Internacionales
Las heridas y interrogantes que siguen abiertos a 40 años de la toma del Palacio de Justicia
«Por favor ayúdennos, pare el fuego. La situación es dramática. (…) Comunicar esto a la opinión pública, para que el presidente dé la orden», suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la dirección del poder judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los ataques mediáticos, habían entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a realizar un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el presidente dejó en manos de los militares, fue aún más sangrienta. El edificio acabó incendiado, 11 de los 25 jueces del Tribunal Supremo fueron asesinados, se perdieron miles de expedientes de todo tipo.
En una larga historia de violencia política como la de Colombia, los acontecimientos en Palacio siguen siendo especialmente relevantes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, dejando 110 muertos. En el año 2000, paramilitares devastaron la localidad de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 muertos, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en Chocó, y asesinó al menos a 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y es por eso que un episodio que en Colombia ha sido llamado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o las artes, comparable sólo con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.
Además, el poder judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de generaciones posteriores, y sus muertes dejaron una huella que la justicia aún hoy lamenta.
Además de esta herida abierta, el debate sobre la toma y retoma es tan actual y belicoso que en él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue militante del mismo M-19 y, aunque no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus excompañeros. El tema es tan delicado que un juez ordenó recientemente la eliminación de un diálogo de una película sobre el Palacio; Tan válida es que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que otorga a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o aún bajo investigación o proceso, todos los beneficios equivalentes a una absolución”.
La relevancia de lo que ocurrió hace cuatro décadas implica preguntas sin respuesta. Uno de ellos tiene que ver con la protección de los magistrados. A pesar de que se había revelado un plan guerrillero para atacar el Palacio, noticia que había llenado los titulares, ya que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Me gustaría tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal sobre las desapariciones forzadas de una decena de personas, a manos de militares.
Otra pregunta sin una respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió un proclama desde Palacio sobre lo que denominó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Llamamos al juicio público de las minorías apátridas que han defraudado el deseo de paz y traicionado las exigencias de progreso y justicia social a toda la nación”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir que los principales medios difundan el proceso con el que soñaron. “Estimados magistrados: tenéis la gran oportunidad, de cara al país, y en vuestra calidad de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.
Pero la sombra del narcotráfico se cierne sobre lo ocurrido desde 1985, desde que la guerrilla acordó una demanda de los narcotraficantes. «A través de un impopular y escandaloso Tratado de Extradición, se logra nuestra legalidad – la más creciente e innovadora de todas las entregas – lo que es un golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, especialmente personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, tratando de evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se opusieron a sangre y fuego. Quien fuera el teniente, Jhon Jairo Velásquez, popeyees una de esas fuentes; Otros han sido Virginia Vallejo, amante de las drogas, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La cuestión queda en el aire, ya que no hay pruebas ni está claro que una atrocidad de este tipo tendría el efecto esperado. Lo más parecido a una respuesta, según una Comisión de la Verdad formada por los altos tribunales en 2005 para esclarecer los hechos de Palacio, es señalarla como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión entre el M-19 y el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.
Una tercera pregunta es hasta qué punto los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces Ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que había un vacío de poder, en el que eran los generales quienes decidían qué hacer. Pero su entonces compañero de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no existía tal cosa, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temían que darle juego a la guerrilla les hubiera llevado a lograr un levantamiento popular y tomar el poder.
La cuarta cuestión gira en torno a la responsabilidad de cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones contradictorias; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han transcurrido-; En algunos casos, la falta de pruebas balísticas o la manipulación del Palacio por parte de policías y militares antes de la llegada de los funcionarios judiciales impiden obtener pruebas técnicas suficientes.
Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va desde lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a realizar el ataque y lo permitieron, para golpear duramente al M-19 en lo que algunos han llamado «operación ratonera». Aunque los generales lo han negado reiteradamente, los tres magistrados que encabezaron una comisión para investigar los hechos entre 2005 y 2010, dan crédito a la medida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “violado en su dignidad” y “herido en su autoestima” por acciones pasadas de una guerrilla particularmente mediática. Otros han añadido que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado conversaciones de paz sin consultarles y en contra de su opinión.
Lo más complejo, según el exministro Buitrago, es que las respuestas a estas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron tener conocimiento del plan M-19. Y eso mantiene las heridas vivas y abiertas.
Hace unos años estaba enganchado Milenio; Por si no os suena, os cuento que se trataba, según la web de TVE, de un espacio de «debate, análisis y reflexión sobre temas de actualidad y de interés humano». No utilizaron realidad aumentada ni gráficos espectaculares; Eran cuatro personas charlando sobre temas planteados por su director y presentador Ramón Colom. A lo largo de sus más de ciento cincuenta emisiones, disponible en RTVE Play —bendito sea—, hablaban de todo: de Dios, de algoritmos o de la risa. Siempre con tranquilidad y conocimiento, porque todas las semanas venían expertos en la materia, en una, no en todas, como es habitual. Estuve esperándolo hasta que un día no regresó en la madrugada del día 2. Pregunté vía tweet y me respondieron que estaba pendiente de renovación. Puede parecer un pequeño esfuerzo, pero no soy de movilizar. Mi acto más reivindicativo consistió en escribirle a Miko para quejarse de la desaparición de uno de sus cucuruchos helados de trufa y chocolate –prioridades–; En mi defensa diré que entonces protestar tenía más mérito, había que molestarse en escribir una carta, comprar un sobre y un sello y buscar un buzón. Cuando indignarse requiere tanta burocracia, la irritación desaparece antes.
