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Iglesia Católica expresa preocupación por la democracia tras destitución de Kattya González

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Iglesia Católica expresa preocupación por la democracia tras destitución de Kattya González
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La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), la cúpula de la Iglesia Católica en el país, expresó dolor y preocupación por el deterioro de la institucionalidad democrática del país, tras la destitución de la senadora Kattya González mediante una mayoría de votos cartistas en el Congreso Nacional.

Desde la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitieron un comunicado por la pérdida de investidura a la senadora Kattya González, “lo que ha dejado dudas en cuanto al cumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias en el procedimiento realizado”.

En ese sentido, indicaron que observan con dolor un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática de nuestro país que, con sus luces y sus sombras, se ha venido construyendo con esfuerzo en los últimos 35 años.

Asimismo, señalaron la necesidad de conducir las instituciones democráticas de la República con la altura moral y ética, así como la idoneidad de sus miembros y con el respeto de los procesos y procedimientos establecidos en el marco legal vigente.

A su vez, expresaron que si en el cumplimiento de reglamentos se toman decisiones legítimas, esperan que se apliquen con equidad en todos los espacios y en todos los casos, sin privilegios ni consideraciones de intereses particulares o de grupos.

De igual manera, advirtieron que se pone en riesgo y lastima el sistema democrático cuando la lucha por el poder y los intereses de grupos de poder interfieren y se anteponen al bien común y al fortalecimiento de los Poderes del Estado y de los órganos institucionales previstos en la Constitución Nacional.

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“Necesitamos instituciones que aseguren confianza a la ciudadanía, por la integridad, rectitud, honestidad y decencia en la conducta de quienes ejercen la responsabilidad de conducción en los órganos de gobierno”, recalcaron.

Entre tanto, instaron a los que dirigen las instituciones democráticas del país a que recuerden que existen para servir a la Nación, y que el primer servicio es la responsabilidad de velar por la seriedad del uso del poder, observando que las diferencias entre mayorías y minorías no ocasionen daños a la confianza y la legitimidad de sus decisiones.

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“La participación plural, el disenso y el debate respetuoso en la búsqueda de consensos para el bien común, son esenciales a una sociedad democrática”, remarcaron.

También subrayaron que es obligación de todos, especialmente de quienes ocupan cargos electivos, respetar, cumplir y salvaguardar los mandatos de la Carta Magna, y que la República del Paraguay adopta como gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.

Finalmente, reafirmaron que la soberanía reside en el pueblo y que el gobierno es ejercido por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. “La dictadura está fuera de la ley”, recordaron.

Organización civil expresa preocupación por destitución de senadora

Desde el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) expresaron que observan los recientes acontecimientos en el ámbito político y reafirman su compromiso con la defensa de la institucionalidad republicana, a través de los principios fundamentales y universales del debido proceso y la defensa en juicio, pilares indispensables de un Estado de derecho.

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“Es innegable que estos contextos de crispación institucional podrían tener consecuencias significativas para la credibilidad de nuestro país y como somos percibidos por los potenciales inversores”, afirmaron.

A su vez, manifestaron que creen firmemente que el respeto a estos principios es fundamental para garantizar la estabilidad institucional, la previsibilidad y la seguridad jurídica, imprescindibles para el crecimiento económico en un marco de desarrollo sostenible en nuestro país.

“Es imperativo que todos los actores involucrados reflexionen sobre la importancia de fortalecer nuestras instituciones y asegurar procesos claros, transparentes y apegados a las reglas establecidas”, remarcaron.

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¿Quiénes votaron por la expulsión?

El cartismo y sus aliados expulsaron a la senadora Kattya González el miércoles pasado con un total de 23 votos, pisoteando el reglamento del Congreso Nacional que establecía 30 votos para la pérdida de investidura. La reglamentación incluso había sido aprobada por el cartismo y aliados, que ahora optó por no usarla.

Por la expulsión de la senadora Kattya González votaron Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Édgar López y Hermelinda Ortega, quienes fueron expulsados recientemente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por impulsar la medida.

En lo que respecta a los ex de Cruzada Nacional se encuentran Javier Chaqueñito Vera Medina, Zenaida Delgado y Norma Aquino, más conocida como Yami Nal.

