Hace diez meses, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), junto a otros 12 acusados, ha evitado mediante maniobras legales que el caso por malversación de G. 1.100 millones avance a juicio oral. Esta acusación también involucra a su esposo, el diputado Esteban Samaniego.
La audiencia preliminar de Corvalán y los otros acusados se suspendió nuevamente, debido a que los abogados de Carlos Aurelio Bareiro Bogarín y Ruth Mercedes Medina presentaron una objeción sobre la competencia territorial del juez Humberto Otazú, argumentando que el caso debería juzgarse en Paraguarí. Anteriormente ya se habían utilizado tácticas similares para retrasar el proceso por parte de otros acusados, como Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas, quienes están bajo arresto domiciliario por obstruir el proceso.
También Corvalán y Blanca Álvarez, madre del diputado Samaniego, han utilizado maniobras legales para posponer sus audiencias. Incluso se ha solicitado que Corvalán no se acerque a la sede municipal.
En diciembre de 2024, el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta presentó cargos contra la madre y la esposa de Samaniego por administración en beneficio propio, asociación criminal y blanqueo de dinero.
El caso involucra un desvío de fondos cometido durante la administración de Samaniego como intendente de Quyquyhó. Los acusados incluyen, además de Corvalán, a Manuel Olazar, Andrés Alfredo Arrúa Brítez y Blanca Álvarez viuda de Samaniego, entre otros.
Mientras tanto, el proceso contra Esteban Samaniego está detenido, ya que la Cámara Baja no ha tratado los pedidos de desafuero pendientes desde 2019.
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