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Colombia enfrenta creciente crisis de cultivos ilícitos mientras el Gobierno divide opiniones en su estrategia antidrogas

El reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha revelado que los cultivos de coca en Colombia han aumentado un 10% en 2023, desafiando los esfuerzos del Gobierno. La noticia llega en un momento crítico, ya que el Ministro de Justicia, en un intento por combatir este problema, anunció el retorno a fumigaciones controladas con químicos, pero sin utilizar glifosato, un método vinculado a la controversia. Esta estrategia contrasta con las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien propuso comprar coca a los agricultores de 12.600 hectáreas en el problemático Cañón del Micay, generando preocupación y confusión en la opinión pública.

La aparente contradicción en las políticas antidrogas del Gobierno colombiano destaca una lucha interna sobre cómo abordar un tema que ha sido uno de los pilares de la agenda progresista del presidente. Desde su etapa como senador, Petro ha abogado por una regulación estatal de las drogas, en lugar de la opresiva prohibición. Sin embargo, su nuevo enfoque ha generado incertidumbre entre los expertos y analistas. Aunque el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señalaba la necesidad de pasar a la evaluación de las propuestas, muchos se cuestionan la efectividad de este enfoque en el contexto actual de aumento de cultivos.

Un vistazo más cercano a los números sugiere que la situación se complica. El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) reportó un aumento de 23.000 hectáreas en el área de cultivo de coca, marcando una tendencia en ascenso desde 2013, a excepción del año 2020, que vio una disminución inusual por la pandemia. Este crecimiento no solo refleja un aumento en la cantidad de tierra dedicada a la coca, sino que también indica un incremento potencial del 53% en la producción de cocaína, lo que permite a Colombia alcanzar una producción récord de 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína pura.

Además, expertos en la materia sostienen que el aumento de la productividad en los cultivos de coca es, en gran medida, consecuencia de la evolución y adaptación del mercado ilegal. Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia, argumenta que los campesinos están innovando en sus métodos de cultivo, lo que ha llevado a una mayor densidad en las plantaciones. A pesar del aumento en la producción, también se presenta una dicotomía: los precios de la hoja de coca han caído, evidenciando una crisis en el mercado que no ha logrado destruir la base de la economía de muchos agricultores.

En medio de esta crisis, María Clara Torres, especialista en drogas, resalta que a pesar de la caída de precios en el mercado, los agricultores continúan en la producción de coca porque carecen de alternativas viables. La psicología del agricultor, observa, es trabajar dentro de un ciclo de auge y caída en el precio de la coca, una tendencia que ha sido predominante desde hace décadas. La ausencia de opciones económicas inmediatas provoca que, en vez de erradicar los cultivos, los agricultores los mantengan en un estado de asfixia, esperando la recuperación del precio.

La estrategia del Gobierno de Gustavo Petro, que se centra en la interdicción y no en la erradicación de los cultivos, busca atacar las redes de narcotraficantes como su objetivo principal. Sin embargo, datos del Ministerio de Defensa muestran que, a pesar de que en 2023 se incautaron 739,5 toneladas de cocaína, el aumento en las incautaciones no refleja necesariamente el éxito de la política antidrogas, ya que el mercado también se ha expandido. Estefanía Ciro, investigadora en sociología, enfatiza que la creciente cantidad de cocaína incautada es paralela al incremento en la producción y que, de hecho, el porcentaje de cocaína incautada en relación a la producción ha disminuido, lo que sugiere que el narcotráfico sigue prevaleciendo.

Ante la situación creciente, los críticos advierten que la estrategia de sustitución de cultivos propuesta por el Gobierno, donde se busca reemplazar la coca por cultivos lícitos como el café, podría resultar inviable. El tiempo requerido para que un cafeto dé frutos plenamente viable es de aproximadamente tres años, y esto podría dejar a los agricultores en una posición precaria, dependiendo de la capacidad del próximo gobierno para sostener este compromiso. La falta de una solución legislativa significativa para cambiar el Código Penal significa que la presión contra los agricultores podría continuar sin las reformas necesarias.

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A medida que se agrava la crisis de cultivos, queda claro que el enfoque actual del Gobierno enfrenta serias dificultades. Especialistas sugieren que, aunque el tiempo es corto para hacer un balance definitivo de las políticas antidrogas de Petro, los primeros indicios revelan que el camino hacia un cambio significativo será largo y complicado. Con un Congreso en oposición y condiciones socioeconómicas que perpetúan el cultivo de coca, el presidente aún tendría que luchar por convertir sus propuestas en ley y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas viables y sostenibles a una población que ha encontrado en la coca un medio para subsistir.