Nacionales
Investigan la desaparición de una adolescente en Hernandarias
El 1 de noviembre de 2025, a las 01:05, se reportó que una adolescente de 14 años está desaparecida desde el 26 de octubre en Hernandarias. Su madre hizo la denuncia días después, y la fiscal Beatriz Adorno Acuña inició una búsqueda a nivel nacional. Se están realizando investigaciones, incluyendo rastreos y revisión de cámaras de seguridad.
La fiscal Beatriz Adorno Acuña, de la Unidad Penal n.º 2 de Hernandarias, ordenó la búsqueda de Naely Báez Cáceres, de 14 años, desaparecida desde la madrugada del 26 de octubre de 2025. La joven, del barrio 1.º de marzo, fue reportada como ausente por su madre, Rosa Cáceres, quien notó su ausencia a las 01:00 del mismo día, pero la denuncia se hizo el 31 de octubre en la Comisaría 5.ª de Hernandarias. Inicialmente, la madre pensó que era un comportamiento habitual de la adolescente.
El caso se calificó como “Supuesto hecho punible contra el Estado Civil, el Matrimonio y la Familia – Violación de la Patria Potestad” según el Ministerio Público. La madre también mencionó que su hija consume drogas, lo cual se incluyó en la investigación. Tras recibir el testimonio, los antecedentes se enviaron a la Unidad Penal n.º 2, que formalmente abrió la causa.
La fiscal informó al Juzgado Penal de Garantías sobre el proceso, de acuerdo con el artículo 290 del Código Procesal Penal, y ordenó un rastrillaje exhaustivo en el barrio 1.º de marzo y zonas cercanas, coordinado con la representación fiscal.
Se realizarán monitoreos de cámaras, entrevistas a vecinos y testigos, y análisis de las comunicaciones de la adolescente.
El Ministerio Público solicita a la población que cualquier información sobre el paradero de Naely Báez Cáceres se comunique a la comisaría más cercana o a la Unidad Penal n.º 2 del Ministerio Público de Hernandarias.
Nacionales
Insisten en que Peña aclare sobre los «sobres» y el polígrafo tras hacerse el «ñembotavy»
El 1 de noviembre de 2025, a la 1:00, después de que el presidente Santiago Peña y el ministro del Interior, Enrique Riera, ignoraran solicitudes de informe de los Diputados sobre los “sobres del poder”, los legisladores opositores Johanna Ortega y Raúl Benítez insistieron con la petición. El Ejecutivo se rehúsa o no puede explicar las visitas de “empresarios amigos” y el uso del polígrafo.
El 24 y 28 de octubre pasaron los plazos para que la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) respondieran las solicitudes de informe aprobadas por la Cámara de Diputados sobre los “sobres del poder”. La respuesta fue el silencio, por lo que se presentó una nueva solicitud.
Ortega y Benítez señalaron que esta repetición se debe a la falta de respuesta del Ejecutivo respecto al despido injustificado de Luz Candado, encargada del servicio doméstico de Mburuvicha Róga.
Especialmente, se solicita que la Presidencia informe sobre visitas fuera de agenda a la residencia presidencial, ya que se reveló que Peña recibía a empresarios “amigos”, y sobre el uso del polígrafo.
Los legisladores buscan conocer qué procedimientos administrativos, denuncias o investigaciones se realizaron. Además, piden detalles sobre el polígrafo usado con la mencionada funcionaria y su esposo.
Hasta ahora, Peña ha guardado silencio desde que el escándalo estalló el 16 de septiembre, sin negar la existencia de los sobres sospechosos en la residencia presidencial.
Se reportaron al menos dos paquetes con US$ 100,000 cada uno, devueltos al presidente. Aun así, sometió ilegalmente al polígrafo a Luz Candado y su familia, terminando por despedirlos sin indemnización.
Nacionales
Varela advierte que no respaldarán ascensos policiales hasta que Riera aclare el uso de polígrafos
El 1 de noviembre de 2025, a la 01:00, se divulgó que el uso del polígrafo en los ascensos de policías está causando controversia en el Senado. Mario Varela, senador de la ANR (disidente), señaló que no apoyarán los ascensos si Enrique Riera, ministro del Interior, no se presenta ni reglamenta la ley de reforma policial vigente desde el año pasado.
Varela expresó preocupación ante la falta de respuestas del Ejecutivo, ya que Riera no asistió a la reunión convocada para esclarecer el uso del polígrafo en la evaluación de policías. El senador subrayó que no respaldarán los ascensos hasta que el ministro explique y reglamente la reforma, ya que el proceso debe ser transparente.
Varela indicó que hay un consenso crítico entre los miembros de la comisión sobre el uso del polígrafo. Calificó la situación de preocupante, señalando dudas sobre la legalidad y transparencia del procedimiento actual.
El comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, admitió que el polígrafo fue manejado por militares, lo cual incrementó las preocupaciones sobre la falta de control civil y los criterios técnicos.
La ley de reforma policial, promulgada el año pasado, aún no ha sido reglamentada por el Ejecutivo, creando un vacío legal respecto al uso del polígrafo en ascensos.
Varela insistió en que hasta no obtener respuestas claras del Ministerio del Interior, no se apoyarán los ascensos este año. Además, informó que la próxima semana se solicitará otra reunión reservada si los temas a discutir pudieran comprometer la intimidad de los comisarios evaluados.
Mientras Zenón Cáceres Duarte, excontador de la Municipalidad de Jesús de Tavarangue en Itapúa, ya enfrenta un juicio, el exintendente Hernán Adolar Schlender (ANR) sigue prófugo desde el 15 de octubre.
Ayer se llevó a cabo el segundo día del juicio oral contra Zenón Cáceres Duarte, acusado de crear documentos falsos. Según la fiscalía, Hernán Adolar Schlender y Zenón Cáceres Duarte habrían colaborado para lavar dinero supuestamente del crimen organizado utilizando la cuenta del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) entre 2016 y 2019. Estas acusaciones las realizó el fiscal Federico Leguizamón.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, conformado por las doctoras Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, está juzgando al excontador, mientras el exintendente ha sido declarado en rebeldía.
Se estima un daño patrimonial a la Municipalidad de Jesús de aproximadamente G. 7.418 millones, debido a documentos de empresas y constructoras cuyos representantes afirmaron no haber realizado los trabajos o cobros mencionados ante la Contraloría General de la República.
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