Los cartistas que votaron por la destitución de la legisladora son Antonio Barrios, Natalicio Chase, Pedro Pipo Díaz Verón, Juan Carlos Nano Galaverna, Gustavo Leite, Derlis Maidana, Basilio Bachi Núñez, Carlos Núñez, Derlis Osorio, Silvio Beto Ovelar, Ramón Retamozo, Hernán Rivas, Javier Zacarías Irún, Lizarella Valiente y Colym Soroka.

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Los senadores de la oposición, incluyendo Kattya González, se retiraron de la sesión a la hora de la votación. Un total de 15 senadores se ausentaron.

Entretanto, los colorados que respondían a Fuerza Republicana, movimiento del ex presidente de la República Mario Abdo Benítez, se abstuvieron de votar, no sin antes expresar que la medida no correspondía y que podrían apoyar en todo caso una sanción a la parlamentaria.

Fuente: Última Hora

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Petropar afirma «confidencialidad bancaria» para no revelar morosidad de operadores, algunos políticos

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Petropar afirma «confidencialidad bancaria» para no revelar morosidad de operadores, algunos políticos
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El jueves pasado, el presidente de Petropar, Eddie Jara, presentó su presupuesto 2026 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto del Congreso. En la reunión se plantearon críticas sobre la transparencia de la estatal, especialmente por la gran deuda de los operadores de estaciones de servicio, muchos de ellos con conexiones políticas.

Según el balance de la empresa, la deuda de los operadores asciende a 33 millones de dólares hasta diciembre de 2024. Sin embargo, cuando los legisladores pidieron un informe detallado de los deudores, Petropar solo proporcionó información general.

El diputado Raúl Ramírez criticó esta falta de claridad, preguntando quiénes son los deudores, si todavía están operando normalmente y recibiendo combustible.

Jara respondió invocando un supuesto “secreto bancario” en los contratos, mencionando que divulgar información podría llevar a demandas a menos que sea por requerimiento judicial.

Jara también afirmó que las deudas están respaldadas por garantías reales, como hipotecas y avales. En caso de morosidad permanente, se activan estas garantías o se transfiere la estación a otro operador. Dijo que el 90% de las líneas de crédito están cubiertas por estas garantías.

Mencionó también el caso de Fusión Pilar SA, ligada al vicepresidente Pedro Alliana, que tenía un crédito mensual con un simple pagaré como garantía. No se sabe si la estación de Alliana fue exigida como garantía.

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La diputada Rocío Vallejo criticó el modelo de negocio que permite a las estaciones financiarse con Petropar sin pagar puntualmente, además del fuerte gasto en publicidad de la empresa.

Jara afirmó que la morosidad es solo del 5% del total vendido y defendió la estrategia de marketing como necesaria para el posicionamiento de marca, comparándose con emblemas internacionales que invierten mucho más.

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Vallejo insistió en la falta de transparencia, argumentando que la estatal debería ser más estricta con los deudores al tratarse de recursos públicos.

Jara aclaró que no todas las ventas son al contado ya que la alta competencia obliga a vender a crédito, y defendió las políticas de precios de Petropar que han incrementado su participación en el mercado.

El debate dejó claro que Petropar utiliza cláusulas contractuales para no revelar la lista de morosos, muchos de los cuales son políticos, lo que sugiere una falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

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Juez paraguayo asegura que la democracia depende de una prensa libre

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Juez paraguayo asegura que la democracia depende de una prensa libre
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Sure, here’s a rephrased version:


– ¿Qué opinas de las sesiones plenarias presenciales de la Corte Interamericana en Paraguay, siendo la tercera en dos décadas?

  • Gracias por la entrevista. La experiencia fue muy positiva. La sesión fue intensa y productiva, con una agenda cargada. Realizamos tres audiencias públicas y una privada, además de visitas protocolares con diversas autoridades. La Presidenta, doctora Nancy Hernández, firmó convenios de cooperación y visitó varias instituciones. Los jueces tuvieron diálogos con autoridades locales y se estableció un valioso espacio de diálogo con la sociedad civil. También organizamos un seminario académico en la Universidad Nacional de Asunción para divulgar el trabajo de la Corte IDH. Visitamos el Museo de la Memoria con el Dr. José Agustín Fernández y su equipo, lo que fue significativo. Aunque no participé, se realizaron audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias contra el Estado paraguayo, fundamentales para medir los avances necesarios para el pleno cumplimiento de las sentencias. Agradezco a todos en este maravilloso país por hacer sentir bien a nuestros invitados internacionales.

