Nacionales
Intendentes paralizan hoy comunas en protesta por plan “Hambre cero”
La gran mayoría de los intendentes de todo el país cierran hoy las puertas de los municipios en desacuerdo con el proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas” que pretende centralizar la gestión del almuerzo escolar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy se prevé una reunión clave con Santiago Peña en Mburuvicha Róga.
Cada día que pasa los intendentes se organizan en sus departamentos para sentar postura contra el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Hambre cero en las escuelas”, que excluye a Asunción, Central y Presidente Hayes de la administración de recursos del almuerzo escolar.
Gran parte de las intendencias cierran hoy sus puertas, como en los departamentos de Paraguarí, Cordillera, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Canindeyú, Misiones, Boquerón, Alto Paraná e Itapúa, entre otros.
Para tratar de poner paños fríos, el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), prevé recibir hoy a las 09:00, en Mburuvicha Róga, a los intendentes de todo el país. En el encuentro, participarán dos jefes municipales por departamento, en representación de las 263 intendencias, informaron ayer fuentes oficiales. También está invitado el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), a pesar de que la capital ya no administra el almuerzo escolar.
Pese a las críticas de intendentes y los gobernadores de Central y Presidente Hayes, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional para su estudio el proyecto de ley “que universaliza equitativamente la alimentación escolar ‘Hambre cero’ y modifica y amplía la Ley Nº 5210/2014 ‘De alimentación escolar y control sanitario’” y sus posteriores modificaciones.
La iniciativa del Ejecutivo deja sin efecto el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para crear el Fondo Nacional de Almuerzo Escolar (Fonae).
Los primeros en sacar un comunicado en contra del proyecto “Hambre cero en las escuelas” fueron los intendentes de Canindeyú, luego se sumaron los de Cordillera. El jueves pasado, la situación subió de tono. Unos 150 intendentes, integrantes de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), rechazaron la centralización de recursos impulsada por el presidente Santiago Peña en su proyecto “Hambre cero”. Exigen seguir administrando el almuerzo escolar.
La Opaci está presidida por Óscar Cabrera, intendente de Guarambaré (ANR- HC). En dicha reunión, los intendentes exteriorizaron posturas muy fuertes en contra del proyecto de ley “Hambre cero”, impulsado por el presidente Santiago Peña.
El dinero, unos US$ 300 millones, será administrado, según el proyecto, por el cuestionado ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas (ANR-HC), quien es actualmente tesorero de la ANR, presidido por el expresidente Horacio Cartes.
Dura proclama
La proclama de los intendentes, difundida el jueves pasado, indica en su primer punto que acompañan la idea de Peña de universalizar el almuerzo escolar para que se entregue durante todo el año lectivo, pero rechazan el intento de centralización de la gestión de los recursos del Estado, salvaguardando lo establecido en el artículo 170 de la Constitución.
Rechazan también de manera contundente la acusación del jefe de Estado, que trató a todos los intendentes de ineficientes y corruptos.
Los jefes municipales piden impulsar todas las acciones necesarias para profundizar el proceso de descentralización de la República y dicen que la centralización de recursos sería un retroceso democrático.
Beto anuncia posible reculada
El presidente del Congreso, senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), informó anoche que el presidente Santiago Peña planteará hoy a los intendentes disconformes modificaciones al proyecto de ley “hambre cero en las escuelas” en lo que respecta a que no se despojarán los recursos destinados del Fonacide y Royalties a los municipios. Dicha revelación la hizo Ovelar en el programa “Mesa con EVP”. Ovelar dijo que la decisión se adoptó en la reunión del presidente Peña con el Comando de Honor Colorado en Mburuvicha Róga.
Fuente: ABC Digital
Nacionales
ANDE esperará los resultados de la auditoría antes de decidir sobre la emisión de bonos
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) aún no tiene una fecha establecida para la emisión de bonos prevista por la ley de presupuesto. Sin embargo, avanza en los preparativos con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presidente de la ANDE, Félix Sosa, señaló que la decisión final se tomará tras concluir una auditoría internacional en curso.