Esa despedida a la francesa es habitual en todas las redes. Con las series suelen ser algo más respetuosos y una triste nota de prensa advierte de su cancelación, pero muchos programas simplemente quedan en el limbo.
Cada temporada temo que algunos de esos programas culturales y de divulgación que llevan tanto tiempo ahí que los damos por sentado desaparezcan por algún ajuste presupuestario avalado por su baja audiencia. Si estamos celebrando los buenos datos de TVE, ¿por qué a alguien no se le ocurre pedírselos a La 2, esa televisión que un día se anunció orgullosamente «para una inmensa minoría»? Dirán que pongo la venda antes de la herida, pero la combinación de búsqueda de rentabilidad y cortoplacismo me asusta tanto como a las superbacterias.
Por eso quedé sumamente contento con la movilización que en su momento provocó la cancelación de El cazador de cerebros. Descubrí que después de los programas que son casi imperceptibles para los audiómetros, hay espectadores leales. Y por eso celebré mucho a Ondas un Página de dos. Me interesa mucho menos que me agrie la polémica por un premio literario que alegrarme de que se ponga en valor un espacio tan cuidado, ameno, estimulante y necesario como el que La 2 dedica a los libros. Viva los programas esenciales para una (no tan) minoría inmensa.

Internacionales
Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó: “Si se lo hacen al presidente, ¿qué pasará con todas las mujeres del país?”
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia diaria de este miércoles que ha presentado una denuncia contra el hombre que se le acercó en la calle y la acosó ante una multitud atónita y decenas de cámaras que grabaron el momento. «Decidí presentar una denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero que viven todas las mujeres de nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta. […]. Es un delito en la Ciudad de México. Si no presento una denuncia, ¿en qué condiciones quedarán todas las mujeres mexicanas? «Si le hacen esto al presidente, ¿qué pasará con todas las demás mujeres del país?» ella dijo.
El mandatario confirmó que el hombre -que se encontraba en estado de ebriedad- ya se encuentra detenido por las autoridades de la capital mexicana. “Es algo que no debería pasar, y no lo digo como presidenta, sino como mujer, nadie debería violar nuestro espacio personal”, reiteró Sheinbaum. La mandataria también anunció que junto a la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, revisará en qué entidades del país este tipo de agresión -acoso callejero- no es considerado un delito para poder equipararlo con la capital, ya que en la Ciudad de México estas conductas se castigan con hasta cuatro años de prisión, además de multas y la posibilidad de poner órdenes de restricción.
Antes de ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum se adelantó y describió el episodio del que fue víctima este martes, cuando caminando por el Centro Histórico de la capital mexicana fue abordada por un hombre que la tocó de manera inapropiada y que intentó besarla sin su consentimiento.
La presidenta comenzó -como ocurre en otros casos de mujeres vulneradas- explicando los motivos por los que decidió caminar y no utilizar su vehículo: «¿Por qué caminé? Porque es más corto. Llegamos tarde, si salíamos en auto llegábamos 20 minutos más tarde», dijo.
Además, ha afirmado que no era consciente de lo que estaba pasando hasta que vio las imágenes del momento en que el hombre se acercó a ella: «No me di cuenta inmediatamente. Hasta que vi los vídeos fue cuando me di cuenta de lo que realmente pasó», ha afirmado.
En un comunicado hecho público durante la noche de este martes, el secretario Hernández condenó el episodio y llamó a no normalizar este tipo de acciones. «La cercanía de la presidenta al pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal o para cometer cualquier tipo de contacto físico sin consentimiento. Es fundamental que los hombres entiendan que este tipo de actos no sólo vulneran a las mujeres, sino que también son un delito», dijo.
Declaración
La violencia que vivimos las mujeres proviene de la normalización que tienen algunos hombres sobre la invasión de nuestro espacio personal y/o de nuestro cuerpo; Son el resultado de décadas de una visión sexista.
Acoso, hostigamiento, abuso y… pic.twitter.com/ViHg8evNHm
— Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) 5 de noviembre de 2025
Respecto a las críticas a su seguridad, Sheinbaum confirmó que seguirá con el acercamiento que ha defendido desde el inicio de su Gobierno: «No vamos a cambiar nuestra forma de ser, no podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos y cómo somos. Y hasta ahora nuestros compañeros de la Ayudantía nos seguirán apoyando».
