómo resolver estos problemas.
*Material elaborado por MF Economía e Inversiones.
El 2 de noviembre de 2025, a la 1:00, el PLRA concluyó la inscripción de sus movimientos internos para las elecciones municipales y la renovación de sus autoridades, planeadas para el 20 de junio de 2026. A pesar de hablar de “unidad”, las 55 inscripciones muestran una gran fragmentación.
Se registraron 40 movimientos a nivel nacional, nueve departamentales y seis distritales. Estos grupos participarán en las elecciones internas para escoger candidatos a intendentes, concejales y autoridades partidarias, desde el presidente del partido hasta miembros de comités liberales en todo el país.
Destacan figuras como Hugo Fleitas, presidente saliente del PLRA, quien lidera “Nuevo País”; Ricardo Estigarribia, gobernador de Central y aspirante presidencial para 2028, al frente de “Nuevo Liberalismo”; y Javier Pereira, gobernador de Itapúa, con “Itapúa en Marcha”.
El intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, candidato a presidente del PLRA, inscribió “Unidad Para la Victoria – Nuevo Liberalismo”, y el exsenador Blas Llano presentó “Equipo Joven”.
Los senadores Ever Villalba y Líder Amarilla cocabezan el “Frente Radical”, mientras que Salyn Buzarquis encabeza el “Verdadero Liberalismo”.
Entre los liberales cartistas, José “Pakova” Ledesma inscribió “Equipo Pakova”, y Dionisio Amarilla designó a su hermano Daniel Amarilla para liderar “Diálogo Azul”.
Otros movimientos incluyen “Correli” por el diputado Diosnel Aguilera, “Equipo Mariano Roque Alonso” por Marcelo Salinas, “Amambay Ñanemba’e” dirigido por el intendente Ronald Enrique Acevedo, y “Cambio Radical” liderado por Ester Portillo, intendenta interina de Ciudad del Este.
El PLRA reconocerá movimientos hasta el 14 de noviembre. La comunicación de alianzas y concertaciones cierra el 15 de enero.
Las elecciones de candidaturas en diferentes departamentos se realizarán el 2 de febrero para Concepción, San Pedro y Cordillera; el 3 de febrero para Guairá, Caaguazú y Caazapá; y el 4 de febrero para Itapúa, Misiones, Paraguarí y Alto Paraná.
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