Según Sosa, una vez finalizada esta auditoría, decidirán si emiten en el mercado bursátil local o internacional. Actualmente, la revisión contable está avanzada en un 90%, lo que sugiere que podría concluir en las próximas semanas.
Sosa no descartó ninguna alternativa y mencionó que podría realizarse una colocación combinada en ambos mercados. La ANDE tiene autorización para emitir bonos por un máximo de G. 1,5 billones (más de US$ 190 millones), cifra confirmada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026, enviado al Congreso. Este proyecto prevé emisiones de otras instituciones públicas, superando juntas los US$ 2.000 millones.
El Tesoro planea colocar hasta US$ 1.303 millones, mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) busca obtener US$ 312 millones para fortalecer su capital. La ANDE, por su parte, destinará los fondos a proyectos de inversión en el sistema eléctrico y a cumplir compromisos financieros, respondiendo a una creciente demanda energética en el país.
Sosa explicó que en junio ya trabajaban con el MEF para determinar el mejor momento para salir al mercado, con propuestas específicas para el uso de los recursos. También consideraron emisiones en guaraníes y dólares, según lo permitido por la normativa.
La auditoría, llevada a cabo por Ernst & Young Paraguay, busca alinear los estados contables de la ANDE con estándares internacionales, lo que es crucial para ganar confianza entre posibles inversionistas.
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se presentó el avance del proyecto de ley sobre parques industriales en Paraguay. Esta ley busca planificar zonas específicas, asegurar previsibilidad y fomentar el crecimiento del sector industrial. Se aseguró que empresas y municipios participarán en su desarrollo.
El Viceministro de Industria, Marcos Riquelme, informó a ABC Color sobre una consultoría con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear una ley moderna de parques industriales en la región. Los técnicos del proyecto han analizado leyes de otros países y han visitado parques industriales para redactar una propuesta «supermoderna y pragmática».
Riquelme explicó la importancia de una zonificación adecuada para establecer parques industriales en áreas municipales designadas. Si las ciudades no cuentan con zonificación urbanística, es complejo determinar ubicaciones para estos parques.
El objetivo es dar certidumbre a las industrias en un contexto de crecimiento económico proyectado en 4,4% para este año, lo que podría traducirse en más empleo y expansión urbana.
Riquelme subrayó que la falta de zonificación afecta a los inversores que construyen industrias y luego se ven rodeados de viviendas, lo que representa un riesgo. Además, genera ineficiencias energéticas, complicando la planificación de consumo eléctrico.
El proyecto involucra a diversas entidades y busca ser finalizado este año. Una vez que una zona se declara industrial, no cambiará su uso, impidiendo nuevos desarrollos residenciales. Además, se incentivará a las industrias a trasladarse a zonas industriales con créditos blandos.
El BID y el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) colaboran en la creación del borrador de la ley, que se discutirá con los afectados para llegar a un consenso antes de presentarlo al Congreso.
Finalmente, Riquelme destacó que la falta de parques industriales limita el crecimiento de la industria paraguaya, ya que actualmente no existen debido a la falta de zonificación adecuada.
Durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio Público acusó al exintendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, de abuso de confianza y asociación ilícita por la compra del «detergente de oro». Como máxima autoridad, Rodríguez habría colocado personas de su confianza en puestos clave y permitido un daño de 1.808 millones de guaraníes al municipio. La fiscalía, representada por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostiene que los fondos del gasto 831 no se usaron adecuadamente para la emergencia.
En 2020, Nenecho, como líder municipal, debía manejar los recursos con responsabilidad. Él ubicó a Nidia López y Wilfrido Cáceres en cargos estratégicos. Según el artículo 28 de la Ordenanza N° 608/15, la administración del Fondo Municipal era función del intendente. La acusación alega que no se reguló el uso del fondo de emergencia a tiempo. Las compras supuestamente simuladas entre 2020 y 2021, como la del detergente francés, supusieron un gran perjuicio económico. Ahora, el juez Rodrigo Estigarribia debe fijar fecha para la audiencia preliminar.
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