– ¿Puede explicar por qué la Corte IDH no actúa como una cuarta instancia?

  • Claro, es una pregunta crucial. A menudo se malinterpreta el rol del sistema internacional de derechos humanos. La Corte Interamericana no es un tribunal de apelación para decisiones de tribunales nacionales. Su función es determinar si un Estado ha violado artículos de la Convención Americana u otros tratados del Sistema. Generalmente, las violaciones se relacionan con los artículos 8 y 25, sobre las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte IDH puede señalar si hubo fallos en respetar el debido proceso o el acceso a un recurso efectivo, pero el sistema es subsidiario, complementario y coadyuvante. Esto significa que se deben agotar primero las instancias internas. Si un caso pasa a la Corte IDH, evalúa la responsabilidad del Estado y puede ordenar reparaciones para las víctimas de violaciones. La Corte no se encarga de resolver desacuerdos sobre la valoración de prueba o aplicación del derecho interno, a menos que afecten obligaciones internacionales en derechos humanos.
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– ¿Cuándo se puede acudir a la Corte IDH?

  • Como mencioné, primero se deben agotar las instancias internas. Si estos mecanismos fallan, se puede recurrir a la Comisión Interamericana. Si no se encuentra solución allí, la Comisión puede remitir el caso a la Corte IDH. Es un proceso que lleva tiempo y ha recibido críticas. Debemos abordarlo colectivamente, involucrando órganos políticos de la OEA, y todas las partes interesadas como Estados, academia, sociedad civil, víctimas, etc. Lo ideal sería seguir mejorando el Sistema en lugar de solo criticarlo.

– ¿Qué piensa sobre la situación de la democracia en Latinoamérica?

  • Me preocupa el retroceso democrático global y regional. En varios países es evidente. Los índices internacionales muestran claramente esta tendencia. La democracia representativa tradicional está en crisis. Proyectos autoritarios intentan reemplazar este modelo, lo que es inaceptable para mí. Hay un paralelismo con la deslegitimación de democracias en Europa a principios del siglo XX. La lucha ocurre en la política y en el ámbito de las ideas, y podría llevar a una catástrofe como la pasada. La Corte IDH tiene un gran desafío, dependiendo de la cooperación de los Estados y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En contextos autoritarios, la Corte podría enfrentar tensiones con democracias y estados que desacaten sus decisiones. A pesar de esto, debe actuar como barrera para evitar retrocesos. Un tribunal internacional puede apoyar los valores de una democracia abierta y respetuosa de derechos, pero necesita el apoyo de una ciudadanía comprometida.
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– ¿Cómo ve la situación actual de los derechos humanos en la región?

  • El Sistema Interamericano siempre ha enfrentado problemas. Antes fueron las dictaduras militares; hoy es la violencia y discriminación contra mujeres y otros grupos, desigualdad social, pobreza, corrupción y su impacto en derechos. También enfrentamos desafíos como la emergencia climática, el auge del neotoditarianismo y cómo las nuevas tecnologías afectan los derechos. La Corte IDH debe proteger la dignidad humana frente a estos desafíos.

– ¿Cuál es el papel de la prensa en las sociedades latinoamericanas?

  • La prensa es fundamental en una democracia. La Corte IDH la llama "piedra angular" de una sociedad democrática. Sin prensa libre no hay democracia. La Corte defiende la libertad de expresión y prensa, contribuyendo al control y transparencia estatal, y permite una participación ciudadana más activa. La libertad de prensa se debe proteger porque es esencial para las libertades públicas. Modelos neoautoritarianos tienden a atacar la libertad de prensa y judicial, pilares de nuestras democracias.

– ¿Qué opina sobre las amenazas a periodistas?

  • Es preocupante y nos lo tomamos en serio en la Corte IDH. Hemos desarrollado jurisprudencia para proteger a los periodistas, vinculada a la libertad de expresión en el artículo 13 de la Convención. Intentamos garantizar seguridad para que desempeñen su rol informativo y proteger sus derechos de vida e integridad. Los Estados deben ofrecer especial protección a periodistas en riesgo. Las reglas del juego democrático implican que los políticos acepten el escrutinio público, indispensable para sociedades más justas que respeten la dignidad humana.
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Perfil del Dr. Diego Moreno

Diego Moreno Rodríguez Alcalá es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Master en Derecho por la Universidad Columbia de Nueva York. Es abogado, graduado con honores de la Universidad Católica de Asunción. Cuenta con más de 20 años de experiencia en academia, función pública internacional y práctica profesional.

