Los fiscales del caso llamado «mafia de los pagarés», Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, afirman en su acusación que los procesados del Juzgado de Paz de La Recoleta, bajo la dirección de Víctor Nilo Rodríguez Acosta, manipularon el sistema judicial para avanzar demandas sin el conocimiento de los deudores.
Se indicó que Rodríguez sabía de lo ocurrido y aceptaba dinero de Ingrid Prette Gondenberg, notificadora con quien tenía una relación cercana.
El ujier Fernando Cáceres González, acusado de prevaricato y falsificación de documentos, junto con las actuarias Gloria Morínigo Gill y Rosa del Pilar Lezcano Correa, también acusadas, declararon que eran vigilados por Rodríguez.
Los abogados involucrados tenían un trato directo con Rodríguez, llevando numerosos expedientes sin seguir los procedimientos normales. Cáceres relató que fue presionado por un empleado de la firma NEXO SA para recibir pagos a cambio de favorecer con las notificaciones, lo cual rechazó.
Rodríguez favorecía a Ingrid Prette al asignarle la mayoría de las notificaciones de juicios ejecutivos, según declaró Cáceres. La Fiscalía encontró pruebas de que expedientes y documentos se gestionaban de forma irregular en el juzgado.
En documentos incautados, se encontró evidencia de relaciones financieras entre Ingrid Prette y Rodríguez, como un contrato de alquiler donde él era garante, y una agenda con detalles de pagos relacionados.
Una investigación adicional reveló que Prette estaba vinculada a la compra de un vehículo, respaldada financieramente por Rodríguez.