El gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado la extensión de la autoridad civil israelí sobre aproximadamente el 40% de Cisjordania, territorio que desde los Acuerdos de Oslo está bajo control parcial de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Este anuncio, realizado de manera conjunta por los ministros de Finanzas y Defensa, Bezalel Smotrich e Israel Katz, implica cambios significativos en la administración de la región y apunta a acelerar el desarrollo de los asentamientos israelíes.
La reforma busca eliminar barreras burocráticas que, según las autoridades israelíes, han limitado el crecimiento y la regulación en áreas como la adquisición de tierras, la gestión del agua, la protección de sitios arqueológicos y los riesgos ambientales. En particular, se facilitará la compra de tierras palestinas por parte de colonos israelíes, un aspecto que expertos y organizaciones alertan podría fomentar prácticas irregulares como la falsificación de documentos.
Esta medida ha sido interpretada como un paso firme hacia la anexión de Cisjordania, desafiando la vigencia de los Acuerdos de Oslo y debilitando aún más la influencia del gobierno palestino, presidido por Mahmud Abbas. La oficina presidencial palestina criticó duramente la decisión, calificándola como un acto de agresión que amenaza con desplazar a las comunidades palestinas y demandó intervención internacional para frenar estas acciones.
El comunicado palestino llamó a organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU y al Gobierno de Estados Unidos, con particular atención a la próxima reunión entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente norteamericano, Donald Trump, para que adopten medidas de presión que eviten un mayor avance en la expansión territorial israelí.
Por su parte, desde Israel, los ministros responsables defendieron la iniciativa. Katz resaltó que la reforma otorgará certeza jurídica a los colonos, permitiéndoles vivir y desarrollarse en condiciones equiparables a las de cualquier ciudadano israelí. Smotrich expresó que la medida “normaliza” la vida de las colonias y afirmó que con ella se continúa “matando la idea de un Estado palestino”.
Entre las disposiciones se encuentra la publicación del registro de propietarios de tierras de Cisjordania, hasta ahora clasificado, así como la anulación de una ley de 1953 que impedía a no árabes adquirir tierras directamente, eliminando requisitos previamente establecidos por la Administración Civil israelí. En la práctica, estos cambios permitirán una mayor facilidad para la extensión de los asentamientos, incluyendo áreas controvertidas como la ciudad de Hebrón, donde se suprimirán ciertos permisos municipales bajo control palestino.
La decisión fue bien recibida por el Consejo Yesha, que representa a las comunidades colonas israelíes y que considera que esta política afianza la soberanía de Israel sobre el terreno “de facto”. No obstante, organizaciones pro derechos humanos y grupos opositores critican que la expansión de los asentamientos perpetúa un sistema de segregación que afecta a tres millones de palestinos y dificulta la viabilidad de la creación de un Estado palestino independiente.
En un contexto donde la colonización avanza a ritmo acelerado, con la reciente aprobación de miles de viviendas y nuevos asentamientos, la decisión del gabinete israelí podría agravar aún más las tensiones en la región y complicar las perspectivas de un acuerdo de paz duradero entre israelíes y palestinos.