Nacionales
Intenso debate sobre «reproducción asistida» y Estado «infértil» en el ámbito de la salud
El proyecto de ley sobre el "Programa Nacional de Reproducción Asistida" generó un intenso debate en Diputados. Se destacó la dificultad para hablar de "inseminación artificial" cuando hay una "infertilidad estructural" y serias deficiencias en Salud Pública. Además, se discutieron aspectos éticos y jurídicos.
Durante una concurrida audiencia, se deliberó sobre el "Programa Nacional de Reproducción Asistida (Probara)" propuesto por diputados como Mauricio Espínola, Hugo Meza, Miguel del Puerto y Carlos María López. El programa busca que el Estado financie tratamientos para parejas con problemas médicos para concebir. El debate se centró en dos puntos: el conflicto jurídico entre el derecho a la vida y el derecho a la familia; y si es apropiado que el Estado invierta recursos en estos tratamientos dados otros problemas en Salud Pública.
Leonor Navarro, de la Universidad Nacional de Asunción, argumentó que la infertilidad no es una prioridad de salud pública en comparación con otros problemas urgentes como enfermedades crónicas o la falta de insumos básicos.
El diputado Espínola defendió la financiación estatal para personas sin recursos, resaltando el derecho constitucional de formar una familia, y abogó por aprobar el proyecto y discutir el presupuesto en la bicameral. También se abordó el tema de la concepción para evitar caer en delitos como el aborto al desechar cigotos. Se planteó diferenciar claramente entre fecundación y gestación respecto a la concepción de la vida, y se pidió prohibir prácticas eugenésicas y experimentación.
Una pareja sospechosa de cometer asaltos en moto fue arrestada en Asunción después de realizar varios robos durante la madrugada del lunes. La Policía consiguió recuperar las pertenencias de las víctimas y decomisar un arma de fuego y cuchillos utilizados en los delitos.
Una pareja de presuntos motociclistas delictivos fue detenida al amanecer de este lunes en el barrio San Carlos de Asunción, tras ser acusada de llevar a cabo varios robos agravados a personas que salían de sus casas rumbo al trabajo. El operativo fue liderado por la Comisaría 12ª.
De acuerdo con el comisario Misael Aguilera, los delincuentes usaban una motocicleta y, armados con un arma de fuego y cuchillos, interceptaban a las personas en diferentes calles del área baja de la capital, despojándolas de celulares, carteras y dinero.
Tras recibir denuncias de las víctimas, la Policía organizó una operación que logró capturar primero a la mujer y luego al hombre que dirigía los robos. Durante el procedimiento se recuperaron los objetos robados y se decomisaron un arma de fuego calibre 22, dos armas blancas de fabricación casera y varios objetos de las víctimas.
Las detenciones se llevaron a cabo cerca del puente Héroes del Chaco, después de un operativo de cierre de accesos en la zona. La moto usada en los robos aún no ha sido encontrada, pero los investigadores siguen tratando de localizarla.
Los detenidos son Juan Ángel Báez Castillo, de 31 años, con varios antecedentes por robo agravado, reducción y exposición al peligro en el tránsito, e Ivón Beatriz Vázquez Figueredo, de 25 años, sin antecedentes. La Policía envió a los arrestados y las evidencias al Ministerio Público para seguir el proceso legal.
La senadora colorada Lizarella Valiente presentó un proyecto para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) entregue informes detallados sobre los ingresos y gastos de campaña del diputado opositor Raúl Benítez. Muchos ven esta acción como una respuesta a las críticas recientes de Benítez hacia Valiente.
El lunes, Valiente, miembro del partido cartista, solicitó al TSJE información completa sobre el financiamiento de la campaña de Benítez en las elecciones de 2023. Este pedido abarca la declaración de ingresos y gastos de campaña, detalles de fondos y donantes, y gastos con identificación de beneficiarios, entre otros aspectos. Valiente argumenta que esto es esencial para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
El motivo tras esta solicitud es que Benítez había señalado en redes sociales que las transferencias millonarias de los bonos G8 a la Municipalidad de Asunción, durante la gestión de Óscar «Nenecho» Rodríguez, coincidieron con las internas partidarias en las que Valiente fue una de las candidatas más votadas.
Benítez escribió en la red social X sugiriendo que la banca de Valiente podría estar siendo pagada en cuotas, lo cual provocó la reacción de esta última.
Como respuesta, Valiente envió una escribana al despacho de Benítez para que confirmara o retractara sus declaraciones. El diputado insistió en que la senadora debe explicar públicamente el manejo de recursos ligados a fondos estatales.
El director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, destacó que fue el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) quien decidió cancelar la licitación para adquirir máquinas de votación. La DNCP solo había solicitado una revisión conforme a la ley.
Encina indicó que la DNCP recomendó al TSJE que retrocediera en el proceso debido a irregularidades en la justificación y cumplimiento de normativas. Según explicó, no incluyeron todas las consultas y respuestas a los oferentes en su informe de evaluación, lo que creó una situación desfavorable para las empresas participantes.
Encina criticó que se aplicaron pruebas técnicas no previstas en el pliego de condiciones, lo cual perjudicó a los oferentes. Añadió que la DNCP no demoró el proceso, ya que el 70% del tiempo lo tuvo el TSJE, y que la DNCP resolvió su parte en solo seis días.
Finalmente, Encina cuestionó que el TSJE optara por cancelar el proceso en lugar de reevaluarlo adecuadamente, sugiriendo que cedieron a presiones políticas, ya que fue su decisión cancelar el proceso.
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