Nacionales
Investigación sobre posible fraude en el Crédito Agrícola de Habilitación en Pirapó
Agentes fiscales de las Unidades Penales de Colonias Unidas, pertenecientes al Ministerio Público, llevaron a cabo un operativo en busca de documentos vinculados a denuncias de presuntas estafas en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en Pirapó. Las autoridades del organismo afirmaron que, tras detectar las irregularidades, cambiaron el sistema y el personal.
Clientes de la sucursal de Pirapó del CAH denunciaron un supuesto esquema fraudulento entre 2023 y 2024, donde se habrían creado documentos falsos para gestionar créditos a sus nombres. Las víctimas descubrieron el fraude al ser contactadas para el pago de deudas que no habían solicitado.
Según las 11 denuncias presentadas, el esquema involucraba a exclientes que ya habían saldado sus préstamos, con montos entre G. 6 millones y G. 28 millones. En el marco de la investigación, los fiscales Reinaldo Castillo y Héctor Garay realizaron un allanamiento en busca de pruebas.
El Ministerio Público sospecha que empleados de la sucursal generaban los documentos, y los cheques eran retirados por terceros. Parte del personal ha sido sometido a sumario administrativo; dos fueron separados y otro renunció, radicándose actualmente en España.
El gerente de Servicios del Sureste del CAH, ingeniero Juan Ovelar, señaló que debido a las denuncias, la institución implementó un nuevo sistema para evitar prácticas fraudulentas previas. Ahora, el proceso de acreditación es bancarizado, depositando los préstamos directamente en las cuentas de los beneficiarios. Ovelar agregó que están a la espera de la resolución judicial sobre el posible daño patrimonial y que reconocerán las cuentas no autorizadas a los afectados.
Los fiscales esperan los resultados de las pericias caligráficas para determinar si hubo falsificación de firmas. Los empleados estarán bajo investigación por producir y usar documentos falsos.
Según reportes constantes de los asegurados, las farmacias del Instituto de Previsión Social (IPS) enfrentan una escasez de medicamentos. El doctor Derlis León, a cargo de la gerencia de salud del organismo, afirma que más del 90% de los medicamentos considerados cruciales están disponibles, aunque admite algunas carencias.
El IPS está llevando a cabo una «revisión de stock» debido a las denuncias recibidas. Según el doctor León, se han repuesto siete productos recientemente, pero algunos, como la dapagliflozina y la fluoxetina, no estarán disponibles hasta dentro de dos a cuatro semanas.
El doctor señaló que, aunque se hayan cumplido los procedimientos administrativos y se cuente con contratos y adjudicaciones, esto no soluciona el problema de disponibilidad, aunque se están tomando medidas para reponer el déficit.
En el caso de los medicamentos vitales, León asegura que tienen más del 90% de lo necesario, incluyendo todas las insulinas e hipertensivos, excepto uno. Recientemente, el ibuprofeno llegó y está listo para su distribución.
El futuro político del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y la reciente remoción de Miguel Prieto en Ciudad del Este están generando debate dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Los ministros Juan Carlos Baruja y Tadeo Rojas, del Comando Nacional de Honor Colorado (HC), coincidieron en que las decisiones deben basarse en los reportes oficiales de las intervenciones, sin favoritismos.
El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, mencionó que la destitución de Rodríguez dependería del informe definitivo del interventor. «Si el reporte confirma las acusaciones, se debe actuar de manera coherente con otros municipios», declaró, haciendo referencia a la salida de Miguel Prieto.
Baruja enfatizó que no debería haber justicia selectiva: “Cuando un colorado comete un error es justicia, y cuando un opositor lo hace es persecución política. Debe actuarse igual, sea colorado o opositor”, afirmó.
Respecto a Miguel Prieto, Baruja comentó que el propio exintendente admitió nepotismo y mala gestión. “Si se convierte en candidato de la oposición, ¿qué postura adoptará? Publicitó ‘no al nepotismo’ aunque aceptó en televisión haberlo practicado”, opinó.
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, descartó que la remoción de Prieto fuera parte de un plan de persecución por parte de Honor Colorado. «La intervención comenzó con una solicitud de la Contraloría. No tengo noticias de que haya sido una maniobra política», aclaró.
Cuestionado sobre si Prieto era una amenaza electoral para el cartismo, Rojas respondió: “No lo veo como una amenaza política. Aunque popular en su departamento, no tiene un discurso sólido para liderar un proyecto presidencial”.
Respecto al caso de Óscar “Nenecho” Rodríguez, Rojas reconoció que hay cuestionamientos, pero que la decisión dependerá del Congreso. “El interventor ha señalado algunos asuntos preocupantes, pero corresponde a los parlamentarios decidir. Si hay irregularidades, deben ser tratadas con la misma rigurosidad que otros casos”, sostuvo.
Añadió que existen posturas divididas sobre su destitución. “Nenecho es apreciado por la dirigencia del partido en la Capital. La decisión se debatirá en el Congreso. No he escuchado peticiones para mantenerlo ni para que renuncie; estoy al margen debido a mis funciones como ministro”, concluyó.
La Contraloría Ciudadana de San Pedro de Ycuamandyyú ha expresado su rechazo a la intención del intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) de endeudar la municipalidad. El alcalde, que está en campaña para ser reelegido, quiere solicitar un préstamo de G. 48.000 millones, lo que comprometería los ingresos municipales de los próximos tres años.
La Contraloría de San Pedro emitió un comunicado condenando la intención de Carlos Quiñónez de endeudar la Municipalidad por G. 48 mil millones, afectando los recursos del municipio durante los siguientes tres años.
Según los ciudadanos, este dinero del préstamo se usaría para financiar su campaña, en lugar de las obras que argumenta ejecutará. En el comunicado, la Contraloría manifiesta su fuerte oposición al proyecto de endeudamiento municipal.
Además, se menciona que el grupo de ciudadanos ya ha presentado denuncias contra la gestión de Quiñónez ante varias instituciones, pero estas no han respondido a sus quejas.
El documento destaca obras que figuran en documentos pero no se han ejecutado, indicando sobrecostos y obras inconclusas. También se cuestiona el uso de G. 30 mil millones recibidos por la administración de Quiñónez, ya que hay numerosas deudas sin pagar.
El comunicado advierte que este préstamo hipotecaría el futuro de San Pedro, comprometiendo recursos futuros y limitando la inversión en obras necesarias.
La Contraloría Ciudadana llama a una «rebelión cívica» contra esta propuesta de endeudamiento. Quiñónez ha solicitado a la Junta Municipal la aprobación para buscar el préstamo.
Finalmente, el comunicado llama a la acción ciudadana para impedir que se hipoteque la ciudad para las generaciones futuras. Carlos Quiñónez fue elegido en 2023 para terminar el período municipal, tras la renuncia de Gustavo Rodríguez (ANR-HC), quien enfrenta acusaciones de mala administración y lesión de confianza.
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