Al igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum renunció a tener un Estado Mayor Presidencial (un grupo de élite del ejército encargado exclusivamente de la seguridad de los presidentes y sus familias). Y en cambio se rodea de los miembros de la Subdirección General, un equipo de personas que la acompañan en sus actividades diarias.
La presidenta también ha denunciado públicamente el uso de imágenes del momento del acoso, que sufrió por parte de los medios. Y aunque ha aclarado que no tomará medidas legales contra ningún medio de comunicación, ha denunciado la revictimización que se ha hecho de su persona a través de la repetición y difusión de su imagen. “Aprovecho para decir que hay cosas que tienen límites […] Publicando la fotografía, eso ya lo supera todo. Es una cuestión de calidad humana, está fuera de toda ética y de toda moral. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar hasta la Ley Olimpia o la revictimización”, afirmó.
Internacionales
El asesinato de Carlos Manzo choca con la distribución del presupuesto de Sheinbaum en el Congreso mexicano
¡Viva Carlos Manzo! fue el grito que rompió el minuto de silencio que ofreció el Congreso mexicano en memoria del presidente municipal de Uruapan. El pueblo del Estado de Michoacán, aterrorizado por el crimen organizado, enterró al alcalde que se atrevió a desafiar a las células criminales que mantienen bajo fuego al suroeste de México tras el tiroteo de Carlos Manzo este fin de semana en plenas festividades del Día de Muertos. La discusión del presupuesto de gastos del Gobierno de Sheinbaum se ha visto ensombrecida este martes por el fusilamiento del presidente municipal. Sobre las bancas de las bancadas opositoras del PAN y PRI reposaban sombreros manchados de sangre, símbolo del Movimiento del Sombrero, con el que Manzo bautizó su proyecto político, y velas encendidas. El recorte de recursos para seguridad ha sido la chispa que encendió el debate y las críticas de la oposición: menos presupuesto para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, para la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública y para la seguridad en los municipios.
La ambiciosa estrategia de seguridad, que Sheinbaum ha pintado en el discurso como una de las prioridades de su Administración, ha sido puesta en duda. Y la oposición se ha quejado de que no hay manera de implementar ningún plan, por grande que sea, sin el dinero necesario. Incluso han llegado a colocar carteles de rechazo en el salón de plenos. “Presupuesto que te cuida”, “¡Manzo vive!” y “Paz para México”, fueron algunos de los mensajes mientras un ambiente acalorado ha marcado el ritmo del debate. El oficialismo terminó reaccionando y los diputados de Morena intentaron tapar los carteles con uno más grande. «¡Carroñeros! MC-PRIAN», decía la pancarta.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ha salido a suavizar los ánimos y ha retirado su banca, instalada al pie de la tribuna en el turno del PRI para fijar su postura. “En este país denunciar a delincuentes cuesta la vida de los valientes y Carlos [Manzo] fue uno de ellos. Su muerte no fue un accidente, fue el reflejo de un Estado indolente, ineficaz y sin estrategia”, dijo el diputado priista, Carlos Mancilla, el mismo que meses atrás protagonizó, junto a Alejandro alito Moreno, líder del PRI, la lucha contra el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. El discurso rompió la calma. Monreal coincidió con el grupo priista que pidió respetar los acuerdos del debate. “Pido a mis compañeros que retiren las pancartas, que no se enfrenten”, dijo Monreal.
El primer presupuesto elaborado de principio a fin por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum -el anterior fue herencia del mandato de López Obrador- ha expresado sus prioridades, con menos recursos para la seguridad y más para Petróleos Mexicanos y los nuevos trenes. El gasto de 10 mil 200 millones de pesos fue aprobado este martes con carácter general, sin cambios respecto a la propuesta original enviada por el presidente. Mientras tanto, la reasignación de la cartera de 17.788 millones de pesos, obtenidos de recortes al Poder Judicial, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, deberá verse claramente en los próximos días durante la discusión de más de 2.000 propuestas para modificar el dictamen. Sin embargo, el reparto aún no es suficiente para incrementar la cotización en todos los ámbitos que requieren un ajuste al alza, incluido el de seguridad.
La pacificación del país, con regiones aterrorizadas por células criminales, incluida Michoacán, así como mayores recursos para combatir la inseguridad han sido las demandas del frente opositor. “No hay pacificación con cuentos, bribones”, dijo Germán Martínez en representación del PAN. El legislador ha respondido a la retórica del oficialismo y sus acusaciones contra el expresidente Felipe Calderón como responsable de la crisis de seguridad, consecuencia, dicen, de su guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico implementada hace 15 años. “Calderón no dejó solo al gobernador Lázaro Cárdenas […] Hacerse cargo del clima de violencia, algunos afirman estar en el lado correcto de la historia. ¿De qué lado está el difunto Manzo? ¿De qué lado están los siete alcaldes muertos en Michoacán? «¿De qué lado está Bernardo Bravo, el líder de los limoneros?», increpó Martínez ante las quejas del ala oficialista.

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