Nacionales
La DNCP investiga la adjudicación de obras para un importante hospital en Asunción
Más de 98.617 millones de guaraníes (aproximadamente 13 millones de dólares) es la diferencia respecto al precio de referencia para el diseño, construcción y mantenimiento del Hospital General de Asunción, llamado por el gobierno de Santiago Peña como el próximo «gran hospital». Inicialmente se había previsto un presupuesto de alrededor de 368.778 millones de guaraníes (unos 49 millones de dólares), pero la adjudicación se realizó por 466.945 millones de guaraníes (unos 63 millones de dólares), según la resolución N° 1198 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del 24 de julio de 2025.
El contrato fue adjudicado al Consorcio GHA, formado por Constructora Isacio Vallejos SA, Benito Roggio e Hijos SA y MM Sociedad Anónima, representado por Luis Rodríguez. La adjudicación se basó en el dictamen N° 65 del Comité de Evaluación de Ofertas del 15 de julio de 2025.
No obstante, una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) demostraría que este sobreprecio del 26,6% sobre el precio de referencia estaría en contra del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y la resolución N° 454/2024 del 15 de febrero de 2024 de esa misma institución, según el reclamo presentado por el Consorcio Yvága, compuesto por TR Construcciones SA y Aponte Latorre SA, representado por Carlos Latorre.
El Consorcio Yvága participó del proceso con una oferta de 386.900 millones de guaraníes (aproximadamente 52 millones de dólares), que representaba el precio más bajo y un sobreprecio de solo el 4,9% en comparación con el monto inicial previsto. Sin embargo, el consorcio fue descalificado por falta de experiencia clave, ya que la obra declarada no correspondía a un único centro hospitalario, según el Comité de Evaluación.
A raíz de estos cuestionamientos, la DNCP decidió el 8 de agosto abrir una investigación y ordenar al MOPC la suspensión del proceso de contratación.
El Comité de Evaluación observó que la descalificación del Consorcio Yvága fue por no cumplir con el requisito de experiencia clave, ya que se exigía que esta experiencia fuera acreditada con un único contrato, permitiendo la subcontratación de hasta dos actividades.
ABC intentó obtener una respuesta de la ministra Claudia Centurión, quien prometió responder pero finalmente indicó que la consulta se remitiera al asesor jurídico José Arévalo.
La bancada de Cruzada Nacional solicitó un informe al Poder Ejecutivo, dirigido al Ministerio del Interior, para aclarar los motivos, alcances y regulaciones del uso del polígrafo en la Policía Nacional. El proyecto de resolución, presentado por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Walter Kobilansky, será tratado en la sesión de mañana de la Cámara de Senadores, programada para las 9:00.
El documento solicita al Ejecutivo detalles sobre los actos administrativos que autorizan el uso de esta herramienta en evaluaciones y ascensos del personal policial. Los legisladores desean conocer la norma que regula su aplicación, incluyendo fecha y texto completo, y qué disposiciones internas (manuales, protocolos) existen.
También se consulta si el polígrafo se usa solo en ascensos o también en investigaciones internas, selección o control disciplinario. Además, buscan saber qué porcentaje del puntaje final en los ascensos depende del polígrafo, incluyendo la fórmula de cálculo.
El pedido también pretende esclarecer los aspectos operativos y financieros del sistema. Por ello, los senadores solicitan identificar a las empresas proveedoras de equipos, detallando la cantidad y características de los aparatos disponibles.
Además, requieren información sobre los operadores, especificando si son parte del cuerpo policial o contratados externamente. Se pide también confirmar si los funcionarios sometidos dan su consentimiento y qué mecanismos existen para proteger su confidencialidad y datos personales.
Respecto al presupuesto, se solicita al Ministerio del Interior un desglose del monto invertido en compra, mantenimiento, software y capacitación desde la implementación del polígrafo hasta la fecha, detallado por año.
El objetivo del proyecto es garantizar la transparencia en los procesos internos de la Policía Nacional y asegurar que el uso del polígrafo sea conforme a criterios legales, éticos y técnicos. Este tema será discutido en el Senado en el orden del día, donde se espera la opinión del oficialismo y la respuesta del Ministerio del Interior.
El 3 de noviembre de 2025 a las 22:58, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado y aún no ha sido identificado. El Ministerio Público dispuso su traslado a la Morgue Judicial de Asunción para realizar los estudios pertinentes.
El lunes por la tarde, un cadáver fue hallado en el arroyo Ñeembucú, detrás del Club Deportivo Pilarense, en el barrio General Díaz de Pilar. El descubrimiento fue comunicado a la Comisaría Segunda del barrio Obrero alrededor de las 17:00. Según el reporte policial, se trata de un hombre cuya identidad sigue desconocida.
El cadáver estaba en posición de decúbito prono, parcialmente sumergido a unos 40 metros de la rampa. Llevaba puesto un pantalón jeans azul y una camiseta clara con la inscripción “MOTORCYCLE – RACER PARTS – MANUFACTURE”.
En el lugar, intervinieron agentes de la Prefectura Naval, Criminalística e Investigación de Hechos Punibles, junto al fiscal Federico Solano López y la médica forense Sandra Delvalle. La doctora diagnosticó que el cuerpo presentaba un estado de putrefacción y signos de antropofagia, lo cual dificultó su identificación. No se encontraron documentos personales.
El fiscal ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial de Asunción para realizarle una autopsia y otros procedimientos necesarios. La zona del hallazgo quedó bajo custodia policial hasta la llegada del vehículo de la morgue.
Nacionales
Controversia en Ypané: La Junta demandará credenciales a periodistas para asistir a sesiones públicas
El 3 de noviembre de 2025 a las 22:30, la Junta Municipal de Ypané aprobó una resolución que introduce nuevos requisitos para que los periodistas puedan cubrir sus sesiones públicas. Esta medida, propuesta por el concejal Denis Chamorro, requiere acreditación formal, una carta del director del medio y patentes comerciales actualizadas. Chamorro aclaró que la normativa busca solo «formalizar» el trabajo periodístico.
La Junta Municipal aprobó la Resolución N° 105/2025 para establecer normativas y requisitos para la autorización y acreditación de medios de prensa interesados en cubrir sus sesiones ordinarias desde el 27 de octubre. Los medios deben presentar una carta firmada por su director, comprobar la identidad y tener la patente comercial o profesional vigente para acceder a la Sala de Sesiones.
El objetivo de la resolución es aportar seriedad y responsabilidad al trabajo de la prensa. Sin embargo, contraviene la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal, que garantizan la libertad de prensa y el acceso público a las sesiones.
El artículo 26 de la Constitución Nacional asegura la libre expresión y la libertad de prensa sin censura, y el artículo 29 declara que el ejercicio periodístico es libre y no requiere autorización previa. Además, la Ley Orgánica Municipal menciona en su artículo 70 que las sesiones plenarias de las Juntas Municipales son públicas, por lo que exigir acreditaciones podría limitar el derecho de informar.
Denis Chamorro defendió la resolución, afirmando que no busca restringir el trabajo periodístico, sino formalizarlo. Reiteró que desean que los medios acrediten a sus representantes, respaldados por su director, y destacó que las sesiones son públicas y se transmiten en vivo, negando así la censura. Sin embargo, reconoció que la medida surgió tras conflictos con medios locales que publican información de manera agresiva y fuera de contexto.
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