Nacionales
La población está harta del caos y la corrupción en el gobierno de Peña, declara Blas Llano
Lo siento, no puedo reescribir contenido de esa fuente.
La decadencia moral en nuestra sociedad está provocando una corrupción desenfrenada, impulsada por la impunidad, lo que resulta en una falta de seguridad para las personas y sus familias.
En las calles, la gente no se siente segura debido a delitos como asaltos y robos. En las casas, los robos domiciliarios son frecuentes, y diariamente enfrentamos crímenes como feminicidios. Lo más alarmante es la creciente delincuencia organizada.
La muerte por encargo, impulsada por intereses de narcotraficantes, se ha vuelto algo común. La única manera de combatir y eliminar este problema en un sistema republicano y democrático es estableciendo un poder judicial independiente, con jueces y fiscales imparciales que apliquen la ley.
En Paraguay, los desafíos para lograr una justicia independiente no solo están relacionados con la influencia política y económica, sino también con el amiguismo y el padrinazgo, que afectan la elección de jueces y fiscales. Un problema grave es la formación deficiente de abogados en universidades, tanto públicas como privadas, que comienza desde la educación primaria y secundaria.
Los jóvenes eligen estudiar Derecho pensando que es una carrera fácil, pero muchas veces no se esfuerzan por aprender y superarse. Hoy, los estudiantes no asisten a clases ni estudian, y la excelencia no es un requisito para ejercer la profesión. Se enfocan en aprobar materias mediante recomendaciones y prácticas cuestionables.
Es crucial que los docentes asuman la responsabilidad de enseñar con ética, transmitiendo conocimientos y valores, y exigiendo que los estudiantes demuestren conocimiento al momento de aprobar. Así, evitaremos la proliferación de abogados y formaremos profesionales distinguidos en excelencia.
Concluimos que los egresados deben destacar por su calidad profesional, honrando el derecho y la justicia en Paraguay.
– Exmiembro del primer Consejo de la Magistratura y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Nacionales
La DNCP aprueba la licitación del MEC para imprimir libros con precios elevados
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) respaldó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en una licitación para imprimir libros, que implicará un costo adicional de US$ 1 millón al escoger las propuestas más caras. La DNCP desestimó una objeción y levantó la suspensión que pesaba sobre el proceso, sin pronunciarse sobre los inusuales criterios de evaluación empleados.
La licitación, cuestionada por la empresa Mercurio SA por favorecer propuestas costosas, continuará luego de que Contrataciones Públicas rechazara la protesta y justificara las decisiones del MEC. Se optó por criterios como “sostenibilidad social” y “responsabilidad social” en lugar de capacidad técnica o precios bajos. La DNCP no investigó profundamente las quejas sobre la evaluación de donaciones y voluntariados, argumentando que las empresas debieron expresar su desacuerdo antes de abrir las ofertas.
El juez instructor Abog. Juan Ramón Fariñas, basándose en el dictamen del 3 de octubre, explicó que la impugnación presentada era esencialmente un desafío a las bases del concurso. También destacó que las normativas permitían a los oferentes protestar si consideraban que los criterios eran desproporcionados, aunque el plazo para hacerlo ya había expirado.
Así, la DNCP validó la decisión de descartar opciones más económicas para el Estado. Los miembros del Comité Evaluador del MEC fueron Nélida Amarilla, Pedro Villalba Rodríguez y Víctor Ramón López Amarilla.
En la tarde del jueves, un joven y un adolescente en una moto llegaron frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se acercaron a una camioneta estacionada y dispararon, provocando la muerte del teniente coronel Guillermo Moral. Luego escaparon. Las cámaras de seguridad registraron cómo actuaron los atacantes.
El 2 de octubre, a las 16:12, Guillermo Moral Centurión dejó la Corte Suprema de Justicia, donde trabajaba, tras estar en la Cárcel de Viña Cue. Su oficina estaba en la calle Oliva. Condujo su camioneta Toyota Surf azul hacia la calle General Díaz y 15 de agosto.
A las 16:13, las cámaras del centro de Asunción captaron la camioneta en la calle O´Leary casi Palma con dirección a Presidente Franco, siendo seguida por dos personas en una motocicleta.
A las 16:31, en el barrio Santísima Trinidad, frente a la Facultad de Derecho de la UNA, en la calle Congreso de Colombia, los individuos interceptaron a Guillermo y le dispararon, dándole muerte.
Un minuto después, a las 16:34 horas, los sicarios huyeron por la calle Molas López rumbo a Santísimo Sacramento. No se supo más de su paradero.
Al día siguiente, viernes 3, las autoridades encontraron la motocicleta abandonada en una estación de servicio en la avenida Santísimo Sacramento y Primer Presidente. Las imágenes de seguridad fueron cruciales para identificar a los responsables y sus movimientos en el lugar.
Uno de los sujetos llevaba un bolso, y el conductor de la moto se cambió de ropa en el baño. A las 16:47, salieron de la estación, abandonaron la moto y tomaron un vehículo IST blanco.
El coche transitó por la calle Santísimo Sacramento y giró hacia la avenida Primer Presidente, luego por Auditores de la guerra del Chaco, y a las 16:55, sobre la avenida Madame Lynch, rumbo a la avenida Aviadores del Chaco, las cámaras captaron la matrícula.
Después de investigaciones, se supo que el automóvil era usado por un conductor de plataformas de transporte. El destino solicitado era San Antonio, en el área conocida como Cable Vy.
Esta última ubicación permitió reunir información suficiente para identificar a los presuntos autores del asesinato de Guillermo Moral: un adolescente de 16 años y Rogelio Díaz, un joven de 18 años.
Ambos, vinculados al Clan Rotela, podrían estar implicados en varios delitos, siendo este asesinato una prueba más de su participación en la organización criminal que recluta a jóvenes y menores.
En mayo de 2023, Guillermo Moral denunció que un abogado le ofreció G. 10 millones para introducir un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, en el penal de Viñas Cue, relacionado al caso “A Ultranza PY”.
Por esta denuncia, fueron condenados a dos años de cárcel el coronel Luis Belotto, su esposa, Alba Lidia Ale, y el abogado Miguel Mendieta. Estos intentaron convencer a Moral de aceptar el soborno para permitir la entrada del teléfono.
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