Más de 98.617 millones de guaraníes (aproximadamente 13 millones de dólares) es la diferencia respecto al precio de referencia para el diseño, construcción y mantenimiento del Hospital General de Asunción, llamado por el gobierno de Santiago Peña como el próximo «gran hospital». Inicialmente se había previsto un presupuesto de alrededor de 368.778 millones de guaraníes (unos 49 millones de dólares), pero la adjudicación se realizó por 466.945 millones de guaraníes (unos 63 millones de dólares), según la resolución N° 1198 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del 24 de julio de 2025.
El contrato fue adjudicado al Consorcio GHA, formado por Constructora Isacio Vallejos SA, Benito Roggio e Hijos SA y MM Sociedad Anónima, representado por Luis Rodríguez. La adjudicación se basó en el dictamen N° 65 del Comité de Evaluación de Ofertas del 15 de julio de 2025.
No obstante, una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) demostraría que este sobreprecio del 26,6% sobre el precio de referencia estaría en contra del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y la resolución N° 454/2024 del 15 de febrero de 2024 de esa misma institución, según el reclamo presentado por el Consorcio Yvága, compuesto por TR Construcciones SA y Aponte Latorre SA, representado por Carlos Latorre.
El Consorcio Yvága participó del proceso con una oferta de 386.900 millones de guaraníes (aproximadamente 52 millones de dólares), que representaba el precio más bajo y un sobreprecio de solo el 4,9% en comparación con el monto inicial previsto. Sin embargo, el consorcio fue descalificado por falta de experiencia clave, ya que la obra declarada no correspondía a un único centro hospitalario, según el Comité de Evaluación.
A raíz de estos cuestionamientos, la DNCP decidió el 8 de agosto abrir una investigación y ordenar al MOPC la suspensión del proceso de contratación.
El Comité de Evaluación observó que la descalificación del Consorcio Yvága fue por no cumplir con el requisito de experiencia clave, ya que se exigía que esta experiencia fuera acreditada con un único contrato, permitiendo la subcontratación de hasta dos actividades.
ABC intentó obtener una respuesta de la ministra Claudia Centurión, quien prometió responder pero finalmente indicó que la consulta se remitiera al asesor jurídico José Arévalo.