Ha sido profesor en diversas universidades e institutos y ha publicado extensamente en materia de justicia constitucional y derechos humanos. Con experiencia en el Sistema Interamericano, trabajó más de seis años en el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Fue electo Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2024 para el período 2025-2030. También fue Oficial Jurídico en la OEA, asesorando en temas de derecho internacional y derechos humanos, participando en procesos de elaboración de convenciones contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia.

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El MEC desestimó a oferentes que alertaban sobre una licitación manipulada

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El MEC desestimó a oferentes que alertaban sobre una licitación manipulada
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El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibió observaciones de posibles oferentes que señalaron un posible sesgo en la licitación para la impresión de libros. Antes de la apertura de sobres, solicitaron cambios en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), pero el ministerio no hizo caso y mantuvo criterios de selección poco usuales, como donaciones y voluntariados.

Los documentos de la licitación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la impresión de libros revelan múltiples advertencias sobre un posible direccionamiento. Estas advertencias llegaron al ministerio antes de la apertura de sobres, pero no se consideraron.

Información del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indica que varios posibles oferentes pidieron cambios urgentes en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) durante el periodo de consultas.

El ministro de Educación y Ciencias Luis Fernando Ramírez.

Sistema de puntajes inalcanzable

En la consulta N° 2 se cuestionó la arbitrariedad de uno de los parámetros de la convocatoria, denominado “Otros Criterios que la Convocante Requiera”.

“Quisiera saber por qué incluyen los ‘Otros Criterios que la Convocante Requiera’ en las páginas 15 y 16 del Pliego. El sistema de puntajes es inalcanzable para las Pequeñas y Medianas Empresas, así como la Certificación ISO 9001/2015 o similares. Podrían volver a criterios de evaluación como precio e infraestructura, como antes”, se reclamó.

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El MEC respondió: “Los criterios de evaluación por multiplicidad de criterios se ajustan a la Ley 7021, que promueve la selección de ofertas basándose en criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica para determinar la mejor relación costo-beneficio. Por lo tanto, se mantiene el método de evaluación por multiplicidad de criterios”.

María José Carrillo de Lezcano, directora de Contrataciones del MEC.
María José Carrillo de Lezcano, directora de Contrataciones del MEC.

Exclusión de Pymes

La consulta N° 3 también criticó este ítem, mencionando la exclusión de las pymes y añadió una denuncia: “Solicito se eliminen los puntos discutidos y se restablezca el mecanismo habitual de evaluación de ofertas. Con lo señalado en el PBC sólo se evidencia un direccionamiento de la convocatoria (…)”. El ministerio respondió lo mismo que a la consulta 2.

En la consulta N° 5 se pidió eliminar estos criterios de las páginas 15 y 16, explicando cómo afectan a las Pymes que no están en igualdad de condiciones para cumplir estos requerimientos. Y concluyó: “Posponer esta forma de adjudicación permitirá no discriminar a ningún licitador. Estamos seguros que no se comprometerá el producto final solicitado”.

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El MEC respondió lo mismo que en anteriores ocasiones, sin justificar técnicamente el motivo del cambio en su sistema de evaluación para este llamado.

Herman Weisensee, asesor de Luis Ramírez. Supuestamente tuvo injerencia en la polémica licitación.
Herman Weisensee, asesor de Luis Ramírez. Supuestamente tuvo injerencia en la polémica licitación.

Mayor peso a la beneficencia que al precio

Finalmente, el ministerio valoró más criterios como “sostenibilidad social”, “responsabilidad social” y “cultura organizacional” que el precio. Ante la consulta sobre estos criterios, el ministro Luis Ramírez explicó: “Experiencia en programas de voluntariado, donaciones, apoyo a instituciones de beneficencia, cooperación, trabajo con el entorno y medio ambiente».

Sin embargo, aunque el MEC promociona este nuevo sistema de evaluación como óptimo para el Estado, terminará pagando US$ 1 millón más, ya que eligió ofertas más costosas al dar más importancia a criterios “sociales” (como donaciones) que al “precio bajo”. Tampoco tuvo en cuenta la experiencia ni capacidad técnica o financiera de las empresas oferentes.

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La licitación está impugnada ante la DNCP y suspendida mientras se revisa la protesta de un oferente.


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