Al finalizar julio, el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, también conocida como Caja Fiscal, superó los G. 1,4 billones, de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicado ayer.
El saldo negativo de la Caja de Jubilaciones del sector público aumenta cada mes, consumiendo recursos aportados por los ciudadanos a través de impuestos, mientras la necesaria reforma impulsada por el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) sigue pendiente.
Según los datos del MEF, en julio el déficit fue de G. 214.233 millones, lo que representa un 44% de diferencia entre los ingresos de los aportes de empleados activos y los pagos a jubilados.
En lo que va del año, de enero a julio, el déficit acumulado ha llegado a más de G. 1,4 billones (equivalente a US$ 194,7 millones al tipo de cambio promedio de ese mes), con una diferencia entre ingresos y gastos del 43%.
Durante este período, la caja recibió más de G. 1,9 billones (US$ 259,9 millones) de los aportes del 16% de los funcionarios y otras fuentes, pero los gastos superaron los G. 3,3 billones (US$ 454,6 millones).
Entre sus seis sectores, solo el de empleados públicos presentó un superávit del 13% al cierre de julio, mientras que los otros, como magistrados, docentes, militares, policías y maestros, mostraron déficits del 29%, 22%, 75%, 64% y 48%, respectivamente.
Jorge Delgado, líder de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, anticipó que el déficit podría alcanzar los US$ 300 millones para fin de año.
La reforma de la Caja Fiscal es catalogada como una prioridad en diversos informes y por analistas económicos, aunque tras dos años de gobierno, sigue siendo postergada por el presidente Peña a favor de otras reformas presentadas ante el Congreso.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, había indicado que la modificación a la Caja Fiscal sería propuesta tras la aprobación de la ley de función pública, aunque ahora se espera que se remita a finales del año, previo a las elecciones municipales de 2026, lo que podría complicar su estudio y aprobación.
El gobierno ha retrasado la reforma, y el Tesoro ha destinado en más de 14 años aproximadamente US$ 1.497 millones de fondos públicos a la Caja de Jubilaciones.